La justicia investiga a presidentes de cinco de las seis extintas cajas de ahorros de Castilla y León
Dirigentes de Caja España, Caja Duero y de las entidades de Burgos, Ávila y Segovia están imputados; solo CajaCírculo se libra
21.10.13 - 16:19 - Á. BLANCO | VALLADOLID
Hasta el estallido de la crisis –primero en el sector inmobiliario, después en el financiero y, al final, en el sector de toda la población–, había en Castilla y León seis cajas de ahorros cuyas raíces había que buscarlas en el siglo XVIII. Se trataba de Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja de Ávila, Caja Segovia y CajaCírculo. Hoy, tras haber recibido miles de millones de euros en ayudas públicas y haber despedido a cerca de la mitad de las plantillas, todas ellas han desaparecido o están a punto de hacerlo.
Con la bajada de la marea, lo que era un sector tradicionalmente opaco ha visto expuestas a la luz algunas de sus vergüenzas. Indemnizaciones millonarias para quienes estaban al mando cuando se produjo la debacle, autoconcesión de créditos de altísimo riesgo a sus directivos, operaciones empresariales ruinosas, venta masiva de productos complejos a ahorradores desinformados...
En la actualidad, el sistema judicial –desde la Fiscalía hasta la Audiencia Nacional, pasando por los juzgados de instrucción– investiga a los expresidentes y otros altos ejecutivos de cinco de las seis extinguidas cajas de la región. Solo CajaCírculo –la entidad burgalesa participada por la Iglesia que se integró en Banco Caja3, luego absorbido por Ibercaja–, se ha visto libre de acusaciones hasta la fecha. Los expresidentes Llamas, Fermoso, Arribas, Soto y González, por contra, son parte del centenar largo de políticos y banqueros pertenecientes a una veintena de consejos de administración de entidades de toda España que podrían terminar sentados en el banquillo de los acusados e, incluso, en la cárcel.
Caja España: Supuestas operaciones de riesgo tramitadas como ordinarias por ser para el presidente
Izquierda Unida de Castilla y León denunció la presunta «autoconcesión» de créditos por parte de miembros del último consejo de administración de Caja España, un caso en el que la Fiscalía de León ya ha apreciado indicios de delito y solicitado la apertura de una investigación judicial. En concreto, el Ministerio Público sospecha de la existencia de más de veinte operaciones de crédito en las que no se pidieron las debidas garantías y que se tramitaron como ordinarias cuando se trataba de operaciones de riesgo.
Los créditos suman 67 millones y, según consta en las diligencias instruidas por la Fiscalía, las beneficiarias fueron las empresas Construcciones Carriego, Llamas Gil, Sotaban y Soluciones Inmobiliarias. Todas ellas son propiedad de o están participadas por Santos Llamas, el constructor leonés que ocupó el sillón presidencial de Caja España desde julio de 2006 hasta septiembre 2010, cuando se produjo la fusión con Caja Duero, y que hasta octubre de 2012 se mantuvo como consejero y miembro de la asamblea general de la entidad de ahorro.
Los denunciantes sostienen que la Consejería de Economía, competente para autorizar o no los créditos a los consejeros, no entró a valorar su conveniencia demostrando así su falta de diligencia en el desempeño de las funciones. A día de hoy, se lamentan desde IU, aún no se sabe si las operaciones fueron ni siquiera analizadas por el servicio de riesgos de la caja, por lo que su actuación podría ser constitutiva de delito.
La actual dirección de Banco Ceiss, la entidad financiera de Caja España-Duero, ya ha ordenado las ejecuciones hipotecarias de todos estos préstamos debido a su impago.
Caja Duero: Posible abono de sobreprecio en la compra de un edificio y créditos imprudentes
Un juzgado de instrucción de Madrid investiga al expresidente de Caja Duero Julio Fermoso, al exdirector general Lucas Hernández y a José María de la Vega, entonces director de Desarrollo Corporativo y ahora director general de Banco Ceiss, por varias operaciones realizadas entre 2007 y 2008 con la empresa Nozar, que presuntamente provocaron un deterioro en las cuentas de la entidad.
El caso, en el que además de los tres directivos están imputados los antiguos directores de Riesgos y de Banca de Empresas de Caja Duero, se abrió a raíz de una denuncia presentada por Ceiss pero ordenada desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Banco de España. Se refiere a la compra a la constructora Nozar del edificio Titán de Madrid por un precio de 55,8 millones, una valoración que Ceiss estima ahora superior a su precio de mercado en 15,8 millones; y a la concesión de un crédito de 34,5 millones a Luis Nozaleda avalado con la garantía de un paquete de acciones de tres empresas en crisis (el balneario Aguas de Panticosa, la chacinera Marcos Sotoserrano y la quesera Qualia Lácteas), que acabaron en poder de la caja. Las dos operaciones suman más de 90 millones en vísperas de la presentación del concurso de acreedores de la constructora.
La denuncia de IU contra Caja España, apoyada después por Ecologistas en Acción, se refería también a los mas de 50 millones en créditos y avales obtenidos por Francisco Rubio, exconsejero de Caja Duero y presidente del Numancia, club de fútbol esponsorizado por la entidad de la que él era directivo. La Fiscalía soriana aún no ha actuado, aunque la leonesa sí investiga operaciones de la antigua Caja Duero con Santos Llamas por valor de 8,8 millones.
El Banco Ceiss de Caja España-Duero recibió una primera inyección de ayudas públicas de 525 millones (en 2010) y una segunda de 604 millones (en 2012). Además, la entidad transmitió activos tóxicos a la Sareb (el banco malo) por un importe de 3.137 millones (en 2013). Así, las aportaciones estatales ya superan en total los 4.200 millones. Además, el fondo de rescate del Banco de España se ha comprometido a aportar a Unicaja hasta 1.250 millones, si fueran necesarios, para que el canje de híbridos con los preferentistas de Ceiss no suponga coste adicional a la entidad andaluza.
Caja de Burgos: Presunta administración desleal y pagos irregulares a varios miembros del consejo
La Fiscalía de Burgos investiga, a instancias de una denuncia presentada por el partido Unión, Progreso y Democracia en junio, un presunto delito de administración desleal de los 17 miembros del consejo de Caja de Burgos por la concesión de 45 líneas de financiación, préstamos, créditos ICO y avales por un total de 34,2 millones entre los años 2005 y 2010 a empresas del entonces presidente de la entidad, José María Arribas.
La denuncia sostiene que el 93% de los préstamos que Caja de Burgos concedió a miembros del consejo fueron a parar a Indasa, una empresa del presidente que terminó en concurso de acreedores. Según los abogados de UPyD, los créditos se otorgaron solo con garantías personales y sin el pertinente control de la Junta. La formación de Rosa Díez cifra en 1,3 millones la ventaja obtenida por las condiciones preferenciales concedidas a Arribas con respecto a los precios de mercado.
La desaparecida Caja de Burgos tiene otro litigio abierto. Se trata de la causa vinculada al presunto cobro por parte de tres miembros del consejo de administración, en el año 2011, de retribuciones contrarias a los estatutos de la entidad. En concreto acusa al propio José María Arribas y a los dos entonces vicepresidentes, Ángel Ibáñez y Emilio Jordán, de percibir más de 112.000 euros de forma presuntamente irregular.
El Banco de España aprobó en diciembre de 2010 ayudas para Banca Cívica, la entidad donde estuvo integrada Caja de Burgos antes de ser absorbida por CaixaBank, por valor de 977 millones de euros, buena parte de ellos destinados a la prejubilación de más de mil empleados.
Caja de Ávila: Supuesta falsificación de cuentas y apropiación indebida, al igual que todo el consejo de Bankia
En noviembre del año pasado, el último presidente de Caja de Ávila –que al igual que Caja Segovia se integró en Bankia–, declaró como imputado en la causa que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instruye por la fusión y salida a Bolsa de la entidad que posteriormente tuvo que ser nacionalizada y recibió 22.424 millones en inyecciones de capital y otro tanto en avales públicos. En su comparecencia ante el juez, Agustín González, presidente también de la Diputación abulense, admitió que no tenía conocimientos financieros o contables porque su profesión era la de maestro de Primaria y apuntó que la situación en la entidad siempre le pareció de «absoluta normalidad», hasta la mismísima llegada de la nacionalización.
Al igual que el resto de miembros del consejo de Bankia, a González se le atribuyen indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. En el mismo caso está imputado también el exministro y exalcalde abulense Ángel Acebes.
Caja Segovia: Investigación por el caso Bankia y por la hipoteca sobre el Torreón de Lozoya
Atilano Soto, expresidente de Caja Segovia, se encuentra asimismo imputado en el caso Bankia por su condición de exconsejero de la entidad y del Banco Financiero y de Ahorro, en el que ejercen la acusación tanto el Ministerio Público como el partido UPyD. Al igual que las del presidente de la Diputación de Ávila, sus declaraciones fueron como mínimo sonadas, en particular cuando a la pregunta de por qué aprobaron las cuentas de Bankia los consejeros, el penúltimo presidente de la entidad segoviana contestó que fue por «un ejercicio inmenso de generosidad».
No acaban aquí los problemas de Soto con la justicia, ya que un juzgado segoviano les investiga a él y al exdirector general Fernando Tapias por un posible delito de falsedad documental y administración desleal, a raíz de la denuncia interpuesta por once exconsejeros de Caja Segovia. Estos –representantes de partidos políticos, sindicatos, empleados y jubilados–, sostienen que Soto y Tapias manipularon las actas de un consejo de administración con la intención de ocultar que hipotecaron el Torreón de Lozoya para sufragar operaciones inmobiliarias en Asturias.
Dos exvicepresidentes del Gobierno en un ránking que lidera Caixa Catalunya
Con la denuncia de la Fiscalía contra 54 exconsejeros de Caixa Catalunya por «retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a la situación real de solvencia» existente en 2010, la entidad catalana nacionalizada se sitúa en el primer puesto del ránking de directivos investigados por la Justicia. Supera a Bankia y su matriz BFA, que era líder hasta la fecha con 33 imputados investigados por la Audiencia Nacional tras la querella presentada por UPyD por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. La tercera plaza la ocupa la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con 30 exconsejeros y directivos bajo sospecha.
Como es sabido, algunos de los implicados han sido no ya cocineros antes que frailes, sino políticos antes que banqueros. Dos de ellos incluso llegaron a ocupar el cargo de vicepresidente del Gobierno. Es el caso del socialista Narcís Serra, que fue aupado a la presidencia de Caixa Catalunya en 2005, donde permaneció hasta 2010; y del popular Rodrigo Rato, que presidió Bankia desde finales de 2010 hasta 2012. Serra es el último (o quizá el penúltimo) político de dudoso comportamiento en su paso por el mundo de las finanzas dentro de una lista que inauguró, allá por 2009, el entonces presidente de Caja Castilla-La Mancha (desde 1999), el exdiputado socialista Juan Pedro Hernández Moltó.
En total son 20 los consejos de administración de antiguas cajas de ahorros investigados por la justicia. Un sector que para evitar una quiebra con millones de familias damnificadas ha recibido cerca de 80.000 millones de euros en ayudas públicas (o más de 180.000 si se suman los avales y los traspasos de activos tóxicos a la Sareb).
Además de las entidades citadas, se encuentran bajo el escrutinio judicial NovaCaixaGalicia, Banca Cívica y el Banco de Valencia. Especial trascendencia tuvo la imputación del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por la compra del City National Bank of Florida, presuntamente con sobreprecio, que hizo pasar al banquero por la cárcel de forma fugaz y terminó con el juez Elpidio Silva apartado del ejercicio de la judicatura.
En cuanto a la naturaleza de los presuntos delitos investigados, estos responden a tres 'perfiles'. Por un lado están las supuestas operaciones fraudulentas que o bien causaron perjuicio a la entidad, o bien generaron beneficio para unos pocos, caso de la CAM, Banco de Valencia o CC-M. Un segundo grupo incluye indemnizaciones y prejubilaciones millonarias de ejecutivos que abandonaron los cargos que ocupaban en las entidades cuando estas se hallaban en bancarrota. Es lo sucedido en NovaCaixaGalicia, Caixa Penedés, Banco de Valencia o la CAM. El tercer supuesto lo integran las fallidas salidas a Bolsa de Bankia y Banca Cívica.
La comercialización masiva de productos financieros complejos a ahorradores desinformados, el caso de las participaciones preferentes, todavía no ha salpicado judicialmente a ningún directivo.
