viernes, 17 de octubre de 2014

El Supremo eleva el plazo de prescripción de las preferentes de cuatro a quince años


15/10/2014 (05:00)

El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias que fijan los criterios que aplicará cuando el grueso de las demandas por la colocación de preferentes a minoristas llegue a su ámbito. El primero de ellos es que la prescripción de estos contratos no se produce a los cuatro años, como sostienen las entidades, algunos tribunales inferiores y numerosos abogados, sino a los 15; ahora bien, la aplicación de este plazo depende de cómo se hayan planteado las demandas, por lo que no todos los afectados se beneficiarán del mismo. El segundo es que el hecho de que las preferentes fueran perpetuas no anula su comercialización. Finalmente, el Alto Tribunal dicta que no se puede alegar desconocimiento en el caso de inversores con elevados patrimonios y otros productos de riesgo en sus carteras.

Las dos sentencias se refieren a la comercialización de preferentes de bancos extranjeros por BNP Paribas, y ambas tienen como ponente al magistrado Ignacio Sancho Gargallo; una de ellas falla en contra de la entidad francesa y la otra a favor. La primera basa su decisión favorable en favor de un cliente que invirtió 100.000 euros en preferentes del alemán IKB en el plazo de prescripción. Hasta ahora, se estimaba que este plazo era de cuatro años y así lo ratificó una sentencia de un juzgado de Barcelona en 2013, lo cual sembró la alarma entre los afectados por la mayor colocación de la historia –la de 3.000 millones de Caja Madrid de mayo de 2009–, ya que debían demandar antes de mayo del año pasado si querían evitar la prescripción.

Sin embargo, el Supremo desmonta esta creencia y eleva ese plazo al genérico de 15 años que establece el Código Civil. El argumento del Alto Tribunal es que, en el caso juzgado, no estamos ante una nulidad del contrato por vicio del consentimiento (error, dolo o falsedad), que es lo que prescribe a los cuatro años, sino de incumplimiento de contrato, algo que no está sujeto a ese plazo. ¿Y por qué es un incumplimiento? Porque BNP "se apartó de las instrucciones o indicaciones dadas por la demandante", ya que "invirtió el capital de la demandante en un producto que no encajaba con lo que ésta quería y había pedido", que era una inversión sin riesgos y a plazo fijo (cuatro años, según la informaron).

El logo de BNP Paribas en un edificio de París. (Reuters)El logo de BNP Paribas en un edificio de París. (Reuters)

Esta situación que describe la sentencia resulta claramente aplicable a muchos de los afectados por las preferentes de las cajas de ahorros rescatadas en España, puesto que normalmente no solicitaron comprar preferentes, sino un producto sin riesgo y con plazo de vencimiento; de hecho, en numerosas ocasiones se vendieron como alternativas más rentables a un depósito. La calificación de incumplimiento parte de que la clienta no era una inversora experta y su patrimonio no era elevado (100.000 euros), por lo que confió en el consejo del asesor de BNP.

Ahora bien, la clave está en que el abogado de esta afectada solicitó el incumplimiento, no la nulidad del contrato. Según reconoce la sentencia, si no se solicita la nulidad, no aplica el plazo de prescripción de la misma. En cambio, todos aquellos afectados cuyos abogados hayan solicitado la nulidad por vicio del consentimiento en la demanda sí están sujetos a este límite. En consecuencia, si demandaron una vez transcurridos cuatro años desde la compra de las preferentes, el Supremo no les dará la razón, de acuerdo con esta sentencia.

Tampoco son todo buenas noticias para los afectados. El Supremo tira de las orejas al abogado de BNP por no oponerse al incumplimiento: "El recurrente podría haber cuestionado si procedía la resolución del contrato, esto es, en la medida en que, siempre con un estricto respeto de los hechos acreditados en la instancia, pudiera apreciarse la infracción de las normas legales que regulan la resolución por incumplimiento y la jurisprudencia que las interpreta, pero no se ha hecho". Esto da una pista clara a todas las entidades para su defensa en estos casos: si el cliente pide incumplimiento, no deben argumentar que lo que se aplica es la nulidad, sino explicar por qué no es procedente estimar dicho incumplimiento.

El carácter perpetuo no anula la venta
En la otra sentencia, la que da la razón a BNP Paribas en un caso de preferentes de bancos islandeses, aparecen otros dos criterios muy relevantes para los casos de las preferentes españolas. Uno de ellos es que no se puede considerar el hecho de que las preferentes sean perpetuas como un motivo para la nulidad de su venta. "Desde el momento en que el legislador ha previsto la existencia de las participaciones preferentes, como parte de los recursos propios de una entidad de crédito, siempre y cuando cumplan una serie de características (...), resulta muy difícil calificar la comercialización de participaciones preferentes como nula de pleno derecho por ser contraria al orden público", argumenta el Tribunal. 

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE)El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE)

En este sentido, añade que "este régimen legalmente previsto para la emisión de participaciones preferentes, en el que destaca la perpetuidad, constituye una excepción a la reseñada prohibición jurisprudencial [prohibición genérica de celebrar contratos perpetuos], que impide pueda sancionarse su comercialización con la nulidad". De hecho, el Supremo reconoce que esa perpetuidad se configura como una garantía de la estabilidad de los fondos propios de una entidad, y en eso se asemejan al capital. Y concluye que " en cualquier caso, como le ocurre a los socios, carece de un derecho frente a la sociedad para que le devuelva el importe de sus participaciones".

Los grandes inversores lo tienen crudo
El tercer criterio que establecen estas sentencias es la distinción entre inversores cualificados y no cualificados, algo que ratifica la actuación mayoritaria de los tribunales inferiores. Así, en el primer caso es clave que la clienta invirtió 100.000 euros (que eran todos sus ahorros) y que carecía de formación financiera y de experiencia inversora. Por el contrario, el otro caso se refiere a la conocida galerista Soledad Lorenzo, quien invirtió 2 millones de euros, tenía conocimientos financieros, operaba siempre a través de un asesor financiero personal y había contratado con anterioridad otros productos de riesgo.

Estas circunstancias anulan incluso una información deficiente por parte de la entidad, ya que "la imputación a BNP de no haber entregado el folleto informativo de emisión (...) carece de relevancia en este caso respecto de la pretensión ejercitada de nulidad por error vicio, pues por su experiencia en la contratación de estos productos financieros y su perfil de inversora de riesgo la Sra. Lorenzo no podía dejar de conocer los riesgos asociados a la compra de aquellas acciones preferentes". En todo caso, se refiere a una operación anterior a la entrada en vigor de la directiva MiFID en 2008, que eleva la protección del cliente bancario. 

En relación con esta norma, el Supremo ya se pronunció en febrero sobre la polémica de los test de idoneidad que esta norma obliga a rellenar para cada cliente. En este caso, lo relevante es si la entidad cumplió o no esa obligación (es decir, si no hubo test, gana el cliente). Pero si el afectado alega que le dieron el test ya rellenado, como hacen muchos, debe probarlo él, no la entidad; y si no lo puede probar, no se le puede dar la razón.

FUENTE: www.elconfidencial.com

 

Los juzgados de Zamora tienen un pleito por preferentes al día hasta principios de 2015

Los afectados aseguran que la escasez de abogados de la entidad, solo dos bufetes, retrasa la celebración de vistas

Los juicios por la venta de participaciones preferentes de Caja España-Duero a los zamoranos se han convertido en el principal foco de actividad de los juzgados zamoranos. De hecho, según confirma José Luis Redondo, presidente de la Plataforma de Afectados por las Participaciones Preferentes de Caja España-Duero en Zamora, los juzgados de Zamora "tienen prácticamente un caso de preferentes al día hasta principios del año que viene". La plataforma asegura que "los afectados se cuenta por miles" y que "después del boom de hace un año y medio", ha ido saliendo a la luz un incesante goteo de zamoranos afectados por la mala comercialización de estos productos tóxicos. 

Los juicios "van muy lentos, los juzgados están saturados", asegura Redondo. La plataforma "culpa" de esta situación a la escasez de abogados que la entidad tiene para defenderla en los juicios. Así las cosas, según los datos del colectivo de perjudicados por la venta de híbridos, "Caja España tiene en Zamora solo dos bufetes para defenderla en todos los pleitos". Esta situación "lastra" la celebración de vistas por la venta de preferentes "hasta el punto de que hay personas que presentaron sus casos hace meses y que todavía no han visto de celebrarse ni siquiera la vista previa", trámite que se realiza semanas antes del juicio. 

"Los jueces apremian pero los abogados no pueden ir más rápido", insisten desde la plataforma, organización que también asegura que "hay juicios por preferentes en muchos de los juzgados de Zamora". 

En otro orden de cosas, la plataforma asegura que "de momento se están ganando casi el cien por cien de los casos", algo que a su juicio confirma "los malos usos de Caja España-Duero cuando nos vendió las preferentes y las obligaciones subordinadas a clientes que no teníamos los conocimientos necesarios". 

Las plataformas de afectados aseguran que Caja España "demora el cumplimiento de las sentencias hasta lo máximo que se les permite", aunque "siempre paga, eso sí, uno o dos días antes de que cumpla la sentencia". El colectivo afirma además que algunas de las sentencias se solucionan en la vista previa, lo que hace innecesario llegar al juicio oral. "En algunos casos salta a la vista que se ha tratado de un engaño pese a las excusas que ponen los abogados y los trabajadores" de la caja, razón por la que el juez "falla a nuestro favor, pues las pruebas son evidentes".

FUENTE: www.laopiniondezamora.es 




Caja España deberá devolver un millón de euros a un cliente de Valladolid

  • El Juzgado de Primera Instancia declara nulo un contrato de deuda subordinada porque no se informó de los riesgos de la operación

    El Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Valladolid ha declarado nula la venta de obligaciones subordinadas a un cliente vallisoletano y condena a la antigua Caja España (hoy Banco Ceiss) a devolver los 1,051 millones de euros invertidos y al abono de las costas. El demandante adquirió en febrero de 2011 obligaciones subordinadas por algo más de un millón de euros en una oficina de Caja España situada en el Paseo de Zorrilla de Valladolid. En el momento de invertir en este producto, según los hechos probados de la sentencia, el cliente no fue informado de los riesgo de la operación, ni se le comunicó que se trataba de un producto de duración indeterminada, ni que el abono de los intereses estaba supeditado a la obtención de beneficios por parte de la entidad. Se le indicó que existía un mercado interno en la propia caja en el que el cliente podría vender sus obligaciones si necesitaba recuperar su inversión.

    En febrero de 2013, Caja España dejó de abonar los intereses y el cliente tampoco pudo vender los títulos en el mercado interno de la entidad, porque había sido cerrado. En mayo de 2013, las obligaciones subordinadas y participaciones preferentes se amortizaron de forma obligatoria por orden del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), por lo que el demandante recibió por sus productos 900.000 euros en bonos convertibles de Banco Ceiss. Como consecuencia de todo ello, el cliente «se vio imposibilitado para recuperar su inversión y dejó de percibir los rendimientos pactados», que hasta ese momento ascendían a algo más de 187.000 euros.

    Entre deuda y acciones

    La sentencia califica la deuda subordinada como un producto «complejo y de alto riesgo», híbrido entre la deuda y las acciones. «Aunque computa como fondos propios, no es sino un bono con la característica de ser el último en la lista de acreedores», explica Juan Ignacio Navas, socio director de Navas Cusí, despacho que ha llevado la demanda.
    La sentencia considera que Caja España no hizo una correcta valoración de los riesgos y por lo tanto no pudo informar de los riesgos de la operación. Ni se informó de los mismos, ni de su carácter perpetuo ni de que la liquidez estaba condicionada a la existencia del mercado interno. «Se vendió como plazo fijo lo que era un producto altamente especulativo», afirma Navas.

    Así lo estima el juez que considera además que la entidad no cumplió con sus obligaciones legales. Sí realizó el test de conveniencia, pero no el de idoneidad, requisito legal obligatorio cuando existe una labor de asesoramiento. «Si bien se pudo cumplir con la legalidad, no hubo un análisis real de los riesgos y del conocimiento del cliente», señala el fallo, que añade que no se velaron por los intereses del cliente como si fueran propios como manda la ley.

    La sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación, concluye que el error fue sustancial y excusable por lo que estima el vicio del consentimiento alegado por el cliente y anula el contrato. De esta forma, Caja España deberá reintegrar al demandante la cantidad de 1.051.000 euros más los intereses correspondientes, mientras que el cliente tiene que devolver a la caja los bonos convertibles por valor de 900.000 euros que Banco Ceiss le entregó en sustitución de las obligaciones subordinadas, así como los 187.001,54 euros de intereses percibidos.

    Ratios de capital

    «Afortunadamente la justicia existe. Es lenta, pero inexorable y coloca a cada uno en su sitio», afirma Navas, quien además considera que las entidades han comercializado las subordinadas incurriendo en un conflicto de intereses. «Las subordinadas se colocaron para mejorar los ratos de capital de las entidades, principalmente las cajas de ahorros, que tenían problemas de solvencia. Un objetivo aceptable, pero incompatible y contradictorio con velar por los intereses del cliente como si fueran propios», concluye Juan Ignacio Navas.

    FUENTE: www.elnortedecastilla.es

Trato de favor con Lagartos que recibirá 400.000 euros de más al prejubilarse

Ignacio Lagartos, director general de Caja España, en una imagen de archivo. | ICALIgnacio Lagartos, director general de Caja España, en una imagen de archivo. | ICAL
  • No lleva los 10 años exigidos a la plantilla en el pacto laboral
  • Obtendrá 1,22 millones pese a que su contrato blindado fija 800.000
J. Luis F. del Corral | Valladolid

En Caja España hay dos varas de medir, una para los trabajadores y otra para los directivos. De hecho sus dos primeros espadas, Ignacio Lagartos y Javier Ajenjo, han recibido un trato privilegiado en su último consejo de administración. Al director general, Ignacio Lagartosle ha regalado más de 400.000 euros. Le correspondía una indemnización de unos 800.000 euros en caso de cese y recibirá 1,22 millones de euros en concepto de prejubilación voluntaria.

Lagartos ha recibido un trato de favor respecto a los trabajadores para beneficiarse de esta potente jubilación. La trampa legal que ha autorizado el consejo ha sido eximirle de la condición de llevar 10 años en la entidad. El pacto laboral no permite las prejubilaciones con el 80% del sueldo a quienes lleven menos de 10 años trabajando en Caja España, lo que supone unas condiciones ventajosas para el actual director general.

"Podrán acogerse voluntariamente a la medida de prejubilación los trabajadores que a 31 de diciembre de 2009 tuvieran cumplidos 55 años de edad y una antigüedad acreditada en la Caja de 10 años a esa misma fecha", reza la cláusula del pacto laboral, que fija retribuciones brutas anuales del 80% ó 90%, según tengan planes de pensiones o no.

"Nos hemos saltado esa cláusula con Lagartos para reconocerle el trabajo de estos años", declaró a este periódico uno de los trece consejeros que votaron el jueves a favor de esta excepción. Otros cuatro, la mayoría del PP o afines, votaron en contra.

Ignacio Lagartos fue nombrado director general de Caja España por unanimidad en un consejo celebrado en diciembre de 2003, momento en el que tenía 51 años. Este órgano acordó un blindaje de dos años de sueldo y siete días por año trabajado en caso de despido, lo que equivaldría a unos 800.000 euros, según fuentes cercanas al directivo.

Ni Lagartos ni una gran mayoría del consejo de administración querían el despido del director general en el momento de la fusión con Caja Duero, pese a que ha estado apartado del proceso por desacuerdos internos con su gestión. Tampoco aceptaban que continuara en la entidad fusionada con otras funciones.

Optaron por una salida intermedia que tiene un coste adicional para la ‘supercaja’ de 400.000 euros, con un pretendido trato similar a los trabajadores que no es tal.
Los defensores de la prejubilación ‘dorada’ de Lagartos justifican este trato de favor porque en caso de cese el directivo no se beneficiaría de la ventaja que los trabajadores obtuvieron con el pacto laboral en el sentido de que no haya medidas traumáticas (despidos).

La medida con Lagartos se produjo en el mismo consejo en que se autorizó la consolidación de las primas variables a Javier Ajenjo, lo que ha provocado malestar en Caja Duero. El consejo de la entidad salmantina celebrado el pasado viernes en Soria abordó este asunto de forma extraoficial, y calificó de "desleal" a los consejeros de Caja España que respaldaron este acuerdo, ya que desde la fusión, el pasado 5 de junio, se acordó no tomar decisiones que comprometieran a la nueva entidad.
 
FUENTE: www.elmundo.es

Abanca comienza a recomprar las preferentes que tenían los empleados y sus familiares

Hay 2.000 afectados en el entorno del banco por ese producto

El problema de las preferentes y la deuda subordinada en Galicia es pasado ya para casi todos los afectados. Pero hay un grupo de damnificados que no han hecho ruido, no se han manifestado y tampoco han podido recuperar su dinero a través de la justicia o del arbitraje: los empleados y sus familiares. Solo en Abanca (la antigua Novagalicia), según cálculos de los sindicatos, hay unos 2.000 trabajadores y familiares en esa situación. Compraron en su día este tipo de productos complejos como señal de confianza en la entidad y para dar ejemplo ante otros clientes.

Ahora, encauzado el problema precisamente con los afectados minoristas -se ha llegado a un acuerdo con un gran mayoría de preferentistas, y casi todas las plataformas de afectados se han disuelto-, llega el turno de afrontar el caso de los empleados. En junio, Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco (el dueño de Abanca) anunció a la plantilla, en una convención en A Coruña, que se les daría respuesta a ellos y a sus cercanos en los meses siguientes. Según distintas fuentes entre los trabajadores, ese proceso ya está en marcha y se han empezado a recomprar esas preferentes (ahora convertidas en acciones), mirando caso a caso, de forma individual, llamando a cada empleado y ofreciendo una cantidad concreta. No hay una cifra aproximada ni del dinero desembolsado (que cubre el FROB, porque así quedó estipulado en la subasta de Novagalicia) ni del número de beneficiados. Pero se sabe que una buena parte de la plantilla ha resuelto al fin su situación. No se ha podido precisar el criterio para ir llamando a los empleados.

Tema en la junta
La crisis de las preferentes, pese a estar ya bastante encauzada, sigue estando sobre la mesa de los directivos de Abanca. Y por si se olvidaban, Adicae se encargó ayer de refrescarles la memoria. En la junta extraordinaria en la que se abordaba la absorción del Etcheverría, una portavoz de esa organización de consumidores recordó a la cúpula del banco que quedan «miles de clientes por resolver» y que el problema no se ha acabado. La junta le respondió que desde que entró Banesco, más del 90?% de los casos han terminado favorablemente para esos usuarios minoristas.
 
FUENTE: www.lavozdegalicia.es

 

Nos toman por tontos

Una de las razones ocultas que llevaron a los directivos y a los miembros del Consejo de Administración de Caja Duero a rendirse en la fusión con Caja España era que la operación suponía eludir la amenaza de duras inspecciones del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador más nefasto de cuantos han pasado por el bello edificio de la Plaza Cibeles, presionó a los Fermoso, Lucas, Martín Mesonero, García Monge y compañeros mártires, con tirar de la manta de sus muchas tropelías si no aceptaban entregar la caja salmantina a la leonesa. 

La fusión suponía amontonar papeles sobre los papeles comprometedores y la posterior absorción por Unicaja acabó de enterrar en el fondo de la montaña la mayoría de los expedientes que podrían dar con sus huesos en la cárcel.

A los tribunales solo han llegado por ahora dos entre varias decenas de operaciones de la ´etapa Fermoso´ con fuerte olor a corrupción: el ´caso Nozar´, centrado en una empresa que no podía devolver los 120 millones de euros que debía a la caja y a la que la entidad entonces salmantina compró un edificio por encima de su precio y le concedió otro préstamo de 34 millones, con lo cual el agujero pasó a ser de 210 millones; y el ´caso preferentes", con los mismos protagonistas y un engaño masivo como telón de fondo. Ambos procesos circulan a velocidad de burro con reúma por los atascados pasillos judiciales y las sentencias no verán la luz en años.

Aunque el reinado de Fermoso se caracterizó por el derroche, la prodigalidad y el asalto sistemático a los fondos de una entidad entonces exuberante, no sabemos si los directivos y los consejeros disfrutaban de ´tarjetas negras´ como las de Cajamadrid. ¡Desconocemos tantos detalles de los manejos y de los peculiares mecanismos de compras y concesión de créditos que permitieron al neurólogo y sus compañeros de viaje (de muchos y lujosos viajes) arruinar Caja Duero en pocos años de vampirizarla! Si no disfrutaron de ´tarjetas B´ fue seguramente porque no las necesitaban para llevar un tren de vida acorde con su estatus de banqueros ricos o bien porque encontraron algún otro método para que la entidad sufragara sus caprichos sin recurrir a la Visa, que siempre deja huellas.

FUENTE: www.lagacetadezalamanca.es

Un consejero de Caja España reconoce la existencia de tarjetas como las de Bankia

Zamoranos que han ostentado altos cargos en los órganos de la entidad aseguran sin embargo que nunca han tenido canales de crédito similares

La posible existencia de tarjetas de crédito opacas en las cajas de ahorros de la región con un modelo similar al destapado en Bankia (antigua Caja Madrid) se mueve aún en el terreno de la indefinición. Un exconsejero de Caja España, Miguel Ángel Álvarez, ha reconocido la existencia de "este tipo de tarjetas", pero asegura que no se trataba de ningún tipo de medio para obtener sobresueldos o poder realizar gastos sin justificar. Zamoranos que han ocupado puestos relevantes en los órganos de dirección de la misma entidad, sin poder asegurar rotundamente si algún consejero relevante podía tener algo similar (como el presidente o los vicepresidentes), sí aseguran que ellos ni tuvieron tarjetas ni conocen a nadie que las disfrutara. 

El mencionado Miguel Ángel Álvarez dice que la tarjeta que él tenía "la utilicé para gastos muy normales dentro de mi actividad en la caja y en su momento la devolví al no darle uso". Defiende, no obstante, que no hay "nada que esconder", ya que no se trataba de ningún medio de pago opaco. 

El exalcalde de Zamora y actual diputado nacional Antonio Vázquez, que llegó a ser vicepresidente primero del consejo y presidente de la Comisión de Control, asegura que él nunca tuvo tarjetas para gastos, y mucho menos de las utilizadas en Caja Madrid, opacas o fantasma". Asegura que tampoco era una práctica habitual en el sector bancario, al menos en su época e incluso en su etapa de director general de una entidad (Caja Rural de Ávila) llegó a tener semejante instrumento. Asegura que en Caja España todos los meses "te abonaban los gastos" ocasionados con motivo del cargo, y esa era la manera de funcionar. "Desconozco si a lo mejor el presidente del Consejo de Administración o algún alto directivo podía tener alguna tarjeta para gastos", pero nunca oyó hablar de ellas. 

En la misma línea se pronuncian otras personas vinculadas a Caja España y Caja Duero consultadas por este diario: nadie vio nada, aunque tampoco pueden afirmar de forma categórica que no existieran. 

Desde la Plataforma de Afectados por las Preferentes su presidente, José Luis Redondo, cree que ha habido una época en la cual en las entidades de ahorro "se ha robado a manos llenas", como demuestran tanto en escándalo de las preferentes o el que ha salido ahora con las tarjetas de Bankia: "Si los 24.000 millones de euros de rescate a esta entidad dijéramos que equivalen a cuatro billones de pesetas, saldría todo el mundo a la calle a protestar". Redondo asegura no tener datos para afirmar si las tarjetas opacas existían en el caso de Caja España o Caja Duero y en caso afirmativo, si eran utilizadas por los miembros del Consejo de Administración de forma fraudulenta. 

En estos momentos está en investigación una denuncia presentada contra la cúpula de Caja España Duero, hoy integradas en Banco Ceiss.
 

FUENTE: www.laopiniondezamora.es