Pierda cuidado Gumer, el “alter ego” del compañero Félix
Lázaro, que, por mucha que sea la conjunción de intereses en echar
tierra al asunto y pasar página como sea, en este blog no vamos a cejar
en nuestro propósito de exigir todas las responsabilidades penales y
políticas contraídas por quienes han perpetrado o consentido el expolio
de las antiguas cajas de ahorro de Castilla y León.
Simplemente con lo que sabemos hasta ahora, que
obviamente no es todo, no se comprende que en un Estado que se precia de
“social y democrático de Derecho” casi ningún responsable de presuntos
delitos como los de administración desleal, malversación o maquinación
para alterar el precio de las cosas, haya sido requerido a estas alturas
por la Justicia. No es solo que la maquinaria judicial no haya actuado
de oficio ante un expolio público y notorio. Es que, salvo en lo
referido a la estafa de las participaciones preferentes, tampoco está
actuando con la menor diligencia ante las denuncias interpuestas por
terceros, en este caso por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) e
Izquierda Unida.
Una cosa es que en España la Justicia sea
exasperantemente lenta y otra que muestre una absoluta pasividad ante
los presuntos delitos denunciados por IU y UPyD en Caja España-Duero,
Caja Burgos o Caja Segovia. Más de un año y medio
se tomó la fiscalía para examinar la denuncia presentada por IU y
solicitar la apertura de diligencias judiciales por un presunto delito
de “administración desleal” en Caja España-Caja Duero. Y más de tres
meses han transcurrido desde que el Juzgado de Instrucción nº 5 de León
se hizo cargo del caso, sin que hasta la fecha nadie haya sido llamado a
declarar ni se tenga noticia de que se haya realizado diligencia
alguna.
También van a cumplirse tres meses desde que UPyD
denunció ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia al Consejo
de Administración de Caja Burgos, asimismo por presuntos delitos de
administración fraudulenta o desleal. Una denuncia que detallaba los
créditos de dudoso cobro concedidos por un montante superior a los 34
millones de euros a distintas empresas de las que era principal
accionista el propio presidente de la Caja, José María Arribas. Mientras
Arribas disfruta de su retiro dorado como presidente de “Eficanza”, la
empresa concesionaria del nuevo hospital de Burgos, tampoco se conoce
diligencia alguna en torno a dicha denuncia.
Aunque para record
de pasividad judicial el del Juzgado de Instrucción nº 2 de Segovia en
relación con la denuncia presentada en el año 2011 a raíz de las
astronómicas indemnizaciones (mas de 35 millones de euros) que se
embolsaron el ex director general, Manuel Escribano, y otra decena de
antiguos ejecutivos de la caja segoviana.
Dicha denuncia, ampliada
con el tiempo a otras varias actuaciones presuntamente delictivas, sigue
su curso dos años después, sin que el titular del Juzgado, Jesús
Marina, haya tenido a bien tomar declaración ni a Escribano ni al ex
presidente de la Caja, Atilano Soto, quién sin embargo sí está imputado
(al igual que el ex presidente de Caja Ávila, Agustín González) en el
caso Bankia. Guillamón mantiene abierto el caso tras haber fracasado en
el intento de quitarselo de encima en dos ocasiones, primero
archivándolo y después inhibiéndose en favor de la Audiencia Nacional,
decisiones ambas revocadas por las correspondientes instancias
superiores.
En contraste con la pasividad judicial que están
sufriendo las denuncias de UPyD e IU, el Juzgado de Instrucción nº 52 de
Madrid se ha puesto a la tarea para esclarecer el llamado “caso Nozar”,
que no consiste en otra cosa que en dos llamativas operaciones -la
compra de un edificio en Madrid y la concesión de un crédito al propio
vendedor- realizadas por Caja Duero en 2.008. Como vienen informado con
detalle “El Mundo-Diario de Valladolid” y
“Diario de León”,
la actuación judicial parte de la denuncia presentada por el Banco
CEISS a instancias del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria,
que detectó que dichas operaciones habían sido claramente lesivas para
dicha Caja y por ende ahora para el CEISS y el propio FROB, de momento
el máximo accionista del banco.
En concreto se sospecha que el
edificio, por el que la Caja pagó 55,8 millones de euros, fue adquirido
por valor muy superior al precio de mercado, que no llegaba a los 40
millones. Y no se comprende como tan solo un mes después se concedió al
mismo grupo un crédito de 35 millones de euros avalado por empresas que
presentaban ya clara situación de insolvencia, como lo demuestra el
hecho de que pocos meses mas tarde entraran en concurso de acreedores.
De
resultas de dicha denuncia el citado juzgado madrileño ha imputado a
varios antiguos directivos de Caja Duero, entre ellos al que fuera su
presidente ejecutivo, Julio Fermoso, y al ex director general, Lucas
Hernández, quienes están citados a declarar el próximo 4 de octubre. La
sorpresa de última hora ha sido que en esa fecha también comparecerá
ante el juez el actual director general del propio banco CEISS, José
María de la Vega, quien ha sido imputado con posterioridad en la misma
causa. El motivo es que De la Vega ocupaba el puesto de director de
desarrollo corporativo de Caja Duero en el momento en que se perpetraron
las operaciones denunciadas. Llegados a este punto no se comprende que
el FROB mantenga un día más como “número dos” del CEISS a alguien
imputado judicialmente a consecuencia de la denuncia presentada por el
propio organismo estatal que controla el banco.
Mientras tanto,
otro frente judicial que tiene abierto el CEISS son las denuncias por
presunta estafa en la comercialización de participaciones preferentes
por parte de Caja España y Caja Duero. A diferencia de otras fiscalías
provinciales, la de Valladolid no se ha quedado con los brazos cruzados y
avanza en las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por la
Unión de Consumidores de Castilla y León. Dado que en los contratos
suscritos con los clientes no aparece la firma de ningún representante
de la Caja vendedora, la fiscalía ha encargado a las Unidades de
Delincuencia Económica de la Policía y la Guardia Civil que identifiquen
a los directores o empleados de las sucursales que comercializaron el
producto. Que es una forma de ir tirando de ese ovillo.
elblogdepedrovicente@gmail.com
El blog de Pedro Vicente
