martes, 25 de febrero de 2014

El juez reclama al Banco de España informes clave sobre las preferentes

De todos los informes aportados el Organismo Supervisor habría excluido el periodo clave de marzo a junio de 2009, trimestre de emisión de 3.000 millones de euros de preferentes, según alguna de las partes

PILAR VELASCO   24-02-2014 - 20:53 CET

El Banco de España envía al juez Fernando Andreu los informes de crédito y seguimiento de las cajas de ahorro fusionadas en Bankia desde 2008 a 2012. De todos los informes aportados el Organismo Supervisor ha excluido el periodo clave de marzo a junio de 2009, semestre de emisión de 3.000 millones de euros de preferentes. Una de las partes personadas, el bufete Jausas, pide al juez Andreu que reclame de nuevo al Banco de España los informes "del periodo sospechoso de investigación". En lugar de informes, señala la acusación, han entregado dos borradores distintos al resto de informes facilitados.

El Banco de España habría omitido de la documentación aportada al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu los informes clave del trimestre en el que Caja Madrid emitió 3.000 millones de euros en preferentes. En respuesta a un oficio del pasado 24 de noviembre de 2013, Andreu solicitó que entregara los "informes internos de seguimiento y documentación tramitada por la Comisión Ejecutiva desde 2008 hasta el 31 de mayo de 2012 de todas las cajas ahorro" integradas en BFA-Bankia.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el Banco de España, según un portavoz, parte de la documentación pedida por Andreu ya se había remitido. En cuanto a los informes de crédito y seguimiento solicitados no existen como tal. Se incorporaron, asegura, a una inspección llevada a cabo en Caja Madrid cuyas conclusiones se aprobaron después en el Comité Ejecutivo, y que el Banco de España asegura que también fueron remitidas al juzgado. Mañana mismo el Banco de España tiene previsto enviar al juzgado un escrito con la explicación oportuna.

Según subraya el escrito de la acusación entregado al Juzgado de Instrucción Número 4, el Banco de España ha entregado el informe de seguimiento trimestral y el semestral del riesgo de crédito de diciembre de 2008 y los trimestres anteriores. "Sin embargo" reclama la acusación "suponemos que por un error, no ha aportado dicha información respecto del periodo sospechoso objeto de investigación (meses de marzo y junio de 2009). En su defecto, el organismo regulador ha entregado dos borradores diferentes a los del resto de informes presentados".

Una de las partes personadas, el despacho Jausas Legal que representa a un grupo de preferentistas afectados, ha vuelto a solicitar al juez Fernando Andreu que requiera de nuevo al Banco de España los informes financieros de Caja Madrid. Según el abogado Jordi Ruíz de Villa, del bufete catalán Jausas, "resulta cuanto menos extraño que al aportar la documentación sobre la solvencia de Caja Madrid no faciliten los informes del periodo que va de marzo a junio de 2009, precisamente el trimestre donde se comercializa la mayor partida de preferentes".

Para la acusación "se trata de "informes muy importantes porque si determinan que había alto riesgo de crédito ¿Cómo permitió el Banco de España la emisión de 3.000 millones de euros en preferentes y por qué no se obligó a Caja Madrid a informar del riesgo de la entidad a los clientes?" señala Jordi Ruíz.

En los informes de crédito que sí aporta el Banco de España llama la atención cómo en diciembre de 2008 el organismo supervisor reconoció el alto riesgo de crédito de la entidad. Para el abogado de la acusación, Jordi Ruiz, "con un alto riesgo de crédito, es decir, de colapso financiero, el Banco de España permite emitir productos perpetuos con alto riesgo financiero y sin obligar a informar a los clientes". La acusación personada en la causa delas preferentes, ha pedido también que el organismo regulador aporte la calificación de las agencias de rating de ese semestre, la situación de solvencia de la entidad de Caja Madrid y aclare si se utilizó el dinero de las preferentes para comprar deuda a bajo precio.

El despacho Jausas interpuso la primera querella en la Audiencia Nacional en nombre de un grupo de afectados por las preferentes por presuntos delitos de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas contra el antiguo Consejo de Administración. La Cadena SER se ha puesto en contacto con el gabinete de comunicación del Banco de España, todavía no ha explicado la exclusión de esta documentación.

FUENTE: www.cadenaser.com

lunes, 24 de febrero de 2014

Una fiscal pide enjuiciar por estafa a dos trabajadores de Caja Madrid por vender preferentes a ancianos

El juez aplaza la decisión hasta recibir más pruebas y arrojar luz sobre el 'modus operandi' de la sucursal bancaria que adjudicó 18.000 euros en participaciones preferentes a un matrimonio de octogenarios 

Un fiscal de Madrid ha pedido a un juez que siente en el banquillo a dos extrabajadores de CajaMadrid por un delito de estafa grave, presuntamente cometido al vender participaciones preferentes a un matrimonio de octogenarios. El juez ha decidido aplazar esta decisión hasta tener más pruebas que permitan arrojar luz sobre el 'modus operandi' de esta sucursal de la capital a la hora de vender estos productos bancarios.

Una fiscal de Madrid ha pedido a un juez que siente en el banquillo a dos extrabajadores de CajaMadrid por un delito de estafa grave que presuntamente habrían cometido al vender 18.000 euros en participaciones preferentes a un matrimonio de octogenarios. El ministerio público, según ha podido saber la Cadena SER, acusa al exdirector de la sucursal y a una comercial de un delito de estafa grave por entender que adjudicaron preferentes a estos ancianos, la mujer fallecida en la actualidad, valiéndose de "la confianza que los clientes tenían en los trabajadores de la entidad". El juez instructor ha desestimado por ahora esta petición por entender que antes hay que practicar más pruebas para arrojar luz sobre el 'modus operandi' de esta sucursal del madrileño barrio de Moratalaz a la hora de vender preferentes a sus clientes. En este caso, 18.000 euros que hubieran querido destinar al tratamiento del Alzheimer grave que padecía la mujer octogenaria, ahora fallecida.

Para la fiscalía, el marido y ahora denunciante "accedió a suscribir el contrato en la creencia de que le reportaría beneficios y podría recuperar sus ahorros en cualquier momento", todo esto por la "confianza" que le transmitían los trabajadores del banco ahora denunciados. Por eso señala la representante del ministerio público que no es ni siquiera necesario, tal y como solicita la acusación, comprobar si la firma de la mujer, entonces gravemente enferma de Alzheimer y fallecida desde hace algunos años, fue falsificada por el personal de la entidad, porque su marido, engañado, habría accedido a firmar sin necesidad de una falsificación documental. "La mujer estaba enferma desde hace más de veinte años aquejada de Alzheimer grave, y aún así aparecen firmados productos de todo tipo y anteriores a las preferentes, y tampoco tenía facultades para firmar esos".

Para la fiscalía, este engaño basado en la confianza de los ancianos en los trabajadores de la sucursal de CajaMadrid en Moratalaz, "de la que eran clientes desde los años ochenta", es lo que convertiría el delito de estafa en un delito de estafa grave en el que no haría falta investigar una posible falsedad documental: "No hay indicios de que ningún trabajador falseara su firma", concluye.

Se trata de un giro en la posición de la fiscalía madrileña en este caso particular, ya que hace un año, en este mismo procedimiento, interesó el archivo de la querella llegando incluso a reprochar al octogenario denunciante que no se hubiera informado mejor en su momento sobre el riesgo de las participaciones preferentes.


El juez quiere comprobar primero las firmas y el 'modus operandi'

El juez que instruye este caso por la vía de lo penal en los juzgados de Plaza de Castilla, sin embargo, ha preferido desestimar la apertura de procedimiento abreviado y posterior juicio oral por el momento. Antes, entiende el magistrado que hay que recibir más pruebas para poder esclarecer, según explica, el 'modus operandi' de esta entidad: a este respecto el juez ha pedido, a instancias de la acusación, un listado de todos los clientes que adquirieron participaciones preferentes en esta sucursal de Moratalaz, "un listado de futuros testigos que pongan de manifiesto el proceder de la sucursal" en el canje de preferentes.

De la misma manera, según ha podido saber la Cadena SER, el juez está a la espera del resultado una prueba pericial caligráfica practicada hace unos días por la policía judicial que esclarezca si la firma de la mujer, ahora fallecida, fue falsificada por alguien de la entidad, tal y como denuncia la acusación. A este respecto, la defensa de CajaMadrid ha presentado en el juzgado de Plaza de Castilla un informe pericial de parte que concluye que las firmas de los contratos supuestamente estampadas por la mujer no fueron realizadas de su puño y letra, pero también concluye que no fue personal del banco quien la falsificó sino su propio marido.
 
FUENTE: www.cadenaser.com

 

Los jueces tratan de evitar fallos contradictorios en los recursos sobre preferentes

Los magistrados de las audiencias gallegas han unificado sus criterios con el fin de que las sentencias lleven la misma línea

Son miles los afectados por la comercialización de productos financieros como las participaciones preferentes y la deuda subordinada, sin saber exactamente dónde estaba su dinero y en qué invertían. La justicia ha intervenido en muchos de los casos, casi siempre a favor de los particulares. Ante un eventual aluvión de recursos de apelación, presidentes y magistrados de las audiencias provinciales de Galicia han hecho causa común para evitar que ante casos similares haya sentencias contradictorias en forma o fin.

En el caso concreto de Ourense, la Audiencia Provincial aún no ha dictado fallo alguno, pero el escenario está bien definido. Presidentes y magistrados gallegos han hecho una puesta en común y redactado unas conclusiones que, sobre el papel, evitarán desajustes, entre otros aspectos, a la hora de fijar las costas. Y aunque los acuerdos tomados en unas jornadas de trabajo no tienen carácter vinculante, es previsible que las resoluciones se ajusten a esos principios generales.

El hecho de que todavía no haya una resolución firme mantiene la incertidumbre entre el colectivo de afectados y los despachos de abogados que han dirigido estos pleitos. Uno de los puntos más controvertido está, precisamente, en el de las tasas. Los magistrados han dicho en sus conclusiones que a estos efectos se tendrá en cuenta el interés económico real del procedimiento. Significa esto, a modo de ejemplo, que si un cliente con 10.000 en preferentes reclama judicialmente la recuperación del total de su dinero y no solo los 7.700 que le reconoció y ya abonó el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), las costas del pleito -que, si se confirma la tendencia, se cargarían a NCG o a Bankia, entidades más afectadas en Ourense- el cálculo se harían únicamente sobre 2.300 euros.

Los magistrados de las salas de lo civil de Galicia muestran una doble vía para la restitución de prestaciones. Un recálculo: el perjudicado devolverá los intereses percibidos y, por otro, la entidadse hace cargo del total con el interés legal del dinero.

Consideran los magistrados que se debe aplicar la normativa sobre derechos de consumidores y usuarios y, en este sentido, la vulneración del derecho a la información justifica la nulidad de los contratos. En esta misma línea, los actos ejecutados a instancia de las entidades mientras persista la situación de error, con soluciones parciales, no se consideran actos propios o de confirmación.
 
FUENTE: www.lavozdegalicia.es

 

Ceiss obligado a pagar 6.000 euros a dos hermanas por deuda subordinada
 
El juez entiende que la entidad omitió la información de las características del producto que habían adquirido las clientes de Fabero en 2008
El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Ponferrada ha dictado una sentencia por la que condena al Banco Ceiss a devolver a dos hermanas de Fabero 6.000 euros más los intereses y las costas por la comercialización de participaciones preferentes en el año 2008.
 
 
El juez determina que está probado que el banco Ceiss -antigua Caja España- que omitió informar a su cliente de todas las características del producto que iba a contratar y que en ningún caso se realizó un test de idoneidad para demostrar que tuviese los conocimientos sobre el producto que estaba adquiriendo.

La sentencia recuerda que Ceiss no es una mero intermediario de venta de recepción y transmisión de las ordenes que les da el cliente sino que debe realizar una labor de asesoramiento activo que, en este caso, no llevo a cabo con las dos clientas. Así, señala que la carga de probar la información corresponde a la entidad.
Por tanto, el juez entiende que la entidad ha ejercicio una infracción de las normas bancarias de protección del cliente minorista que tiene carácter obligatorio e imperativo, supone la nulidad del contrato de preferentes.

Ello implica que el banco deberá devolver los 6.000 depositados y pagar al cliente los intereses legales desde Junio de 2008 y los intereses legales más dos puntos desde la sentencia y el cliente deberá devolver los intereses efectivamente percibidos.
FUENTE: www.leonoticias.com

sábado, 22 de febrero de 2014

MUJER CRUCIFICADA SOBRE FONDO INVERNAL



Hoy hemos leído en La Gaceta Salamanca la noticia de una nueva demanda rechazada, que había sido presentada por una afectada de nuestra ciudad por deuda subordinada  contra Banco Ceiss.
Cada vez que Caja Duero consigue una victoria legal que pueda sembrar el miedo y la duda entre los preferentistas (que, de todas formas, vamos a continuar presentando demandas judiciales contra nuestra odiada querida caja) se apresura a publicarla. Normal; quien paga, manda.

¡Que no cunda el pánico! Todas las semanas, quizá cada día, se ven en los juzgados de Salamanca casos por demandas contra Banco Ceiss por deuda subordinada y preferentes. Si, de tarde en tarde, la Gaceta y los periódicos digitales nos obsequian con la noticia de un fallo adverso (y, si no me equivoco, hasta ahora son tres y un recurso presentado por la caja y ganado en la Audiencia Provincial), eso no debe hacernos perder de vista la perspectiva general de los procesos: 230 demandas ganadas por las plataformas frente a 9 perdidas y casi 9 millones de euros recuperados por los clientes engañados frente a poco más de 1 millón perdido (de momento). Necesariamente tiene que haber más demandas que se ganen, pero que, por no corresponder a socios de la Plataforma, no se conocen, la prensa no se entera o no quiere publicarlas y, por supuesto, Banco Ceiss no tiene ningún interés en que salgan a la luz. Puede que incluso, del mismo modo que paga por que se publiquen las demandas ganadas por ellos, pague también para que no se aireen las perdidas. ¿Por qué lo suponemos? Pues por la manera en que está redactada la noticia. Si ésta hubiera partido de la propia redacción del periódico, aportaría más detalles. Por ejemplo, diría en qué juzgado tuvo lugar el juicio. Sólo sabemos que es un juez. En los juzgados de Salamanca, las señoras juezas triplican en número a los señores jueces, lo que reduce el ámbito de búsqueda a dos o tres juzgados. Esa noticia apresurada y breve encaja más bien con el tipo de nota que alguien no muy avispado de Caja Duero pasa a La Gaceta. Los otros diarios digitales no han recibido el "encargo" y no dicen nada del asunto. La torpeza de Caja Duero es tan grande que, en su afán por asustarnos dando a conocer los juicios que consigue ganar, nos muestra sus exiguos triunfos: se conocen absolutamente todas las demandas que ganan, es decir, ese puñadito que se puede contar con los dedos de una mano. En definitiva, nos muestra su debilidad en los juzgados.

Eso por un lado. Por otro lado está la sentencia, con sus fundamentos de derecho y las argumentaciones del juez. Solo conocemos de la sentencia los escasos detalles que aporta el artículo de La Gaceta, pero si el argumento en que basa su fallo el juez es el que consta en él, lo podría desmontar cualquier persona con un mínimo de sentido común. Para un cliente del perfil general de los afectados por los productos híbridos de Caja Duero-España, la diferencia entre un interés mayor o menor no se asocia con el nivel de riesgo asumido (que entre este tipo de clientes suele ser nulo), sino con la duración del depósito, plazo o inversión. Hasta el ahorrador más inexperto en materia de bancos sabe que, a mayor plazo, mayor rentabilidad. Algo que el señor juez, por lo visto, ignora. Ignora, pero juzga y falla (estrepitosamente). La señora condenada en costas contrató las subordinadas antes de 2009, lo que significa que buscaba un producto de ahorro a largo plazo, porque debían expirar en 2019. Al señor juez le parece un interés sospechosamente alto el que ofrecían las obligaciones de deuda subordinada de Caja Duero (entre el 4,10% al 5,30%, dice en su sentencia). Pues bien, la rentabilidad de las obligaciones del estado en 2011 (en plena crisis) era del 5,50%.


 rentabilidades


Y lo normal es que las entidades financieras privadas ofrezcan mejores intereses que la deuda pública. En el cuadro vemos que la rentabilidad para la renta fija privada era de +1,24% con respecto a la equivalente pública. Si la señora crucificada condenada en costas que acaba de perder su demanda recibía ese interés por el producto de Caja Duero, que tenía su vencimiento en 2019, es porque su director de oficina seguramente no le ofreció el del Estado. Ni al director ni a la caja les interesaba; lo que les interesaba era colocar preferentes "sea como sea", porque "nos va la vida en ello":
CORREO ENVIADO A LOS DIRECTORES DE SUCURSAL DE CAJA ESPAÑA-DUERO

Otra de las argumentaciones que nos cuenta La Gaceta es esa por la que el señor juez reprocha a la demandante el no haberse quejado durante los años que percibió beneficios e intereses por parte de Caja Duero. Vamos a ver, Señoría: si la demandante ha contratado un producto, cuyas verdaderas características sin duda ignora y que le promete unos rendimientos X, mientras esos rendimientos se paguen y no suceda nada extraordinario, todo parece normal y el cliente no sospechará nada, por lo que no actuará. 



La alarma llega cuando la caja deja de cumplir su parte del pacto, es decir, cuando deja de pagar intereses; cuando, pese a las promesas verbales de recuperación del dinero en pocas horas, secuestra sus ahorros; cuando el estado impone una quita brutal a los ahorradores y les canjea sus ahorros por unos bonos sin valor conocido y sin liquidez; cuando se hace público que Banco Ceiss está en bancarrota y que, para no tenerlo que nacionalizar, se lo van a malvender a unos usureros andaluces. Eso es lo que hace que salten las alarmas y que miles de ahorradores nos demos cuenta de que nos han engañado, estafado y vendido. Y contra eso se pone una demanda en su juzgado. Y ahora, además de todo lo anterior, esa señora está arruinada y crucificada ¿Denunciaría usted que le han robado antes de saber que lo han hecho? 

Lo hemos dicho muchas veces y lo reiteramos una vez más: urge una unificación de criterios entre los jueces, una información a fondo a cargo de un experto y la implicación de la Fiscalía Superior de Castilla y León en el caso de las "preferentes".

Luis Arranz

Conthe dice que una buena traducción habría evitado malentendidos con las preferentes

 Madrid, 21 feb (EFE).- El economista Manuel Conthe asegura que "una buena traducción de los términos financieros provenientes del inglés es imprescindible" y habría evitado confusiones como las producidas por las mal llamadas "participaciones preferentes", en su opinión una desafortunada traducción del inglés "preferred shares".

En declaraciones a EFE con motivo de su incorporación al Consejo Asesor de la Fundación del Español Urgente, Conthe señala que un nombre más explicativo de la naturaleza de esos valores hubiera sido "deuda perpetua ultra-subordinada", expresión que habría evitado malentendidos.

La traducción "participaciones preferentes" que consagró hace años el legislador resulta engañosa, explica Conthe, porque omite el esclarecedor sustantivo "acción" ("share") que habría alertado a los inversores del riesgo inherente a ese tipo de valores y utiliza, de forma aislada, el adjetivo "preferente", lo que sugiere que se trata de un producto "privilegiado" o muy ventajoso.

En opinión del abogado y economista existe "un vacío clamoroso en la buena y temprana traducción al español de los términos en inglés del ámbito económico y financiero", lo que lleva a que se generalice en el ámbito hispanohablante el uso de muchos términos en inglés innecesariamente oscuros.
Así, por ejemplo, "resulta más claro hablar de 'asesores de voto', una expresión que entiende cualquiera, que de 'proxy advisors', expresión técnica al alcance de sólo unos pocos", añade.

Pero para que una buena traducción arraigue "es preciso que surja pronto y sea recomendada por alguna institución con influencia en los medios de comunicación".

"Una buena traducción sólo sustituirá al término original inglés si es utilizada con carácter general y, en consecuencia, adquiere un significado tan preciso como el original inglés; si un término se traduce al español de cuatro formas distintas, ninguna arraigará, porque su significado no será tan unívoco como el del término original".

Conthe, nacido en Madrid en 1954, fue director general del Tesoro entre 1988 y 1995, secretario de Estado de Economía entre 1995 y 1996 y presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre 2004 y 2007.
Desde esa fecha preside el Consejo Asesor de Expansión. Ejerce también como árbitro desde el despacho internacional de abogados Bird&Bird.

Preocupado desde hace años por el buen uso del idioma en el ámbito financiero mantiene en su blog en Expansión ("El sueño de Jardiel") una sección de inglés económico en la que ha venido sugiriendo posibles traducciones de términos económicos ingleses.

La incorporación de Conthe al Consejo Asesor de la Fundéu refleja el interés de la Fundación de crear productos sobre el buen uso del español específicamente dirigidos al mundo de la información económica y financiera.

Conthe acompañará en el Consejo Asesor de la Fundación del Español Urgente al director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, al secretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Humberto López Morales, y a los académicos Gregorio Salvador y Salvador Gutiérrez Ordóñez.

También forman parte del Consejo los lingüistas Pilar García Mouton y Leonardo Gómez Torrego y los periodistas Soledad Gallego-Díaz, Victoria Prego y Mario Tascón

FUENTE: www.lainformacion.com

Un fallo judicial reprocha a una preferentista que demande sólo al dejar de percibir intereses

Otra sentencia a favor de Banco Ceiss condena en costas a la cliente

21.02.2014 | 08:15

Una nueva sentencia judicial dictada en Salamanca desestima una demanda contra Banco Ceiss (antigua Caja Duero-España). La clienta solicitaba la nulidad de un contrato de 70.000 euros en obligaciones subordinadas y otro de 15.000 euros en participaciones preferentes firmados en marzo y junio de 2009.

El fallo judicial, contra el que cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, indica que la denunciante "no expuso queja alguna durante los años que percibía beneficios o intereses por su inversión". "Cuando deja de percibirlos", añade la sentencia, " es cuando dice que su consentimiento estaba viciado, que fue engañada y que no sabía lo que firmaba".

El juez recuerda que el interés pactado entre la denunciante y Banco Ceiss oscila entre el 6,5% y el 8% de las preferentes y del 4,10% al 5,3% de las subordinadas, que era "notoriamente superior al que las entidades bancarias satisfacían por un depósito a plazo fijo, siendo de lógica y sentido común que a mayor riesgo de la inversión, mayor interés se obtiene".

El magistrado, que condena en costas a la denunciante, apunta que Caja Duero también proporcionó información verbal "clara" y escrita a la cliente que contrató subordinadas y preferentes.
 
FUENTE: www.lagacetadesalamanca.es

La titular del Juzgado 6 ordena devolver 87.000 euros a una viuda de 92 años

21.02.2014 | 00:50
  La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Zamora ha condenado a Caja España Duero, hoy Banco Ceiss, a devolver a una mujer, viuda de 92 años de edad, la cantidad de 87.000 euros que contrató en obligaciones subordinadas en junio de 2010,y ordena pagar además los intereses y las costas del procedimiento. La sentencia, que promovió en nombre de la afectada el despacho de abogados de Antonio del Castillo, no es aún firme, y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial.

La juez estima que hubo «falta de información adecuada a la cliente minorista e inexperta en este tipo de producto», con independencia de que el mismo fuera un canje automático de otro producto similar que contrató en el año 2003. Y todo ello a pesar de que la mujer firmó en compañía de sus hijos. «La entidad bancaria no acredita haber proporcionado la suficiente y clara información precisa para haber evitado el error (de la actora) con las posibles consecuencias de no contratación de este tipo de productos o de haber podido dar orden expresa en contra del canje».

Además, expone la juez, según la información remitida por la Agencia Tributaria, la denunciante «aparte del producto objeto de este pleito que supone un canje de otro anterior, la actor únicamente ha tenido cuentas corrientes, imposiciones a plazo y fondos de inversión». Por tanto, dice la juez «no cabe otro pronunciamiento que no sea estimatorio de la demanda» y declarando nulo el contrato.

FUENTE: www.laopiniondezamora.es

Impuestos y comisiones: las ‘sorpresas’ para los afectados por las preferentes que vendan sus acciones

La reforma fiscal del año pasado del Gobierno sobre las plusvalías en la venta de acciones afecta de lleno a los afectados por las preferentes de Bankia y Liberbank.
 
E.B. / 20-02-2014 • 08:14
Las suculentas subidas de Liberbank y Bankia, los dos grupos rescatados de las antiguas cajas que cotizan en Bolsa, están llevando a preguntarse a muchos afectados por las preferentes si no será momento de vender las acciones que les canjearon por sus antiguos títulos. Si bien aún no lograrían recuperar el 100% de los ahorros que invirtieron, la venta de estas acciones puede suponer en algunos casos un alivio de sus finanzas o incluso la única posibilidad de llegar a fin de mes.

No obstante, antes de acometer la venta deberán tener en cuenta dos aspectos con los que quizás no contaban: las comisiones que cobran los bancos por realizar este tipo de operaciones bursátiles, y una fiscalidad que entró en vigor el año pasado supuestamente para luchar contra la especulación en Bolsa y que les penaliza sensiblemente.

En concreto, tal y como ya publicó ElBoletin.com, Bankia está aplicando una comisión del cuatro por mil a las operaciones de venta de acciones. Aunque es similar a la que cobra cualquier banco por una operación de este tipo, ha levantado las quejas de las asociaciones de afectados que consideran que deberían estar exentos de pagarlas ya que en su caso no eligieron ser accionistas.

Más lesiva para los intereses de los antiguos preferentistas es la reforma fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo el año pasado en lo que se refiere a las plusvalías por la venta de acciones.

Esta reforma elevó el gravamen sobre las ganancias obtenidas por la compra venta de títulos: Así, si el plazo de generación de las plusvalías es mayor a un año (es decir, han tenido las acciones en su poder más de 12 meses), éstas tributarán en la base imponible del ahorro, con tipos del 21% hasta 6.000 euros; del 25% entre 6.000 y 24.000 euros; y del 27% por encima de los 24.000 euros.

Si por el contrario, el plazo de generación de las plusvalías es menor a un año, tributan en la base general al tipo marginal del contribuyente, que oscila entre el 24,75% y el 52%. Esta novedad que impuso el Gobierno, y que supuestamente iba dirigida a luchar contra la especulación en Bolsa y favorecer la inversión a largo plazo, supone un daño considerable para los afectados por las preferentes que quieran vender sus acciones, independientemente de que ya hubiesen sufrido una quita.

En el caso de Bankia, el canje de las preferentes por acciones se completó el 24 de mayo de 2013 a un precio de 1,35 euros cada nueva acción. De este modo, si el afectado realiza una venta antes del 24 de mayo de este mismo año y con ella genera plusvalías respecto a ese precio inicial (ayer las acciones cotizaban a 1,54 euros), éstas tributarán en el segundo de los supuestos, entre el 24,75% y el 52%, dependiendo de los casos.

Liberbank salió a Bolsa el 16 de mayo de 2013 a un precio de 0,40 euros por acción. En los nueve meses transcurridos, las acciones han duplicado su valor en Bolsa hasta los 0,81 céntimos, pero si los accionistas deciden vender sus títulos ahora las plusvalías de 41 céntimos por cada título recibirán una la carga fiscal más alta.
 
FUENTE: www.elboletin.com 

ADICAE dice que puede demostrar que Caja España engañó premeditadamente en la venta de preferentes

El argumentario interno de la caja, al que ADICAE asegura que ha tenido acceso, "acredita que la Caja decidió engañar a los consumidores para poder reforzar sus balances" y que "incentivaba entre sus empleados de manera destacada la venta de preferentes, que constituían el producto por cuya colocación más “pluses” se otorgaban a las sucursales".
 
20.02.2014
El documento, que ADICAE ha explicado que aportará a los juzgados en los que mantiene demandas colectivas contra la entidad junto con las reclamaciones de otras 300 personas que se han sumado a las mismas, evidencia que las preferentes fueron comercializadas "de manera intencionadamente engañosa" entre pequeños ahorradores sin perfil inversor, con el objetivo de obtener liquidez y mejorar así sus ratios de solvencia.

La asociación denuncia en un comunicado remitido a los medios que "Caja España (ahora Ceiss y pronto Unicaja si se resuelve el eterno proceso de fusión, a costa de nuevo de sus afectados por preferentes) no tuvo reparos en colocar este producto complejo y de riesgo entre clientes conservadores que desconocían los riesgos del mismo". De hecho, el público objetivo al que Caja España recomienda vender preferentes es el de “economías domésticas de todos los segmentos de edades, que buscan rentabilidad a largo plazo”.

Entre las directrices destaca la de “No utilizar la palabra perpetuo. Suena muy mal, aunque sean perpetuas”. Es decir, no sólo no se aportó información suficiente a los preferentistas sino que se les engañó deliberadamente para beneficio de la entidad manipulando a los clientes y evitando informar sobre una de las condiciones fundamentales que hacen tan peligroso este producto (su carácter perpetuo).

En el documento se indica a los comerciales que el objetivo es atraer a nuevos clientes en base a los intereses ofrecidos y reactivar a los antiguos para que traigan “dinero nuevo”.  Incluso se llegó a presionar para su venta, dejando claro en interés de quién se actuaba, en un mail interno: “Refuerza nuestra posición de cara a movimientos entre cajas. Nos va la vida en ello. Hay que venderlas sea como sea”. 

En este “sea como sea” se incluye asegurar a los clientes que “cobrarán intereses de manera trimestral”, cuando en realidad está sujeto a que el banco tenga beneficios; que es un “producto adecuado para la diversificación” y que el cliente podría disponer de sus fondos, como si fuera un producto líquido, cuando en realidad no lo es. Para ello incluso se ofrecía la contratación de un depósito que luego se destinaba a la compra de las preferentes.

Con estos argumentos Caja España consiguió captar los ahorros de miles de familias, que cuando la entidad registró pérdidas se quedaron sin su dinero y fueron forzados a convertirse en accionistas con su correspondiente quita, viéndose ahora abocados a un proceso de canje que impone nuevas pérdidas.

Este protocolo, continúa el comunicado, "que evidencia lo engañoso de comercialización de preferentes, apoya de manera clara las demandas colectivas interpuestas por ADICAE frente a estas y otras entidades financieras implicadas en este fraude masivo". Por ello ADICAE seguirá defendiendo en los tribunales a los afectados ante un fraude que la justicia debe afrontar como lo que fue: una “estafa colectiva” que merece una solución colectiva.
 
FUENTE: www.tribunasalamanca.com

El argumentario de Caja España para colocar las preferentes: “Hay que venderlas sea como sea”

Caja España dio directrices a sus empleados para colocar las preferentes, a pesar de que sabía que eran productos tóxicos: “no utilizar la palabra perpetuo”.
 
Un argumentario interno de Caja España, ahora integrada en Banco Ceiss, muestra las directrices cuanto menos poco éticas que la entidad daba a sus empleados para que colocasen las participaciones preferentes entre pequeños ahorradores. En este documento, que ha sacado a la luz la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), se apuesta por vender los polémicos títulos “sea como sea” y se recomienda a los comerciales no usar la palabra “perpetuo”, que “suena muy mal”.

El documento interno, que Adicae aportará a los juzgados en los que mantiene demandas colectivas contra la entidad, “evidencia que las preferentes fueron comercializadas de manera intencionadamente engañosa entre pequeños ahorradores sin perfil inversor, con el objetivo de obtener liquidez y mejorar así sus ratios de solvencia”, denuncia la asociación.

El público objetivo al que Caja España recomienda vender preferentes en este documento es el de “economías domésticas de todos los segmentos de edades, que buscan rentabilidad a largo plazo”. Entre las directrices para colocarles estos productos destaca la de “no utilizar la palabra perpetuo. Suena muy mal, aunque sean perpetuas”. Para Adicae, esto no sólo muestra que no se aportó información suficiente a los preferentistas sino que “se les engañó deliberadamente” para beneficio de la entidad.

En el documento se indica a los comerciales que el objetivo es atraer a nuevos clientes en base a los intereses ofrecidos y reactivar a los antiguos para que traigan “dinero nuevo”. Incluso se llega a señalar en un e-mail interno que la emisión “refuerza nuestra posición de cara a movimientos entre cajas. Nos va la vida en ello. Hay que venderlas sea como sea”.

En este “sea como sea” se incluye asegurar a los clientes que “cobrarán intereses de manera trimestral”, cuando en realidad está sujeto a que el banco tenga beneficios; que es un “producto adecuado para la diversificación” y que el cliente podría disponer de sus fondos, como si fuera un producto líquido, cuando en realidad no lo era, denuncia Adicae, que añade que incluso se ofrecía la contratación de un depósito que luego se destinaba a la compra de las preferentes.

Sólo en participaciones preferentes, Ceiss tenía en circulación 460 millones de euros, cifra que se elevaba hasta 1.441 millones contabilizando también la deuda subordinada. En total, en estos productos híbridos quedaron atrapados casi 37.000 pequeños ahorradores.
 
FUENTE: www.elboletin.com 

Obligan al Banco Ceiss a devolver 36.000 euros colocados en preferentes

...Pese a que el perfil del preferentista no se ajusta al de fallos anteriores, al tratarse de un joven arquitecto.

l | ponferrada 20/02/2014


El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ponferrada ha fallado a favor de la demanda defendida por Castrillo Asesores por la que reclamaban al Banco Ceiss la devolución a su cliente de 36.000 euros colocados en preferentes en el año 2004.

La peculiaridad de este fallo es que la persona que suscribió las preferentes del Banco Ceiss no se ajusta al perfil de cliente preferentista al que, hasta la fecha ha venido dando la razón los juzgados ponferradinos: personas mayores y con escasa preparación para entender el producto que les estaban colocando.
En caso, se trata de una persona joven y de una profesión, arquitecto, que podrían inducir a no sospechar sobre su falta de preparación para interpretar este producto.

Así lo reconoce en su fallo la titular del Juzgado número 1 de Ponferrada al aseverar que «el demandante, de los datos ofrecidos por las partes, aun sin ser una persona ?como ha ocurrido en otros casos? con escasa cultura, recursos, ?es arquitecto? no puede ser calificado como experto en mercados financieros». Es más, prosigue que «la titularidad de acciones no supone, sin más, conocer las peculiaridades de tal mercado, y en sentido estricto, no supone el conocimiento de los rasgos de las preferentes».

Y es que el demandante, catalogado por el director de la sucursal como «un ahorrador» aseguró ante el juez que consideraba que estaba suscribiendo un producto similar al plazo fijo. De hecho, en su declaración ante el juez, el bancario confirmó que «fue él quin lo llamón y le ofertó el producto, que se comercializó como si fuera un plazo fijo, totalmente garantizado y que si quería recuperar el dinero, bastaba con avisar con tres días de antelación».

El fallo obliga a la devolución de los 36.000 euros e intereses, y condena al Banco Ceiss al abono de las costas procesales.

Otros 71.000 euros
Junto con esta sentencia, el Juzgado número 1 ha fallado en contra del Banco Ceiss obligando a devolver a una mujer octogenaria, pensionista y sin conocimiento en inversiones la cantidad de 41.000 euros colocadas en 2010 en obligaciones subordinadas. Asimismo, en otro caso defendido, como el anterior, por el Despacho Ábaco, el Juzgado número 2 declaró la nulidad del contrato de subordinadas suscrito en 2008 por un matrimonio de Bembibre, obligando al Banco Ceiss a devolver 30.000 euros.

FUENTE: www.diariodeleon.es

Unicaja ultima la estructura de integracion de CEISS

La adquisición por parte de UNICAJA del banco CEISS sigue su curso con la fecha límite del 31 de marzo, día tras el cual UNICAJA desistiría de la integración. De este modo, todavía está pendiente la autorización por parte de la Comunidad Europea que, aunque se anunció casi como automática, todavía no se ha producido.

Mientras se recibe dicha autorización, las entidades trabajan en la nueva estructura del nuevo Grupo formado por UNICAJA y CEISS con el apoyo de medios del Banco de España y del FROB. Miguel Seguí por parte del BdE y Pedro Comín por parte del FROB trabajan en los últimos detalles de la integración en directa colaboración con el presidente de CEISS y con Aurelio Medel presidente de UNICAJA y el autentico mullidor del nacimiento de la nueva entidad. 

Entre los últimos detalles pendientes esta precisamente el modelo de integración. En este sentido, Medel anunció en su día que permanecerían las dos marcas ya que operan en mercados distintos y se solapan poco en sus mercados naturales. Pero incluso en este modelo hay distintas alternativas

José María de la Vega, actual director general de CEISS
José María de la Vega, actual director general de CEISS
Amador Franco Presidente de Ibercaja asumió también la presidencia de Caja3, entidad que adquirió el pasado verano.  Dirigirá temporalmente las dos entidades para evitar roces entre las dos entidades que prácticamente operan en los mismos mercados. Por su parte, Kutxa Bank optó por un modelo totalmente distinto al hacerse cargo de CajaSur:  mantuvo la marca de la entidad comprada y nombró un presidente independiente de la propia Kutxa, aunque sus estrategias estén evidentemente alineadas. Parecido modelo optó Liberbank al absorber la CCM. Inicialmente el presidente fue Manuel Menéndez, a su vez presidente de LiberBank, pero poco después dimitió para nombrar un presidente distinto.



Un bancario y un ex-sindicalista en la dirección de CEISS

En este sentido, no está claro el modelo que adoptará UNICAJA. Actualmente CEISS cuenta con un presidente Evaristo del Canto y un Director General, José María de la Vega, y ambos con perfiles muy distintos: mientras que del Canto procede de la banca, incluyendo una brillante etapa en La Caixa, de la Vega es un ex sindicalista reciclado a bancario, con mucha fama de medrador pero con pocos conocimientos técnicos.


Evaristo del Canto, actual presidente de CEISS
Evaristo del Canto, actual presidente de CEISS
Medel podría optar por mantener a Del Canto como Presidenteen la nueva CEISS una vez se produzca la integración en el grupo UNICAJA, a la vez que se mantiene él como presidente de UNICAJA o bien podría optar por el modelo de Ibercaja, un único presidente, o sea el mismo para las dos entidades, y dos directores general para cada una de las entidades, Manuel Azuaga en UNICAJA como Consejero Director General y por otro Del Canto como principal ejecutivo de CEISS. De la Vega en todo este período transitorio se ha mostrado más como un obstáculo que como un dinamizador de la fusión ya que no en vano va a perder las prebendas que obtuvo en su día incluyendo un sueldo de 300.000 euros.

Así, su figura sigue siendo un problema en el seno de la entidad financiera al estar imputado en un Juzgado de Madrid por el denominado caso Nozar, un crédito otorgado al grupo inmobiliario Nozar sin garantías suficientes. A pesar de haber recurrido su imputación el juez ha negado el recurso. CEISS le ha costado mucho dinero al Estado y, por ende, a todos nosotros por lo que en esta nueva etapa que comenzara de la mano de UNICAJA no debe contar con todos aquellos que la llevaron a la quiebra.

La Ley de Cajas hablaba de idoneidad para el nombramiento de directivos, pues bien en el caso de De la Vega no se cumplió al no tener formación alguna.

FUENTE: www.mercado-dinero.es

 

Rajoy rechaza abrir una comisión en el Congreso para investigar la quiebra de las cajas

“En España las instituciones, los tribunales, funcionan. Dejémosles que hagan su labor y que el Gobierno y el Parlamento se ocupen de la suya”, defiende el presidente del Gobierno.
 
E.B. / 19-02-2014 • 10:53
 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado la propuesta de IU de abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre las responsabilidades políticas en la quiebra de las cajas de ahorros, una labor que en su opinión corresponde a la Justicia. “En España las instituciones, los tribunales, funcionan. Dejémosles que hagan su labor y que el Gobierno y el Parlamento se ocupen de la suya”, ha defendido.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el presidente del grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, ha preguntado a Rajoy si tenía intención de promover una comisión parlamentaria de investigación para depurar responsabilidades políticas sobre la quiebra financiera.

La respuesta del jefe del Ejecutivo ha sido que “lo peor en ese tema ha sido superado gracias a las decisiones adoptadas” con la reforma financiera, preservando los ahorros de los ciudadanos españoles y “muchos” puestos de trabajo, ha defendido Rajoy, según recoge Europa Press.

En paralelo a esta gestión, tanto la Fiscalía como los tribunales de Justicia han iniciado “muchos sumarios” para averiguar de quién es la responsabilidad de lo que ha sucedido en algunas entidades bancarias.

“Uno de los problemas más importantes que tuvo que afrontar el Gobierno fue el de la situación del sistema financiero, sin el que no hay economía que funcione. Y, a estas alturas, el Gobierno se ha ocupado de lo que tenía que ocuparse: de garantizar los depósitos, los fondos de inversión, los planes de pensiones de todos los ahorradores españoles. Y eso, por fortuna, se ha conseguido, y no como en otros países muy próximos al nuestro”, ha insistido Rajoy.

Sin embargo, para Lara ni la intervención del Ejecutivo ni los casos que hay abiertos en varios tribunales españoles son suficiente, sino que es necesario abrir una comisión parlamentaria que investigue “el mayor saqueo a las cajas de ahorros que se ha producido en la etapa democrática”, y que ha supuesto el “expolio” de unos 61.000 millones de euros por parte “de unos cuantos” pero que están pagando “todos los españoles” a través de los “recortes”, las rebajas salariales y “mucho sufrimiento”.

“La gravedad de este expolio a las cajas exige una investigación profunda del Parlamento. No es suficiente que la Fiscalía haya iniciado algún proceso ni la investigación anunciada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El pueblo tiene derecho a saber quiénes se han llevado el dinero, con nombres y apellidos”, ha exigido Lara.

Y es que, a su juicio, hay que aclarar el grado de responsabilidad de los miembros de los consejos de administración de las cajas, “todos, incluido alguno de IU”, en la autorización de “operaciones temerarias” de concesión de créditos, así como conocer el “grado de complicidad” de los empresarios, directivos y ejecutivos en este tipo de operaciones. “Queremos que se investigue todo, porque no es posible que este inmenso expolio se haya producido sin un alto grado de corrupción”, ha insistido.
 
FUENTE: www.elboletin.com 

La supuesta imparcialidad del fiscal general

18.02.2014 | 21:45
 
Si el Ministerio Fiscal debe actuar bajo los principios de legalidad e imparcialidad, velando por la independencia de los jueces y tribunales, y ejercitando las acciones penales y civiles de delitos y faltas. Sin embargo, por el sistema de nombramientos, por la posibilidad de que el gobierno inste el interés del ministerio fiscal en una actuación concreta, por la llamada jerarquía del ministerio fiscal y especialmente, porque algún fiscal general se ha comportado más como ideólogo partidista que como jefe imparcial de la fiscalía, está dando lugar a un grave deterioro y correspondiente desprestigio de esa institución. El actual fiscal general del estado Torres-Dulce, se manifiesta muchas veces de una manera muy sesgada en asuntos muy importantes de política criminal con intervención personal.

    Lo primero que hizo tras su nombramiento, fue ordenar que se abrieran diligencias por la fiscalía de Madrid para que se investiguen los restos ferroviarios de los atentados del 11-M, encontrados en una empresa de Madrid. Admitió que su decisión se basaba en una información periodística, asegurando que tomaba la decisión sin pedir informes policiales y que podía haber un delito de «obstrucción a la justicia». Como se le hizo ver que ese delito en todo caso, habría prescrito, y que ya varios jueces habían rechazado reabrir el caso,  rectificó  diciendo que era una pre-instrucción, como una investigación genérica porque no se sabía si había delito. Todo lo cual está prohibido por el ordenamiento jurídico español.

    Se ha opuesto a la concesión del indulto al juez Garzón (cuyo expediente se extravió durante dieciséis meses) por considerar que «no se dan las exigencias previstas por la Ley» para otorgar la medida de gracia, pues el mayor delito que puede cometer un juez es el de la prevaricación por vulnerar frontalmente el derecho de defensa. Olvida el fiscal que en el acto del juicio contra el juez Garzón, los fiscales del caso se opusieron a su condena solicitando su absolución, por lo que ha ido contra el principio de unidad de la fiscalía.

  No se recurrió por la fiscalía ante el Tribunal Supremo, la sentencia absolutoria de un jurado a Francisco Camps y Ricardo Costa por el Caso Gürtel, cuando las dos fiscales de la acusación por anticorrupción solicitaron las penas correspondientes, y con un veredicto del jurado en que decía que los trajes se habían pagado al sastre, cuando no sólo no hubo ninguna prueba de ello, sino que ninguna de las partes alegó dicho pago al sastre.

  Un asunto muy grave fue el de dar instrucciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que cambiara de criterio y acusara de colaboración con ETA al ex jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector José María Ballesteros en relación con  el caso Faisán. Para ello ha impuesto su jerarquía estatutaria contra el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se inclinaba por imputar a los dos agentes únicamente un delito de revelación de secretos, que es por lo que en definitiva ha condenado la Audiencia nacional como pronosticaban relevantes juristas. Siendo increíble que un continuo y amenazado luchador contra la banda terrorista ETA, como era Enrique Pamiés, pueda ser acusado de colaborador de terroristas.

  Torres-Dulce movilizó a los fiscales jefes contra los escraches a los políticos para que le informaran de todos los supuestos y de estudiar la posibilidad de acusar como delito de coacciones, y así se hizo, solicitando la condena en los escraches a los políticos, con el resultado de haber sido rechazados por los juzgados penales y confirmado por una reciente sentencia de la Audiencia nacional.

   Por último, ha tenido un enfrentamiento con la Junta de fiscales del Tribunal Constitucional. El asunto deriva de la fiscalía del citado tribunal, que defendió  la necesidad de que el Constitucional se pronunciara sobre el deber de los jueces españoles de investigar las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, puesto que los tribunales estaban dando respuestas «dispersas, con argumentaciones no pocas veces contradictorias y sin ajustarse a unos mínimos parámetros interpretativos» sobre un tema de «relevancia jurídica y social». Pero el fiscal general ordenó que se desistiera del recurso presentado para lograr una doctrina sobre las víctimas del franquismo. Y además, impuso que todos los casos que entraran en el Constitucional y que tuvieran que ver con el franquismo o la memoria histórica, fueran supervisados por una persona de su confianza, el teniente fiscal, Anselmo Sánchez Tembleque. Y con la orden llegó la revuelta. Los fiscales del Constitucional convocaron una junta asistiendo el fiscal general del Estado. Varios fiscales reprocharon al fiscal general su injerencia y le recordaron que las normas de reparto han de ser dictadas por la propia junta de fiscales y que entre sus atribuciones no está la de asignar el trabajo de supervisión a un fiscal en concreto, ya que esta depende de la materia que traten. Torres-Dulce acabó reculando en su intención, pero en todos los asuntos referidos a la memoria histórica, se opondrá el ministerio fiscal a que sean debatidos en el Constitucional. Por ello se puede decir que Torres-Dulce ha dado «el tiro de gracia» a la investigación de las víctimas del franquismo.

FUENTE: www.diarioinformacion.com

jueves, 20 de febrero de 2014




¡ATENCIÓN SOCIOS!

DADO QUE LA ASOCIACIÓN NO TIENE NECESIDADES DE FINANCIACIÓN PARA EL AÑO 2014, LA JUNTA DIRECTIVA HA DECIDIDO QUE NO SE COBRARÁ POR EL MOMENTO CUOTA DE SEGUNDO AÑO A NINGÚN SOCIO




miércoles, 19 de febrero de 2014

Razón y Justicia ha presentado ya 135 demandas por las preferentes

La asociación, que tiene otras 300 en trámite y representa a 1.800 afectados, está a la espera de qué ocurre con la oferta del FR

19.02.14 - 12:19 - R. S. R. | PALENCIA  
 
La Asociación Razón y Justicia, que aglutina a los afectados en Palencia por las preferentes y subordinadas de Caja España-Duero, ha presentado hasta el momento en el juzgado un total de 135 demandas, y en trámite hay otras 300, según indicó ayer el presidente del colectivo, Manuel Collado, que incidió en que, a día de hoy, la cifra de socios está en torno a 800, «y representamos a 1.800 afectados, porque cada socio representa a 2,3 personas, todos de Palencia menos cincuenta socios que son de otras provincias, gente relacionada con Palencia pero que vive fuera».

«El primer juicio de un afectado en Palencia ha salido ya favorable, y han recuperado unos 28.000 euros. Es verdad que nosotros vamos más retrasados que en otras provincias en la presentación de las demandas porque habíamos aconsejado paciencia», subraya Manuel Collado, que hace hincapié en cómo está la situación de los preferentistas.

«Unicaja se ha postulado como el comprador del Banco Ceiss e hizo una oferta que estaba avalada por el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). Nosotros nos habíamos opuesto, pero el resultado es que Unicaja ha obtenido aproximadamente el 49,6% de las firmas de los afectados, y había exigido que había que llegar hasta el 75%. Como no se ha llegado a la cifra que exigía Unicaja, el FROB se ha comprometido a que va a volver a aportar hasta 319 millones de euros con objeto de atender las demandas de los que no hemos firmado. Esa nueva oferta del FROB era avalada por la Unión Europea, y Unicaja ha dado hasta el 31 de marzo para que la postura de la UE se haga firme y firmar definitivamente, pero la situación es que todavía no hay un acuerdo final», apunta Manuel Collado. 

«Nosotros estamos esperando porque hay rumores de que el Banco Ceiss quiere empezar a negociar con parte de los afectados que no hemos firmado pero que hemos presentado demanda, por ahí parece que quieren respirar. Estamos pendientes de que se llegue al acuerdo final, pero todo parece indicar que tendremos que seguir la vía civil porque no se van a conseguir los resultados que creemos se tienen que exigir», puntualiza el presidente de la Asociación Razón y Justicia, que sigue esperando porque «cabría la posibilidad de que Unicaja se eche atrás si Europa no acepta la nueva propuesta que han hecho y habría que ir a nacionalizarlo». 

La Asociación Razón y Justicia considera que el Banco Ceiss, su consejo de administración, la Junta, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, el FROB, Unicaja, el Ministerio de Economía y el Gobierno de España «son los causantes de esta situación en la que estamos, por eso decimos que están mintiendo, puesto que han hecho declaraciones todos y ellos mismos se contradicen. Son los culpables directos, nosotros nos estamos formulando los mismo temas y nadie nos desmiente», según Collado.
 
FUENTE: www.elnortedecastilla.es

La Fiscalía archiva la denuncia de San León contra Banco Ceiss

Anticorrupción asegura que ya se investiga la gestión de los directivos

19.02.2014 | 00:38

La Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada ha archivado la denuncia presentada por el político zamorano Luis Rodríguez San León contra los dirigentes de Caja España y Caja Duero, ahora Banco Ceiss, por la posible existencia de irregularidades y delitos de «prevaricación, tráfico de influencias, malversación de dinero de depositarios, ahorradores y preferentistas, administración desleal, abuso de poder, mala gestión de su dinero e inversiones dudosas». San León, que fue senador en las Cortes Constituyentes, concejal del Ayuntamiento y diputado provincial y actualmente está integrado en el Centro Reformista Democrático, entiende que ha sido los dirigentes de las entidades mencionadas (presidentes, vicepresidentes, directores generales, consejeros, presentes de la comisión de control y gestores) los que las «han llevado a la ruina total y quiebra, con despidos masivos de empleados, cierre de oficinas y despachos y dejar sin los dineros de toda su vida de trabajo a estos ahorradores de preferentes».

El archivo de la denuncia se debe, según explica la Fiscalía a que «sobre los hechos a los que se refiere su escrito ya se siguen procedimientos judiciales, y en relación a las participaciones preferentes emitidas por las entidades referidas en su escrito, se siguen diligencias de investigación en esta Fiscalía Especial».

La solicitud a la Fiscalía realizada por Rodríguez San León añadía la petición de que «todas las inversiones de los preferentistas se les devuelva la totalidad de sus ahorros de toda la vida, más los intereses legales, por el engaño sufrido por las citadas entidades financieras de Castilla y León». El zamorano pedía la relación de las cantidades percibidas por los directos por su gestión. «Además de su nefasta y perjudicial gestión, estuvieron cobrando grandes sumas de dinero por una gestión nefasta y presuntamente delictiva, que de ser así se les pueda exigir también responsabilidad económica a nivel personal, si hubiese lugar, y el presunto enriquecimiento que pudiesen haber tenido».

San León entiende que también los sucesivos gobiernos de la Comunidad han tenido su responsabilidad «pues conocían y participaban en los nombramientos de los máximos responsables de estas dos entidades de Castilla y León».
 
FUENTE: www.laopiniondezamora.es

Sentencia histórica: la Justicia ya considera una estafa la salida a Bolsa de Bankia y obliga a devolver el dinero

Un juzgado de Oviedo condena, por primera vez, a Bankia a reintegrar el dinero invertido en la colocación de acciones de la OPV de 2011. El magistrado considera que se produjo mala comercialización por parte de la entidad al entender que a los clientes se les estaba engañando con el precio de las acciones y con una gran demanda inexistente. La entidad presidida por Goirigolzarri ya ha devuelto los 38.000 euros en títulos que invirtió una familia, a la que también se le había colocado 60.000 euros en preferentes.

Bankia pierde otra batalla en los juzgados. Una derrota que puede tener unas consecuencias impredecibles para la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri. Pablo Martínez-Hombre, titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Oviedo, ha firmado una sentencia histórica en la que se condena a la entidad a devolver a una familia los 38.000 euros que invirtieron en la compra de títulos de la oferta pública de venta (OPV) celebrada en julio de 2011. La sentencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, dictada el pasado 21 de noviembre, supone el primer fallo contrario a Bankia por la mala comercialización de sus acciones con motivo de su salida a Bolsa. Sólo en el primer año, los inversores perdieron un 82% del precio inicial de 3,75 euros por acción, lo que suponía una rebaja del 15% respecto al nivel más bajo de la banda inicial (4,41-5,05 euros).

El juez Martínez-Hombre fundamenta su fallo en la mala comercialización realizada por la entidad en la colocación de estos títulos, lo que abre la esperanza a los miles de afectados que han denunciado a Bankia por esta causa. En su exposición, el magistrado basa la condena en dos circunstancias. Por un lado, recalca que los trabajadores de la entidad reconocen que vendieron a los afectados "unos valores muy demandados, puesto que se estaban vendiendo por debajo de su valor". "Lo que notoriamente no era cierto", asegura el magistrado. La segunda circunstancia que critica el juez se basa en cómo la entidad incitó a los afectados a solicitar una cantidad de títulos superior a la que realmente deseaban, en base a que "seguramente habría un prorrateo sobre las peticiones, dada la elevada demanda de acciones que estaba teniendo lugar". Sin embargo, los afectados tuvieron que 'comerse' la sobrepetición de acciones al no existir prorrateo finalmente.

"Ello unido al hecho, no negado por la demandada (trabajadora de la entidad), de que los demandantes intentasen ponerse en contacto con la entidad bancaria el último día de la oferta con la intención de anular la orden, reconociendo la citada testigo que, cuando habló con ellos alrededor de ese día, le manifestaron esta voluntad, demuestra que los clientes firmaron las órdenes en junio de 2011 en la creencia de que las cantidades recogidas en ella tenían carácter provisional, siendo la cantidad que realmente iban a invertir la que resultase del prorrateo que en el banco les había comunicado que se iba a realizar", explica la sentencia.
"Todo ello hace pensar que los actores sufrieron, al tiempo de firmar las órdenes", prosigue el fallo judicial, "un error tanto sobre la cantidad de títulos que adquirían y de dinero que invertían como sobre el valor de dichos títulos, inducidos a pensar por la entidad que la cantidad que finalmente invertían sería inferior a la reflejada en los títulos y que el valor de estos era muy superior al precio que iban a pagar por ellos".
El juez explica en su fallo que "no era cierto" que hubiera mucha demanda por las acciones de Bankia, como aseguraba la entidad, ni que los títulos se estuvieran vendiendo "por debajo de su valor" por este exceso de peticiones
La sentencia no fue recurrida por Bankia, según confirman fuentes de la entidad, que aseguran tener fallos en sentido contrario. De hecho, el banco presidido por Goirigolzarri ha devuelto ya a esta familia afectada no sólo los 38.000 euros invertidos en la compra de títulos en la salida a Bolsa sino también otros 60.000 euros colocados en preferentes. "Inicialmente", relata a este medio José Antonio Ballesteros, el letrado de los afectados, "mis clientes sólo pretendían reclamar la inversión en preferentes porque veían complicado poder recuperar el dinero de las acciones porque es un producto de más riesgo. Todo el mundo sabe lo que implica comprar acciones.

"Sin embargo", prosigue el letrado, "les animé a reclamar por las acciones porque considero también que la colocación fue una baraja marcada por la contabilidad falseada por el equipo de Rato (la sentencia sólo se refiere a la mala comercialización, no dice nada de la reformulación de las cuentas). El fraude en la colocación de las acciones de Bankia ha sido tan evidente que la viabilidad de las demandas de nulidad de las compras de acciones o de resarcimiento de las pérdidas sufridas es aún más evidente que en el caso de las preferentes".

Esta sentencia puede convertirse en precedente para el fallo que tiene que dictar José María Fernández Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, sobre la demanda interpuesta por dos hermanas de Badalona que han solicitado la nulidad de la compra de acciones de Bankia por valor de 90.000 euros que hizo su padre, que entonces tenía 90 años, al considerar que la entidad no le informó correctamente sobre su nivel de solvencia. El juicio oral se celebró el pasado 10 de febrero.

En la vista, la abogada de Bankia alegó que el anciano -que falleció en diciembre pasado a los 92 años de edad- estaba perfectamente lúcido cuando compró las acciones, se le informó debidamente del producto y conocía los riesgos de su adquisición. En el juicio han declarado únicamente el director de la oficina de Badalona y la responsable de zona de Bankia, que fueron a casa del anciano a venderle las acciones, ya que la entidad financiera ha renunciado a interrogar a las dos hermanas, que alegan que su padre firmó la compra de acciones pensando que compraba Bonos de la Generalitat.

En el caso de prosperar las reclamaciones de esta y otras causas pendientes, Bankia tendría que hacerse cargo del pago de las posibles condenas, que se sumarían a las cuantías que la entidad tiene que satisfacer por las reclamaciones judiciales y los arbitrajes de las preferentes y deuda subordinada. Goirigolzarri estima el coste del arbitraje en 1.200 millones, como explicó en la presentación de resultados anuales del grupo. Sobre las reclamaciones judiciales por los híbridos, Bankia resarcirá los primeros 230 millones que tenga que devolver por los fallos en los tribunales. A partir de esta cantidad, será Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz del grupo, quien asumirá el pago a los afectados. Un movimiento que la entidad se niega a explicar.

FUENTE: www.vozpopuli.com

El FROB, obligado a asumir la factura de las preferentes para malvender las cajas rescatadas

Las cláusulas de los contratos de venta de las entidades rescatadas todavía pueden aumentar las pérdidas para el FROB.
 
E.B. / 17-02-2014 • 12:31
 
A finales del año pasado, España abandonó definitivamente el rescate financiero tras la línea de crédito otorgada por las autoridades europeas para sanear la banca. Sin embargo, eso no significa que la factura a costa de los contribuyentes, que asciende por ahora a 61.000 millones de euros, ya se haya cerrado. De hecho, las últimas operaciones de venta realizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contemplan algunas cláusulas relacionadas a los litigios que tienen abiertas las entidades rescatadas en asuntos como las preferentes que elevarán la cifra final.

El contrato entre el FROB y Banesco para la venta de Novagalicia incluye una cobertura del 85% en determinados litigios a costa del fondo de rescate, por lo que el coste para los contribuyentes puede aumentar.

El FROB ha estimado unos 275 millones de euros, pero sólo Aviva reclama a Novagalicia un total de 430 millones por romper unilateralmente el acuerdo suscrito en 2001 con Caixa Galicia, una de las cajas integradas en la entidad nacionalizada, para vender seguros y planes de pensiones en sus sucursales bancarias. En caso de que la justicia de la razón a la aseguradora, la factura sólo para el FROB correspondiente a su 85% ascendería a 365,5 millones.

Sobre la mesa, también, las demandas presentadas por los antiguos preferentistas de Novagalicia. Según los cálculos de las diferentes plataformas de afectados, de los 80.000 ahorradores que en su día quedaron atrapados por estos títulos, alrededor de 35.000 siguen sin haber recuperado sus ahorros a pesar de los arbitrajes, y muchos de ellos acudirán a la justicia ordinaria para recuperar el dinero. Por el momento, ya existen unas 700 sentencias firmes a favor de los afectados.

Banesco pagará 1.003 millones de euros por Novagalicia, en la que el Estado ha inyectado 9.052 millones, pero aún así debido a esta cláusula el máximo que podría recuperar el FROB asciende a 728 millones.

Una garantía adicional ha otorgado el FROB dentro de la venta de Banco Ceiss a Unicaja, en la que la entidad andaluza se ha salido con la suya tras casi tres años de duras negociaciones.

El fondo dependiente del Banco de España se comprometió a aportar 160 millones de euros para compensar mediante un mecanismo similar al arbitraje a los afectados por las preferentes que aceptaron la oferta de canje de Unicaja, siempre que se demuestre que fueron engañados. A esta cifra se unieron otros 241 millones como garantía para cubrir las demandas judiciales presentadas por los preferentistas, aunque en este caso por los que no aceptaron el canje.

En total, más de 400 millones de euros que se suman al coste del rescate de Ceiss, que asciende a 1.129 millones a través de os inyecciones.
 
FUENTE: www.elboletin.com 

Condenan a CEISS a devolver 18.000 euros a un matrimonio berciano

El juez aprecia "violación por parte de Caja España de normas imperativas"

5/02/2014

El Juzgado de Primera Instancia número dos de Ponferrada (León) ha dictado una nueva sentencia sobre preferentes de Caja España, actualmente en Banco CEISS, condenando a esta entidad a devolver a un matrimonio 18.000 euros, más intereses y costas, por la "nulidad radical y absoluta" de la suscripción.

La demanda se interpuso en octubre de 2013, el juicio se celebró el pasado 12 de febrero y la sentencia se dictó dos días después como "claro indicio de las pocas dudas que suscitó en la juzgadora el planteamiento del caso", según han informado hoy en un comunicado de prensa los abogados de los demandantes.

Según los letrados, se trata de una "sentencia novedosa" porque "va más allá de la apreciación de vicios" en el consentimiento de la suscripción, ya que "comporta automáticamente la nulidad absoluta de todos los contratos vinculados a ella", así como del canje por bonos de Banco CEISS "efectuado de manera forzosa".
El motivo de la nulidad absoluta es la "violación por parte de Caja España de normas imperativas" como son las de protección a los consumidores, la legislación del mercado de valores y la Directiva Europea de Mercados Financieros.

De esta forma, "jurídicamente simplifica mucho la resolución del caso, porque deja a un lado valoraciones subjetivas sobre las condiciones personales de los demandantes, como su profesión, edad o formación académica, para centrarse únicamente en la cuestión objetiva de la infracción", han observado las mismas fuentes.

La sanción de nulidad radical y absoluta es "la más dura posible" desde el punto de vista civil y, según recoge la sentencia, es "perpetua e insubsanable, por lo que ni la doctrina de los actos propios, ni la de la confirmación son aplicables en materia de nulidad radical o de pleno derecho contractual".

La sentencia, en cuanto a la actuación de la entidad financiera, recoge que "se pone de relieve el incumplimiento esencial de la entidad bancaria en la contratación de estos productos que fueron comercializados de forma masiva, por la misma, entre clientes minoristas".

Así, se habría "vulnerando en la forma de comercialización las normas de competencia desleal con publicidad engañosa, y por ello ilícita, provocando una distorsión del comportamiento en el mercado de los consumidores y usuarios".
La sentencia no es firme y cabe recurso por parte de la entidad financiera en el plazo de veinte días.

FUENTE: www.diariodeleon.es

 

El fiscal ve indicios de tres delitos en el ‘caso de los kilometrajes’ que se imputa a Isabel Carrasco 

Un auto pide abrir nuevas diligencias por el presunto cobro irregular de dietas de la presidenta de la Diputación 

14.02.14 - 19:00 - J. J. PORRAS | LEÓN 

El polémico 'caso de los kilometrajes' en el que se acusa a la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, de cobrar presuntamente dietas de kilometrajes como consejera de Caja España por cubrir desplazamientos que realizaba con su coche oficial de la Diputación ha dado un nuevo giro con un nuevo auto de la fiscal a la titular del Juzgado número 3 de León, Blanca Esther Díez, en el que pide nuevas diligencias y aprecia tres posibles delitos: malversación de caudales públicos, falsificación de documento público y otro relativo al artículo 439 del Código Penal por malversación de cargo público. Un tipo de delito, éste último, que supone pena de prisión de seis meses a dos años, una multa económica y la inhabilitación especial para cargo público de entre uno a cuatro años.

El auto, con fecha 5 de febrero, supone un nuevo varapalo para la también presidenta del PP leonés ya que hasta la fecha incluso ha rechazado públicamente su imputación en el caso por el que supuestamente habría cobrado unos 20.000 kilómetros a un precio de 20 céntimos por kilómetro.

Asimismo, la fiscal ve la necesidad de que testifiquen los tres testigos recusados en su día por Carrasco por “enemistad manifiesta” por lo que desestima su recurso. Estos testigos son tres exconsejeros de Caja España: el expresidente de la Diputación, Javier García Prieto (contra el que el PP leonés ha intentado promover medidas sancionadoras), el exalcalde de León, el socialista Paco Fernández, y Miguel Ángel Álvarez, actual consejero del Banco CEISS y responsable del Monte de Piedad de la entidad.
El escrito de la letrada destaca que el testimonio de estos testigos más el del chófer de Carrasco es «pertinente y útil» ya que por su cargo pueden aclarar si vieron a la presidenta asistir a los consejos de administración con su coche oficial los días señalados en el auto y explicar la dinámica y funcionamiento de estas reuniones y el cobro de dietas por su asistencia. Además, la fiscal también ha solicitado que se amplíen las declaraciones judiciales a otros tres chóferes de la Institución provincial, a mayores de los ya citados anteriormente.

Dos años de culebrón
El ‘caso de los kilometrajes’ se remonta ya a hace más de dos años, cuando el PSOE presentó la denuncia. Una vía judicial que los socialistas abandonarán poco más tarde al entender que una acción en los tribunales en contra de la presidenta de la Diputación podría perjudicar a los ayuntamientos socialistas en el reparto de inversiones de los planes de la Diputación Provincial de 2012. Pero el relevo de la denuncia lo tomó el concejal del Partido Autonomista Leonés (PAL) en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Francisco Fernández Gómez. Desde entonces las recusaciones de testigos y los múltiples recursos de ambas partes han alargado en el tiempo la instrucción judicial en la que tan si quiera se ha llamado a declarar a Isabel Carrasco. 

FUENTE: www.elnortedecastilla.es

viernes, 14 de febrero de 2014

ATENCIÓN A TODOS LOS AFECTADOS DE LA ZONA TIERRA DE CAMPOS

A PARTIR DEL MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO ESTÁ ABIERTA 
NUESTRA NUEVA OFICINA EN MANSILLA DE LAS MULAS

AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS PRIMERA PLANTA

HORARIO ATENCIÓN: MIÉRCOLES DE 12 A 14H



OS ESPERAMOS

Un ex consejero declara ante el juez que la Caja le engañó al aprobar preferentes

José Antonio Turrado testificó en Ponferrada a favor de un matrimonio de afectados.

CARLOS FIDALGO | PONFERRADA 13/02/2014

Cumplió su palabra. El secretario autonómico del sindicato agrario Asaja y consejero de Caja España hasta el año pasado, José Antonio Turrado, viajó a Ponferrada para declarar en un juicio de preferentes como testigo de la acusación. Ocurrió el 27 de enero y Turrado aseguró «sentirse engañado» por la entidad financiera durante la vista oral celebrada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres. La demanda —interpuesta por un matrimonio de avanzada edad que reside en San Miguel de las Dueñas y que reclama la devolución de 29.000 de los 40.000 euros que invirtieron en preferentes, más 3.000 euros por daños morales— quedó vista para sentencia.

«Si los primeros que nos podemos sentir engañados somos los consejeros, hay que entender cómo se pueden sentir los clientes», declaró Turrado ante la juez, según la declaración a la que ha tenido acceso este periódico y que el propio ex consejero de Caja España entre julio de 2006 y la primavera del 2013 confirmó ayer. Turrado, que hace un año mostró públicamente su disposición a testificar a favor de los afectados por preferentes —también está citado como testigo en otros dos juzgados de León— ha levantado incluso un acta notarial para dejar constancia de lo que sucedió en la reunión del consejo de administración de Caja España, hoy Banco Ceiss, que aprobó la emisión de preferentes del año 2009. «Me sentí engañado, se actuó con absoluta deslealtad por parte del equipo directivo», repitió ayer en conversación con este diario. «Fue un aquí te pillo aquí te mato. Apenas nos dieron un folio y medio que no decía más que obviedades», añadió.

Ya lo había declarado hace quince días ante la juez de Ponferrada, para sorpresa del abogado defensor de la entidad financiera, incluso de la letrada de la pareja de demandantes que le había citado como testigo. «Si el equipo directivo de la entidad, a los consejeros, que no éramos expertos en finanzas como todo el mundo sabe, no nos asesoró, no nos informó, y no nos dijo el riesgo que había, ni para qué servía este tipo de producto, entiendo que con los clientes tampoco se hizo», testificó.

Turrado declaró además que el acta de la reunión del consejo de administración de Caja España que en 2009 dio el visto bueno a una nueva emisión de preferentes no refleja lo que realmente ocurrió con un tema que niega que estuviera fijado en el orden del día. «Se incorporaron al acta documentos que no se aportaron al consejo de administración», afirmó en el juzgado número tres de Ponferrada. Y citó «el informe de analistas financieros» sobre las preferentes que apareció posteriormente en la web de la entidad. «Allí mismo no se aportó», subrayó.

Experto financiero
El secretario de Asaja defendió durante el juicio su competencia para ser consejero de Caja España sin ser un experto financiero. «El equipo directivo tenía la obligación de informarnos» a los consejeros, declaró. Y dudó de que los propios empleados de la entidad recibieran en su momento la información suficiente del producto financiero como para trasladársela a sus clientes minoristas. «Si ellos no lo tenían claro, difícilmente se puede explicar», afirmó. Turrado echó en falta que Caja España aprobara en aquella sesión una campaña divulgativa del producto.

«Irregularidades»
«Se produjo un cúmulo de absolutas irregularidades», relató ayer a este periódico, convencido de que el equipo directivo de la entidad no fue leal con los consejeros. Y puso como ejemplo «la explicación exhaustiva» que recibieron los miembros del consejo de administración cuando la entidad recibió la primera inyección de dinero público, 550 millones de euros, mediante una emisión de preferentes. «Para que entrara dinero público en la entidad, se dedicó el tiempo necesario a explicarlo, pero unos años antes y para una emisión de preferentes destinada al mercado mayorista y minorista, se pasa tapadillo, como el que está hablando del alquiler de una nueva sede en Cacabelos», afirmó ayer a este diario.
«¿Sabe algo de los hechos concretos?», le preguntó el letrado del Banco Ceiss, según recoge la grabación del juzgado en un intento de desactivar el testimonio demoledor de Turrado. El secretario de Asaja reconoció que desconocía a los demandantes y que las participaciones preferentes no eran un producto diseñado por Caja España. Ayer insistió en que su testimonio genérico puede ayudar a los clientes de Ceiss atrapados en participaciones preferentes, con independencia de las circunstancias concretas de cada caso, como ya anunció hace un año, cuando se ofreció públicamente a testificar sobre su experiencia como consejero de la entidad. Los demandantes de San Miguel de las Dueñas, reconoció ayer Turrado, no sabían cómo agradecerle su testimonio.

FUENTE: www.diariodeleon-es