El presidente de la Diputación de León cae en la Operación Púnica

Marcos Martínez Barazón, del PP, sustituyó en mayo a la asesinada Isabel Carrasco

• Detenido por corrupción Francisco Granados, ex número dos de Aguirre

 

Uno de los detenidos en la macrorredada que está realizando la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional es el actual presidente de la Diputación de Léon, Marcos Martínez Barazón, del PP.

Martínez Barazón solo lleva en el cargo cinco meses. Tomó posesión el pasado 30 de mayo y sustituyó a la fallecida Isabel Carrasco, que murió asesinada a tiros dos semanas antes en León mientras caminaba por la calle. La Operación Púnica, por la que ha sido arrestado Martínez Barazón, investiga una "trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia". La operación abarca los últimos dos años de gestión.

Hasta el asesinato de la presidenta provincial, Martínez Barazón desempeñaba el cargo de vicepresidente primero de la Diputación de León y delegado para Educación y Apoyo a la Emigración. Cuando tomó posesión de la presidencia, destacó que Carrasco había sido su “amiga y compañera”. Al momento de su nombramiento, afirmó también que asumía el puesto “con el convencimiento de que la senda marcada es la correcta”. Y añadió: “ Debemos seguirla para conseguir nuestro objetivo de trabajar por y para nuestra provincia”.

Al referirse a la expresidenta de la Diputación, Martínez aseguró que su muerte “dejó huérfana a la provincia porque ella lo abarcaba todo”. “Era el alma de esta institución”, dijo entonces, el coraje y la fuerza de la Diputación y su espíritu permanecerá para siempre entre los muros de este palacio”.
El presidente de la Diputación de León, nacido en Sariegos (León) en 1957, es ingeniero técnico agrícola y funcionario de Justicia, según consta en la página web de la institución. Ha desarrollado toda su carrera política en León. Además, es alcalde de la localidad leonesa de Cuadros (unos 1.980 habitantes) y diputado provincial desde 2007.

Agentes de la Guardia Civil, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, desarrollan este lunes una macrorredada y registros en empresas y domicilios particulares durante los que han sido detenidos el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados (PP) y varios constructores por el pago de dinero a cambio de favores políticos. De momento han sido detenidas 51 personas en cuatro comunidades autónomas. Entre los arrestados están dos alcaldes de Madrid y Marcos Martínez Barazón.

 

FUENTE: www.elpais.com

Caja España defiende la solvencia de la entidad cuando vendió preferentes

La Audiencia Nacional registra este viernes las declaraciones de los exdirectores financieros de ambas entidades, y del director comercial de Caja España

Los exdirectores financieros de Caja España y Caja Duero, Antonio Fernández y Arturo Jiménez respectivamente, y el director comercial de Caja España, Óscar Fernández Huerga, aseguraron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que las entidades financieras eran solventes en el momento de la emisión de las participaciones preferentes y deuda subordinada.

Así lo manifestó el abogado de la acusación, Santiago Díez, tras la vista que se desarrolló con mayor celeridad que la registrada el pasado miércoles, cuando declararon los presidentes y directores generales de las mimas entidades, imputados por “idear” presuntamente la comercialización de estos productos “a costa y en perjuicio de los clientes”.

Durante la declaración, “el espíritu ha sido el mismo”, aseguró Díez, ya que los citados han eludido toda responsabilidad en el desarrollo de las preferentes. No obstante, señalaron que “cuando se emitieron tenían una buena conciencia de la estabilidad económica de las cajas”. Tanto es así que, según la versión del abogado de la Unión de Consumidores de Castilla y León, “se ha llegado a sugerir que si no llega a ser por los decretos de Guindos esto hubiera sido algo exitoso”.

De esta forma se escudaron en que cambió el escenario económico: “fueron intervenidos porque los decretos de Luis de Guindos obligaban a tener una serie de dotaciones que no tenían”, y es que “ellos dicen que eran solventes en el momento de emitir las preferentes” y que “las cuentas fueron aprobadas por el Banco de España”, subrayó Díez.

El abogado de la UCE Castilla y León, que representa a cerca de 400 afectados por estos productos financieros complejos, apuntó que la declaración de los imputados negó que se recibiera ninguna instrucción respecto del público al que debían ir dirigidos, sin embargo, “los documentos confirman que cualquier tipo de economía doméstica o minorista era apta para esta comercialización”. Motivo por el que llamó la atención sobre los procedimientos judiciales en los que “las nulidades por falta de información está cercana al 95 por ciento”. “O los jueces de casi toda Castilla y León están equivocados o alguien no está diciendo la verdad”, reflexionó.

Es el caso de Carmen, una extrabajadora de Caja Duero que compró participaciones preferentes y a la que “estafaron”, según relató a las puertas de la Audiencia Nacional en Madrid. Carmen es parte de ese 95 por ciento de casos nulos, pero que la entidad tiene recurrido. Motivo por el que esta prejubilada de la entidad desde 2007, no confía en que la declaración de los exdirectivos de las cajas vaya a resolver la situación, “no va a servir para nada”, y aunque haya una condena “no van a entrar en prisión ni van a pagar”.

Pasadas las 12 horas del mediodía salían de la Audiencia Nacional los imputados, que al igual que sus superiores el pasado miércoles, se negaron a hacer declaraciones a los medios de comunicación. “No hay comentarios” se limitó a decir Arturo Jiménez, exdirector financiero de Caja Duero, al que acompañó un escueto “muchas gracias” de Óscar Fernández Huerga, exdirector comercial de Caja España.

También estaba citado a declarar este viernes el que fuera director comercial de Caja Duero durante el año 2009, persona que no apareció porque, según se dijo en la vista, el puesto “estaba vacante” en ese momento.

Antecedentes
El pasado mes de agosto el juez Eloy Velasco citó a declarar en calidad de imputados a los directivos de Caja Duero y Caja España por la comercialización de preferentes y deuda subordinada en los años 2009 y 2010, tras la denuncia de la Unión de Consumidores de Castilla y León de noviembre de 2013, en representación de cerca de 400 afectados por la emisión de participaciones preferentes, que acusó a los ocho directivos de estafa agravada, publicidad engañosa, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Velasco también solicitó diversa documentación a Caja España, Caja Duero y Banco Ceiss así como a la CNMV y al mercado AIAF (mercado español de referencia para la deuda corporativa y renta fija privada), sobre la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada en 2009 y 2012, que ordenó investigar la sección tercera de la Sala de lo Penal, que en el mes de julio revocaba la decisión inicial del juez de archivar la petición y anunciaba la admisión de la denuncia.

Según el auto, es preciso investigar “si la comercialización se ideó para poder retrasar y/o ocultar el deterioro económico financiero de las entidades querelladas” como fórmula para “captar activos” con el objetivo de “enmascarar una situación difícil financieramente, a costa y en perjuicio de los clientes depositantes de dichas entidades financieras”. Asímismo, el escrito señalaba cómo la anterior cúpula imputada “supuestamente idearon la comercialización de estos productos financieros para su capitalización”.

FUENTE: www.leonoticias.com

Los ex directivos de la Caja se escudan en que las preferentes tenían aval del supervisor

Declaran en la Audiencia Nacional que con estos productos querían fidelizar clientes

DL | REDACCIÓN 25/10/2014 

 

Tres ex directivos de Caja España y Caja Duero defendieron ayer en la Audiencia Nacional que la emisión de preferentes contó con el aval del Banco de España y la CNMV y que, aunque suponía un porcentaje mínimo de sus ingresos, decidieron ejecutarla por fidelizar a sus clientes, que las reclamaron.

Ayer declararon como imputados ante el juez Eloy Velasco los ex directores financieros de Caja Duero, Arturo Jiménez, y de Caja España, Antonio Fernández, así como el ex director comercial de esta última entidad, Óscar Fernández, por «idear» presuntamente la emisión de preferentes y deuda subordinada como instrumento para capitalizar las entidades «a costa y en perjuicio de los clientes».

Según informaron fuentes jurídicas, los tres alegaron que se canjearon las participaciones de 2003 y 2004 en 2009 para ayudar a sus clientes, ya que les suponía poder cobrar un interés mucho mayor.
Caja España lanzó una primera emisión el 11 de noviembre de 2004 por un total de 150 millones de euros y, posteriormente, el 19 de mayo de 2009 por 200 millones, ofreciendo un tipo de interés en la primera del 5,15 % para pasar al 8,25 % de la segunda, con una periodicidad del pago del cupón en ambos casos trimestral.

Mientras, Caja Duero realizó otras dos emisiones, una en 2003 y otra en 2009, esta última por importe de 100 millones y con un tipo de interés del 8,75 por ciento, con la misma periodicidad trimestral.

En todo caso, los tres ex directivos explicaron al juez que el porcentaje de híbridos no representaban ni el 3 % de sus beneficios, ya que el grueso lo tenían con los contratos hipotecarios y productos de plazo fijo, pero se decidieron las emisiones para fidelizar a sus clientes, que demandaban este tipo de híbridos y a los que siempre se pagaron los cupones.

Asimismo, aseguraron que los detalles de los productos estaban perfectamente explicados en el tríptico y en el folleto de emisión, y que estaban avalados tanto por el Banco de España como por la CNMV. Desvelaron además que junto al tríptico, las entidades difundieron una circular interna en la que se emplazaba a los empleados a explicar las dudas de los clientes a la hora de comercializar.

Por último, alegaron que sus respectivas cajas cumplían las ratios de solvencia y culparon al decreto de reforma financiera aprobado por el Gobierno en febrero de 2012 de no haber podido seguir pagando los cupones más allá de 2013.

Pese a que defendieron su solvencia en el momento de la emisión y que sus cuentas fueron aprobadas por el Banco de España, para el abogado de la acusación ejercida por la Unión de Consumidores de Castilla y León, Santiago Díez, «está claro que las preferentes y las subordinadas les computaban como recursos propios».
 

 FUENTE: www.diariodeleon.es

 

Santos Llamas y la cúpula de la Caja echan la culpa a los clientes: dicen que eran los que les pedían preferentes

Los ex directivos de Caja España y Caja Duero no reconocen ninguna responsabilidad sobre la emisión

• 
  Santos Llamas a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez - FERNANDO ALVARADO

 

AGENCIAS | MADRID 22/10/2014 

 

Los ex presidentes y ex directores generales de Caja Duero y Caja España defendieron hoy ante el juez que emitieron preferentes y deuda subordinada para retener a sus clientes, que demandaban este tipo de productos sobre los que existía una alta competencia entre todas las cajas. Ante la Audiencia Nacional tuvieron que presentarse el leonés Santos Llamas, ex presidente de la Caja, y Julio Fermoso, ex presidente de Caja Duero.

Los ex presidentes y ex directores generales de Caja España y Caja Duero eludieron cualquier responsabilidad en el caso de las emisiones de participaciones preferentes y deuda subordinada que llevaron a cabo sus entidades durante los años 2009 y 2010. Durante más de tres horas estuvieron declarando ante el juez Eloy Velasco en las dependencias de la Audiencia Nacional, acusados de “idear” presuntamente la comercialización de estos productos híbridos “a costa y en perjuicio de los clientes”.

Según informó tras la vista el abogado de la acusación, en representación de los 400 preferentistas por parte de la Unión de Consumidores (UCE) de Castilla y León, Santiago Díez, “no reconocen ningún tipo de responsabilidad sobre el desastre de las subordinadas”. En este sentido, añadió además que los exdirectivos de estas cajas “echaron la culpa al FROB de esas emisiones” ya que “cambiaron las normas y al final ha sido por decreto ley lo que ha provocado las pérdidas de los preferentistas y de los que tenían obligaciones en subordinadas” apuntó Díez.

A partir de ahora, la acusación informó que “debe continuar la instrucción para llegar a la verdad del asunto”, para lo que ya están pidiendo “documentación y diligencias de prueba que el juex ha de estimar para contrastar los datos que ellos dicen de fiabilidad de los productos que se estaban emitiendo con la realidad absolutamente desastrosa en el resultado de los mismos”, aseguró Díez, que criticó la actitud de los imputados ante el juez ya que llegaron a afirmar que esos productos híbridos se comercializaron “porque nos los pedían los clientes”.

El próximo viernes declararán en las mismas dependencias el exdirector financiero de Caja España, Antonio Fernández Fernández, el de Caja Duero, Arturo Jiménez, y los directores comerciales de Caja Duero, Óscar Fernández Huerga, y de Caja España, que tendrá que ser identificado por Banco Ceiss.

Antecedentes
El pasado mes de agosto el juez Eloy Velasco citó a declarar en calidad de imputados a los directivos de Caja Duero y Caja España por la comercialización de preferentes y deuda subordinada en los años 2009 y 2010, tras la denuncia de la Unión de Consumidores de Castilla y León de noviembre de 2013, en representación de cerca de 400 afectados por la emisión de participaciones preferentes, que acusó a los ocho directivos de estafa agravada, publicidad engañosa, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Velasco también solicitó diversa documentación a Caja España, Caja Duero y Banco Ceiss así como a la CNMV y al mercado AIAF (mercado español de referencia para la deuda corporativa y renta fija privada), sobre la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada en 2009 y 2012, que ordenó investigar la sección tercera de la Sala de lo Penal, que en el mes de julio revocaba la decisión inicial del juez de archivar la petición y anunciaba la admisión de la denuncia.

Según el auto, es preciso investigar “si la comercialización se ideó para poder retrasar y/o ocultar el deterioro económico financiero de las entidades querelladas” como fórmula para “captar activos” con el objetivo de “enmascarar una situación difícil financieramente, a costa y en perjuicio de los clientes depositantes de dichas entidades financieras”. Asímismo, el escrito señalaba cómo la anterior cúpula imputada “supuestamente idearon la comercialización de estos productos financieros para su capitalización”.

FUENTE: www.diariodeleon.es

Los expresidentes de Caja Duero y Caja España dicen que emitieron preferentes porque debían competir con otros bancos

Cuatro exdirectivos de las dos entidades niegan irresponsabilidad o engaño y aseguran que el cliente "demandaba" el producto

   MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Los expresidentes de Caja España y Caja Duero Santos Llamas y Julio Fermoso han asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que sus entidades emitieron y comercializaron deuda subordinada y participaciones preferentes porque los clientes "así lo reclamaban" y el alto nivel de competencia con otros bancos les obligaba a hacerlo para evitar una pérdida de negocio, han informado fuentes jurídicas.

   Ambos exdirectivos han declarado este martes como imputados en la causa que les investiga por delitos de estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas por la emisión de estas participaciones, durante los años 2009 y 2010, con el objeto de "capitalizar" ambas entidades, fusionadas actualmente como Banco CEISS.

   También han sido interrogados como imputados los exdirectores generales de las dos entidades, Javier Ajenjo y Lucas Hernández, que han confirmado la versión ofrecida por sus superiores y han precisado que la solvencia de las dos cajas era "óptima" en el momento en que las cajas optaron por la comercialización.

   La entonces Caja España realizó dos emisiones de Participaciones Preferentes, el 11 de noviembre de 2004 por un total de 150 millones de euros y el 19 de mayo de 2009 por 200 millones, ofreciendo un tipo de interés del 5,15 y del 8,25 por ciento, respectivamente. La periodicidad del pago del cupón, en ambos casos, era trimestral.

   Por su parte, Caja Duero también realizó dos emisiones, una en el año 2003 y otra el 25 de marzo de 2009, esta última por importe de 100 millones y con un tipo de interés del 8,75 por ciento. El pago del cupón tenía también una periodicidad trimestral.

NO HUBO "ENGAÑO"

   "Los coeficientes de solvencia no estaban por debajo de lo normal", han precisado los exdirectivos que han negado, según fuentes presentes en la declaración, cualquier tipo de engaño o irresponsabilidad en la comercialización.  El 5 de febrero de 2013 cuando Banco CEISS, heredero de ambas entidades, puso en conocimiento de la CNMV un hecho relevante, la imposibilidad de abonar los cupones emitidos.

   Los cuatro imputados han asegurado que sus cajas podrían haber resuelto la devolución de la inversión a los clientes que adquirieron el producto y han precisado que abonaron todo el interés de la deuda subordinada hasta el año 2013.  La aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto de abril de 2012 de Saneamiento del sector financiero limitó sus capacidades y no pudieron seguir respondiendo, han precisado.

   El juez Velasco continuará con los interrogatorios el próximo viernes cuando deberán comparecer el antiguo director financiero de Caja España Antonio Fernández Fernández, su homólogo en Caja Duero Arturo Jiménez y el exdirector comercial de Caja España Óscar Fernández Huerga.

   Las citaciones, avaladas por la Fiscalía, son consecuencia de la interposición de una querella contra ambas entidades por parte de la Unión de Consumidores de Castilla y León. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 abrió esta investigación después de que en julio pasado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitiera una recurso contra la decisión inicial del magistrado de no admitir a trámite la querella.

FUENTE: www.europapress.es

 

Ocho exdirectivos de Caja Duero y Caja España declararán a partir de hoy por las preferentes

Los primeros en comparecer ante el juez Eloy Velasco serán los antiguos presidentes y directores generales de las dos entidades

   MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Ocho exdirectivos de Caja España y Caja Duero declararán este miércoles y el próximo viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como imputados por la emisión y comercialización de deuda subordinada y participaciones preferentes durante 2009 y 2010 con el objeto de capitalizar ambas entidades, fusionadas actualmente como Banco CEISS.

   Los primeros en declarar este miércoles serán los entonces presidentes de Caja España, Santos Llamas, y Caja Duero, Julio Fermoso, así como los exdirectores generales de las dos entidades, Javier Ajenjo y Lucas Hernández, respectivamente.

   El viernes deberán comparecer el antiguo director financiero de Caja España Antonio Fernández Fernández, su homólogo en Caja Duero Arturo Jiménez, el exdirector comercial de Caja España Óscar Fernández Huerga y la persona que ocupara este cargo en Caja Duero.

RESPALDO DE LA FISCALÍA

   Las citaciones, avaladas por la Fiscalía, son consecuencia de la interposición de una querella contra ambas entidades por parte de la Unión de Consumidores de Castilla y León, que les atribuye los delitos de estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.

   En una providencia dictada el pasado mes de agosto, Velasco requería diversa documentación a Caja España de Inversiones, Caja Duero y Banco CEISS, así como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al mercado AIAF -mercado de referencia para la deuda corporativa o renta fija privada- sobre la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada en 2009 y 2010.

   El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 abrió esta investigación después de que en julio pasado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitiera una recurso contra la decisión inicial del magistrado de no admitir a trámite la querella.

LA SALA ORDENÓ INVESTIGAR

   La Sala, esgrimiendo los argumentos que ya utilizó para estimar una querella similar sobre la emisión de preferentes en Caja Madrid y Bancaja, defendió que la deuda subordinada y las preferentes deben ser objeto de investigación.

   Justificaba su postura en el hecho de que la comercialización de estas participaciones para "poder retrasar u ocultar el deterioro económico de las entidades querelladas", que utilizaban estos productos financieros para captar activos y convertían los depósitos de los minoristas en pasivo para "enmascarar" la situación "difícil" que atravesaban, "a costa y en perjuicio" de sus clientes.

   Como ha señalado en otros casos, este tribunal cree que los empleados de las sucursales se limitaban a vender el producto financiero siguiendo las instrucciones de los órganos directivos y, si omitieron información o el inversor cree que fue engañado, parece "lógico pensar" que actuaban según unas directrices. No obstante, recuerda que los perjudicados pueden acudir a la vía civil o penal de los tribunales territoriales donde se encuentran esas oficinas bancarias.

   La entonces Caja España realizó dos emisiones de Participaciones Preferentes en fechas 11 de noviembre de 2004 por un total de 150 millones de euros y el 19 de mayo de 2009 por 200 millones, ofreciendo un tipo de interés del 5,15 y del 8,25 por ciento, respectivamente. La periodicidad del pago del cupón, en ambos casos, era trimestral.

   Por su parte, Caja Duero también realizó dos emisiones, una en el año 2003 y otra el 25 de marzo de 2009, esta última por importe de 100 millones y con un tipo de interés del 8,75 por ciento. El pago del cupón tenía también una periodicidad trimestral.

   Ambas entidades hicieron llegar a sus clientes las emisiones, comercializando éstas a través de sus redes de oficinas. Sin embargo, fue el 5 de febrero de 2013 cuando Banco CEISS, heredero de ambas entidades, puso en conocimiento de la CNMV un hecho relevante, la imposibilidad de abonar los cupones emitidos.

FUENTE: www.europapress.es

 

Valdeón lamenta "las decepciones" de los últimos casos de corrupción

La alcaldesa de Zamora ha calificado de decepcionantes los casos que surgen cada día entre políticos y cargos públicos. Niega además que hayan existido tarjetas opacas en Caja Duero España. 

 

La alcaldesa de Zamora Rosa Valdeón ha lamentado lo que considera como "decepciones" que suponen para los ciudadanos y la clase política los escándalos que surgen cada día, en especial los últimos vinculados a su partido. "Pocas veces los ciudadanos nos sentimos tan decepcionados con algunos. Sean políticos, dirigentes de cajas públicas o sea cualquier tipo de defraudador"

Sin hacer referencia directa, la alcaldesa, una de las voces más respetadas dentro del Partido Popular, ha encuadrado dentro de las decepciones diarias que se están llevando tanto los ciudadanos como muchos servidores públicos con casos de corrupción como los relacionados con Rato y Acebes. 

La alcaldesa ha comentado este extremo al ser preguntada sobre la existencia de prácticas opacas en las cajas de Castilla y León. A este respecto, ha asegurado que, a pesar de presidir la comisión de control de CEISS, nunca tuvo conocimiento del uso de retribuciones similares a las que han aparecido en Caja Madrid. "Yo no las he tenido nunca y si la hubiera tenido, no la habría usado", ha asegurado entorno a la existencia denunciada por UPL e Izquierda Unida de tarjetas  sin control en el seno de la caja castellano y leonesa. "No creo que en estas cajas de Castilla y León tengan los condicionantes de Castilla y León, quiero pensar que no, me parecería escandaloso", ha respondido al ser preguntada sobre si existían prácticas similares en la extinta Caja Duero-España.

Por su parte, el presidente del PP provincial y también miembro de la asamblea de Ceiss, Fernando Martínez Maíllo, ha dicho tener la conciencia tranquila y ha pedido que cada cual responda de lo suyo si ha habido prácticas irregulares con el uso de tarjetas. "Yo solo tengo las mías, se la puedo enseñar, y de lo mío gasto, afortunadamente con la conciencia bien tranquila. Cada uno que responda de lo suyo. Le digo muy claro que no", ha dicho sobre la existencia de estas tarjetas.

 

FUENTE: www.tribunaavila.com

La Fiscalía pide 2,5 años de cárcel para el expresidente de CCM

La Fiscalía Anticorrupción considera que Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general de CCM Ildefonso Ortega fueron responsables de una "maniobra contable".

El expresidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó

El fiscal ha reclamado dos años y medio de prisión para el expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM)y el ex director general, por emprender una "maniobra contable" con la que reflejaron 30 millones en beneficio en lugar de unas pérdidas de 182 millones. En un escrito remitido al juez de la Audiencia Pablo Ruz, que el pasado 3 de octubre dio el primer paso para sentarles en el banquillo, el Ministerio Público acusa a ambos de un delito societario, por el que solicita su inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante el tiempo que dure la condena.

La Fiscalía no pide así ninguna responsabilidad civil ni les acusa del delito de administración desleal que sí encontró Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación". Sin embargo, el fiscal se ciñe a un delito societario cometido mediante una "maniobra contable" con la que "los acusados lograron que los estados financieros de CCM, tanto individuales como consolidados, reflejaran beneficios en lugar de pérdidas".

Así, relata que en el año 2008 la entidad atravesaba una situación de falta de liquidez, "debida en gran parte al deficiente control en la gestión del riesgo, el incremento de la morosidad y el deterioro de las inversiones ligadas al sector promotor, que comprometía gravemente la viabilidad futura de la entidad". Dicha situación fue advertida por el Banco de España, que en octubre de 2008 realizó una serie requerimientos a Hernández Moltó. Le pedía que "pusiera especial interés en la correcta contabilización y cobertura de las operaciones crediticias", lo cual requería dotar unas provisiones específicas de 245 millones, y hablaba además de unas minusvalías de 196 millones que afectaban a las acciones de las sociedades cotizadas Afirma Grupo Inmobiliario, Inmobiliaria Colonial y Parquesol Inmobiliaria y Proyectos.

El 10 de febrero de 2009, Ortega, "con la aquiescencia de su superior", remitió al supervisor los estados financieros individuales y consolidados de la caja a 31 de diciembre de 2008 "en los cuales no se habían atendido los requerimientos" y "no se reflejaba por tanto la situación financiera real de la entidad". Dichos estados arrojaban un beneficio consolidado de 29,86 millones, cuando por efecto del ajuste exigido por el Banco de España, señala el fiscal, habrían debido registrar unas pérdidas "de al menos" 119,029 millones en los estados individuales y de 182,24 millones en los consolidados.

Poco antes de que publicaran esas cuentas, el 28 de marzo de 2009, el Banco de España sustituyó el Consejo de Administración de CCM y el nombramiento de tres funcionarios del supervisor como administradores provisionales de la entidad, tras lo cual el Consejo de Ministros aprobó una inyección de fondos públicos de 9.000 millones.

Las cuentas definitivas presentadas por los administradores provisionales, que "tuvieron oportunidad de realizar un análisis más profundo de la situación real de CCM", recoge el escrito, reflejaron unas pérdidas de 762,149 millones en sus estados individuales y de 1.066,034 euros en los consolidados.

FUENTE: www.expansion.com

 

Los directivos accedieron a créditos a tipos de interés bajos

21.10.2014 | 00:07

Los directivos de la entidad accedieron a créditos, personales y a empresas vinculadas, en condiciones que en muchos casos eran más ventajosas que las ofrecidas a los clientes. La maniobra, en cualquier caso legal -se recoge en los documentos oficiales-, está registrada en los informes de gobierno corporativo que la entidad remitía periódicamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De hecho, aparecen operaciones de esta índole entre los años 2004 y 2009, según los informes a los que ha tenido acceso este diario. En muchos casos se trataba de préstamos millonarios.
Por ejemplo, en 2007 el entonces presidente de Caja España, Santos Llamas -ahora imputado por la venta de preferentes- aparece asociado a varias operaciones de estas características. Un crédito a una empresa vinculada por 150.000 euros al euribor más 0,75% u otros por 600.000 ó 700.000 euros a un tipo de interés del 1% más el euribor muestran esta situación. Solo en 2007, el nombre de Llamas aparece vinculado a doce operaciones similares. La más abultada rozó los nueve millones de euros.

En 2008 fueron los consejeros Bernardo Álvarez o Alfredo Fernández los que sumaron más operaciones a este respecto. En el caso de Álvarez se recogen préstamos hipotecarios a familiares -por 83.000 euros-, líneas de comercio exterior a empresas vinculadas -150.000 euros una operación y 200.000 otra- o un aval de 220.000 euros a otra empresa vinculada con un plazo de doce meses y una comisión de apertura del 0,25%. La actividad de Alfredo Fernández registra apuntes en campos tales como "préstamo de convenio colectivo a empleados", "anticipo salarial a empleados" o préstamo personal a un familiar.
Caja España argumenta que los datos que aparecen en dichos informes sobre los miembros del Consejo de Administración corresponden a su condición de clientes de la entidad y califica al documento como "ejercicio de transparencia". Estas operaciones son, por tanto, legales en tanto que aparecen en los informes que la propia entidad remitía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No obstante, llama la atención lo abultado de las operaciones, que llegaron a varios millones de euros en el caso de algunos de los consejeros de la entidad que posteriormente se fusionaría con Caja Duero.

FUENTE: www.laopiniondezamora.es

UPL denuncia la existencia de tarjetas 'black' en Caja España Duero y de gastos irregulares

• Sendino asegura que hubo gastos en «ropa y comida» y pide que se investiguen sociedades participadas

   
  Había tarjetas 'opacas' cuando el hoy Banco Ceiss era Caja España Duero. Así lo ha denunciado este martes la Unión del Pueblo Leonés (UPL), formación que asegura tener pruebas de que este tipo de tarjetas que han desvelado una auténtica trama en Bankia también eran de uso común en la entidad castellano y leonesa.

  
  

  «Desde UPL denunciamos que han existido tarjetas opacas en Caja España Duero» ha asegurado el secretario general de la formación, Eduardo López Sendino, por lo que ha instado «al Banco de España y al FROB» a abrir una investigación sobre esta cuestión.

  
  

  «Entendemos que ambos son los organismos competentes y les instamos a realizar los oportunos controles a fin de determinar el uso de estas tarjetas», ha remarcado.

  
  

  Sociedades participadas

  Sendino ha denunciado que, además de existir tarjetas opacas en la alta dirección, también éstas podrían haber sido utilizadas en sociedades participadas por Caja España Duero como -ha citado textualmente- «Viproelco, Inmocaja o Ibergestión».

  
  

  Desde la UPL no se han querido citar gastos concretos pero se ha remarcado que los mismos estaban fuera de la normalidad de este tipo de tarjetas. A modo de ejemplo se ha enumerado compras «en comida y ropa», pero sin ofrecer más detalles. «Compras en todo caso ajenas a la representación de la entidad», también se ha advertido.

  
  

  Sendino ha insistido en que ningún cargo de la UPL hizo uso de estas tarjetas pese a estar dentro del consejo de administración y ha insistido en pedir responsabilidades «a nivel judicial», pero siempre con una investigación previa por parte del FROB y el Banco de España.

  
  

  Colaboración

  La Unión del Pueblo leonés ha recordado las millonarias ayudas recibidas por el Banco Ceiss durante su proceso de saneamiento y ha pedido la colaboración de Unicaja para desvelar esta trama.

  
  

  López Sendino, por último, ha querido dejar claro que «la existencia de este tipo de tarjetas» era real y que el gasto con las mismas puede «compararse» al caso de Caja Madrid -Bankia-. 

  
  

  FUENTE: www.elnortedecastilla.es

El Supremo eleva el plazo de prescripción de las preferentes de cuatro a quince años

15/10/2014 (05:00)

El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias que fijan los criterios que aplicará cuando el grueso de las demandas por la colocación de preferentes a minoristas llegue a su ámbito. El primero de ellos es que la prescripción de estos contratos no se produce a los cuatro años, como sostienen las entidades, algunos tribunales inferiores y numerosos abogados, sino a los 15; ahora bien, la aplicación de este plazo depende de cómo se hayan planteado las demandas, por lo que no todos los afectados se beneficiarán del mismo. El segundo es que el hecho de que las preferentes fueran perpetuas no anula su comercialización. Finalmente, el Alto Tribunal dicta que no se puede alegar desconocimiento en el caso de inversores con elevados patrimonios y otros productos de riesgo en sus carteras.

Las dos sentencias se refieren a la comercialización de preferentes de bancos extranjeros por BNP Paribas, y ambas tienen como ponente al magistrado Ignacio Sancho Gargallo; una de ellas falla en contra de la entidad francesa y la otra a favor. La primera basa su decisión favorable en favor de un cliente que invirtió 100.000 euros en preferentes del alemán IKB en el plazo de prescripción. Hasta ahora, se estimaba que este plazo era de cuatro años y así lo ratificó una sentencia de un juzgado de Barcelona en 2013, lo cual sembró la alarma entre los afectados por la mayor colocación de la historia –la de 3.000 millones de Caja Madrid de mayo de 2009–, ya que debían demandar antes de mayo del año pasado si querían evitar la prescripción.

Sin embargo, el Supremo desmonta esta creencia y eleva ese plazo al genérico de 15 años que establece el Código Civil. El argumento del Alto Tribunal es que, en el caso juzgado, no estamos ante una nulidad del contrato por vicio del consentimiento (error, dolo o falsedad), que es lo que prescribe a los cuatro años, sino de incumplimiento de contrato, algo que no está sujeto a ese plazo. ¿Y por qué es un incumplimiento? Porque BNP "se apartó de las instrucciones o indicaciones dadas por la demandante", ya que "invirtió el capital de la demandante en un producto que no encajaba con lo que ésta quería y había pedido", que era una inversión sin riesgos y a plazo fijo (cuatro años, según la informaron).

El logo de BNP Paribas en un edificio de París. (Reuters)

Esta situación que describe la sentencia resulta claramente aplicable a muchos de los afectados por las preferentes de las cajas de ahorros rescatadas en España, puesto que normalmente no solicitaron comprar preferentes, sino un producto sin riesgo y con plazo de vencimiento; de hecho, en numerosas ocasiones se vendieron como alternativas más rentables a un depósito. La calificación de incumplimiento parte de que la clienta no era una inversora experta y su patrimonio no era elevado (100.000 euros), por lo que confió en el consejo del asesor de BNP.

Ahora bien, la clave está en que el abogado de esta afectada solicitó el incumplimiento, no la nulidad del contrato. Según reconoce la sentencia, si no se solicita la nulidad, no aplica el plazo de prescripción de la misma. En cambio, todos aquellos afectados cuyos abogados hayan solicitado la nulidad por vicio del consentimiento en la demanda sí están sujetos a este límite. En consecuencia, si demandaron una vez transcurridos cuatro años desde la compra de las preferentes, el Supremo no les dará la razón, de acuerdo con esta sentencia.

Tampoco son todo buenas noticias para los afectados. El Supremo tira de las orejas al abogado de BNP por no oponerse al incumplimiento: "El recurrente podría haber cuestionado si procedía la resolución del contrato, esto es, en la medida en que, siempre con un estricto respeto de los hechos acreditados en la instancia, pudiera apreciarse la infracción de las normas legales que regulan la resolución por incumplimiento y la jurisprudencia que las interpreta, pero no se ha hecho". Esto da una pista clara a todas las entidades para su defensa en estos casos: si el cliente pide incumplimiento, no deben argumentar que lo que se aplica es la nulidad, sino explicar por qué no es procedente estimar dicho incumplimiento.

El carácter perpetuo no anula la venta

En la otra sentencia, la que da la razón a BNP Paribas en un caso de preferentes de bancos islandeses, aparecen otros dos criterios muy relevantes para los casos de las preferentes españolas. Uno de ellos es que no se puede considerar el hecho de que las preferentes sean perpetuas como un motivo para la nulidad de su venta. "Desde el momento en que el legislador ha previsto la existencia de las participaciones preferentes, como parte de los recursos propios de una entidad de crédito, siempre y cuando cumplan una serie de características (...), resulta muy difícil calificar la comercialización de participaciones preferentes como nula de pleno derecho por ser contraria al orden público", argumenta el Tribunal. 

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE)

En este sentido, añade que "este régimen legalmente previsto para la emisión de participaciones preferentes, en el que destaca la perpetuidad, constituye una excepción a la reseñada prohibición jurisprudencial [prohibición genérica de celebrar contratos perpetuos], que impide pueda sancionarse su comercialización con la nulidad". De hecho, el Supremo reconoce que esa perpetuidad se configura como una garantía de la estabilidad de los fondos propios de una entidad, y en eso se asemejan al capital. Y concluye que " en cualquier caso, como le ocurre a los socios, carece de un derecho frente a la sociedad para que le devuelva el importe de sus participaciones".

Los grandes inversores lo tienen crudo

El tercer criterio que establecen estas sentencias es la distinción entre inversores cualificados y no cualificados, algo que ratifica la actuación mayoritaria de los tribunales inferiores. Así, en el primer caso es clave que la clienta invirtió 100.000 euros (que eran todos sus ahorros) y que carecía de formación financiera y de experiencia inversora. Por el contrario, el otro caso se refiere a la conocida galerista Soledad Lorenzo, quien invirtió 2 millones de euros, tenía conocimientos financieros, operaba siempre a través de un asesor financiero personal y había contratado con anterioridad otros productos de riesgo.

Estas circunstancias anulan incluso una información deficiente por parte de la entidad, ya que "la imputación a BNP de no haber entregado el folleto informativo de emisión (...) carece de relevancia en este caso respecto de la pretensión ejercitada de nulidad por error vicio, pues por su experiencia en la contratación de estos productos financieros y su perfil de inversora de riesgo la Sra. Lorenzo no podía dejar de conocer los riesgos asociados a la compra de aquellas acciones preferentes". En todo caso, se refiere a una operación anterior a la entrada en vigor de la directiva MiFID en 2008, que eleva la protección del cliente bancario. 

En relación con esta norma, el Supremo ya se pronunció en febrero sobre la polémica de los test de idoneidad que esta norma obliga a rellenar para cada cliente. En este caso, lo relevante es si la entidad cumplió o no esa obligación (es decir, si no hubo test, gana el cliente). Pero si el afectado alega que le dieron el test ya rellenado, como hacen muchos, debe probarlo él, no la entidad; y si no lo puede probar, no se le puede dar la razón.

FUENTE: www.elconfidencial.com

 

Los juzgados de Zamora tienen un pleito por preferentes al día hasta principios de 2015

Los afectados aseguran que la escasez de abogados de la entidad, solo dos bufetes, retrasa la celebración de vistas

DIEGO G. TABACO Los juicios por la venta de participaciones preferentes de Caja España-Duero a los zamoranos se han convertido en el principal foco de actividad de los juzgados zamoranos. De hecho, según confirma José Luis Redondo, presidente de la Plataforma de Afectados por las Participaciones Preferentes de Caja España-Duero en Zamora, los juzgados de Zamora "tienen prácticamente un caso de preferentes al día hasta principios del año que viene". La plataforma asegura que "los afectados se cuenta por miles" y que "después del boom de hace un año y medio", ha ido saliendo a la luz un incesante goteo de zamoranos afectados por la mala comercialización de estos productos tóxicos. 

Los juicios "van muy lentos, los juzgados están saturados", asegura Redondo. La plataforma "culpa" de esta situación a la escasez de abogados que la entidad tiene para defenderla en los juicios. Así las cosas, según los datos del colectivo de perjudicados por la venta de híbridos, "Caja España tiene en Zamora solo dos bufetes para defenderla en todos los pleitos". Esta situación "lastra" la celebración de vistas por la venta de preferentes "hasta el punto de que hay personas que presentaron sus casos hace meses y que todavía no han visto de celebrarse ni siquiera la vista previa", trámite que se realiza semanas antes del juicio. 

"Los jueces apremian pero los abogados no pueden ir más rápido", insisten desde la plataforma, organización que también asegura que "hay juicios por preferentes en muchos de los juzgados de Zamora". 

En otro orden de cosas, la plataforma asegura que "de momento se están ganando casi el cien por cien de los casos", algo que a su juicio confirma "los malos usos de Caja España-Duero cuando nos vendió las preferentes y las obligaciones subordinadas a clientes que no teníamos los conocimientos necesarios". 

Las plataformas de afectados aseguran que Caja España "demora el cumplimiento de las sentencias hasta lo máximo que se les permite", aunque "siempre paga, eso sí, uno o dos días antes de que cumpla la sentencia". El colectivo afirma además que algunas de las sentencias se solucionan en la vista previa, lo que hace innecesario llegar al juicio oral. "En algunos casos salta a la vista que se ha tratado de un engaño pese a las excusas que ponen los abogados y los trabajadores" de la caja, razón por la que el juez "falla a nuestro favor, pues las pruebas son evidentes".

FUENTE: www.laopiniondezamora.es 

Caja España deberá devolver un millón de euros a un cliente de Valladolid

• El Juzgado de Primera Instancia declara nulo un contrato de deuda subordinada porque no se informó de los riesgos de la operación

  El Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Valladolid ha declarado nula la venta de obligaciones subordinadas a un cliente vallisoletano y condena a la antigua Caja España (hoy Banco Ceiss) a devolver los 1,051 millones de euros invertidos y al abono de las costas. El demandante adquirió en febrero de 2011 obligaciones subordinadas por algo más de un millón de euros en una oficina de Caja España situada en el Paseo de Zorrilla de Valladolid. En el momento de invertir en este producto, según los hechos probados de la sentencia, el cliente no fue informado de los riesgo de la operación, ni se le comunicó que se trataba de un producto de duración indeterminada, ni que el abono de los intereses estaba supeditado a la obtención de beneficios por parte de la entidad. Se le indicó que existía un mercado interno en la propia caja en el que el cliente podría vender sus obligaciones si necesitaba recuperar su inversión.

  
  

  La sentencia califica la deuda subordinada como un producto «complejo y de alto riesgo»

   

  En febrero de 2013, Caja España dejó de abonar los intereses y el cliente tampoco pudo vender los títulos en el mercado interno de la entidad, porque había sido cerrado. En mayo de 2013, las obligaciones subordinadas y participaciones preferentes se amortizaron de forma obligatoria por orden del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), por lo que el demandante recibió por sus productos 900.000 euros en bonos convertibles de Banco Ceiss. Como consecuencia de todo ello, el cliente «se vio imposibilitado para recuperar su inversión y dejó de percibir los rendimientos pactados», que hasta ese momento ascendían a algo más de 187.000 euros.

  
  

  Entre deuda y acciones

  
  

  La sentencia califica la deuda subordinada como un producto «complejo y de alto riesgo», híbrido entre la deuda y las acciones. «Aunque computa como fondos propios, no es sino un bono con la característica de ser el último en la lista de acreedores», explica Juan Ignacio Navas, socio director de Navas Cusí, despacho que ha llevado la demanda.

  
  

  La sentencia considera que Caja España no hizo una correcta valoración de los riesgos y por lo tanto no pudo informar de los riesgos de la operación. Ni se informó de los mismos, ni de su carácter perpetuo ni de que la liquidez estaba condicionada a la existencia del mercado interno. «Se vendió como plazo fijo lo que era un producto altamente especulativo», afirma Navas.

  
  

  Así lo estima el juez que considera además que la entidad no cumplió con sus obligaciones legales. Sí realizó el test de conveniencia, pero no el de idoneidad, requisito legal obligatorio cuando existe una labor de asesoramiento. «Si bien se pudo cumplir con la legalidad, no hubo un análisis real de los riesgos y del conocimiento del cliente», señala el fallo, que añade que no se velaron por los intereses del cliente como si fueran propios como manda la ley.

  
  

  La sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación, concluye que el error fue sustancial y excusable por lo que estima el vicio del consentimiento alegado por el cliente y anula el contrato. De esta forma, Caja España deberá reintegrar al demandante la cantidad de 1.051.000 euros más los intereses correspondientes, mientras que el cliente tiene que devolver a la caja los bonos convertibles por valor de 900.000 euros que Banco Ceiss le entregó en sustitución de las obligaciones subordinadas, así como los 187.001,54 euros de intereses percibidos.

  
  

  Ratios de capital

  
  

  «Afortunadamente la justicia existe. Es lenta, pero inexorable y coloca a cada uno en su sitio», afirma Navas, quien además considera que las entidades han comercializado las subordinadas incurriendo en un conflicto de intereses. «Las subordinadas se colocaron para mejorar los ratos de capital de las entidades, principalmente las cajas de ahorros, que tenían problemas de solvencia. Un objetivo aceptable, pero incompatible y contradictorio con velar por los intereses del cliente como si fueran propios», concluye Juan Ignacio Navas.

  
  

  FUENTE: www.elnortedecastilla.es

Trato de favor con Lagartos que recibirá 400.000 euros de más al prejubilarse

Ignacio Lagartos, director general de Caja España, en una imagen de archivo. | ICAL

• No lleva los 10 años exigidos a la plantilla en el pacto laboral
• Obtendrá 1,22 millones pese a que su contrato blindado fija 800.000

J. Luis F. del Corral | Valladolid

En Caja España hay dos varas de medir, una para los trabajadores y otra para los directivos. De hecho sus dos primeros espadas, Ignacio Lagartos y Javier Ajenjo, han recibido un trato privilegiado en su último consejo de administración. Al director general, Ignacio Lagartosle ha regalado más de 400.000 euros. Le correspondía una indemnización de unos 800.000 euros en caso de cese y recibirá 1,22 millones de euros en concepto de prejubilación voluntaria.

Lagartos ha recibido un trato de favor respecto a los trabajadores para beneficiarse de esta potente jubilación. La trampa legal que ha autorizado el consejo ha sido eximirle de la condición de llevar 10 años en la entidad. El pacto laboral no permite las prejubilaciones con el 80% del sueldo a quienes lleven menos de 10 años trabajando en Caja España, lo que supone unas condiciones ventajosas para el actual director general.

"Podrán acogerse voluntariamente a la medida de prejubilación los trabajadores que a 31 de diciembre de 2009 tuvieran cumplidos 55 años de edad y una antigüedad acreditada en la Caja de 10 años a esa misma fecha", reza la cláusula del pacto laboral, que fija retribuciones brutas anuales del 80% ó 90%, según tengan planes de pensiones o no.

"Nos hemos saltado esa cláusula con Lagartos para reconocerle el trabajo de estos años", declaró a este periódico uno de los trece consejeros que votaron el jueves a favor de esta excepción. Otros cuatro, la mayoría del PP o afines, votaron en contra.

Ignacio Lagartos fue nombrado director general de Caja España por unanimidad en un consejo celebrado en diciembre de 2003, momento en el que tenía 51 años. Este órgano acordó un blindaje de dos años de sueldo y siete días por año trabajado en caso de despido, lo que equivaldría a unos 800.000 euros, según fuentes cercanas al directivo.

Ni Lagartos ni una gran mayoría del consejo de administración querían el despido del director general en el momento de la fusión con Caja Duero, pese a que ha estado apartado del proceso por desacuerdos internos con su gestión. Tampoco aceptaban que continuara en la entidad fusionada con otras funciones.

Optaron por una salida intermedia que tiene un coste adicional para la ‘supercaja’ de 400.000 euros, con un pretendido trato similar a los trabajadores que no es tal.
Los defensores de la prejubilación ‘dorada’ de Lagartos justifican este trato de favor porque en caso de cese el directivo no se beneficiaría de la ventaja que los trabajadores obtuvieron con el pacto laboral en el sentido de que no haya medidas traumáticas (despidos).

La medida con Lagartos se produjo en el mismo consejo en que se autorizó la consolidación de las primas variables a Javier Ajenjo, lo que ha provocado malestar en Caja Duero. El consejo de la entidad salmantina celebrado el pasado viernes en Soria abordó este asunto de forma extraoficial, y calificó de "desleal" a los consejeros de Caja España que respaldaron este acuerdo, ya que desde la fusión, el pasado 5 de junio, se acordó no tomar decisiones que comprometieran a la nueva entidad.
 

FUENTE: www.elmundo.es

Abanca comienza a recomprar las preferentes que tenían los empleados y sus familiares

Hay 2.000 afectados en el entorno del banco por ese producto

El problema de las preferentes y la deuda subordinada en Galicia es pasado ya para casi todos los afectados. Pero hay un grupo de damnificados que no han hecho ruido, no se han manifestado y tampoco han podido recuperar su dinero a través de la justicia o del arbitraje: los empleados y sus familiares. Solo en Abanca (la antigua Novagalicia), según cálculos de los sindicatos, hay unos 2.000 trabajadores y familiares en esa situación. Compraron en su día este tipo de productos complejos como señal de confianza en la entidad y para dar ejemplo ante otros clientes.

Ahora, encauzado el problema precisamente con los afectados minoristas -se ha llegado a un acuerdo con un gran mayoría de preferentistas, y casi todas las plataformas de afectados se han disuelto-, llega el turno de afrontar el caso de los empleados. En junio, Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco (el dueño de Abanca) anunció a la plantilla, en una convención en A Coruña, que se les daría respuesta a ellos y a sus cercanos en los meses siguientes. Según distintas fuentes entre los trabajadores, ese proceso ya está en marcha y se han empezado a recomprar esas preferentes (ahora convertidas en acciones), mirando caso a caso, de forma individual, llamando a cada empleado y ofreciendo una cantidad concreta. No hay una cifra aproximada ni del dinero desembolsado (que cubre el FROB, porque así quedó estipulado en la subasta de Novagalicia) ni del número de beneficiados. Pero se sabe que una buena parte de la plantilla ha resuelto al fin su situación. No se ha podido precisar el criterio para ir llamando a los empleados.

Tema en la junta

La crisis de las preferentes, pese a estar ya bastante encauzada, sigue estando sobre la mesa de los directivos de Abanca. Y por si se olvidaban, Adicae se encargó ayer de refrescarles la memoria. En la junta extraordinaria en la que se abordaba la absorción del Etcheverría, una portavoz de esa organización de consumidores recordó a la cúpula del banco que quedan «miles de clientes por resolver» y que el problema no se ha acabado. La junta le respondió que desde que entró Banesco, más del 90?% de los casos han terminado favorablemente para esos usuarios minoristas.

 

FUENTE: www.lavozdegalicia.es

 

Nos toman por tontos

Julián Ballestero Una de las razones ocultas que llevaron a los directivos y a los miembros del Consejo de Administración de Caja Duero a rendirse en la fusión con Caja España era que la operación suponía eludir la amenaza de duras inspecciones del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador más nefasto de cuantos han pasado por el bello edificio de la Plaza Cibeles, presionó a los Fermoso, Lucas, Martín Mesonero, García Monge y compañeros mártires, con tirar de la manta de sus muchas tropelías si no aceptaban entregar la caja salmantina a la leonesa. 

La fusión suponía amontonar papeles sobre los papeles comprometedores y la posterior absorción por Unicaja acabó de enterrar en el fondo de la montaña la mayoría de los expedientes que podrían dar con sus huesos en la cárcel.

A los tribunales solo han llegado por ahora dos entre varias decenas de operaciones de la ´etapa Fermoso´ con fuerte olor a corrupción: el ´caso Nozar´, centrado en una empresa que no podía devolver los 120 millones de euros que debía a la caja y a la que la entidad entonces salmantina compró un edificio por encima de su precio y le concedió otro préstamo de 34 millones, con lo cual el agujero pasó a ser de 210 millones; y el ´caso preferentes", con los mismos protagonistas y un engaño masivo como telón de fondo. Ambos procesos circulan a velocidad de burro con reúma por los atascados pasillos judiciales y las sentencias no verán la luz en años.

Aunque el reinado de Fermoso se caracterizó por el derroche, la prodigalidad y el asalto sistemático a los fondos de una entidad entonces exuberante, no sabemos si los directivos y los consejeros disfrutaban de ´tarjetas negras´ como las de Cajamadrid. ¡Desconocemos tantos detalles de los manejos y de los peculiares mecanismos de compras y concesión de créditos que permitieron al neurólogo y sus compañeros de viaje (de muchos y lujosos viajes) arruinar Caja Duero en pocos años de vampirizarla! Si no disfrutaron de ´tarjetas B´ fue seguramente porque no las necesitaban para llevar un tren de vida acorde con su estatus de banqueros ricos o bien porque encontraron algún otro método para que la entidad sufragara sus caprichos sin recurrir a la Visa, que siempre deja huellas.

FUENTE: www.lagacetadezalamanca.es

Un consejero de Caja España reconoce la existencia de tarjetas como las de Bankia

Zamoranos que han ostentado altos cargos en los órganos de la entidad aseguran sin embargo que nunca han tenido canales de crédito similares

CARLOS GIL La posible existencia de tarjetas de crédito opacas en las cajas de ahorros de la región con un modelo similar al destapado en Bankia (antigua Caja Madrid) se mueve aún en el terreno de la indefinición. Un exconsejero de Caja España, Miguel Ángel Álvarez, ha reconocido la existencia de "este tipo de tarjetas", pero asegura que no se trataba de ningún tipo de medio para obtener sobresueldos o poder realizar gastos sin justificar. Zamoranos que han ocupado puestos relevantes en los órganos de dirección de la misma entidad, sin poder asegurar rotundamente si algún consejero relevante podía tener algo similar (como el presidente o los vicepresidentes), sí aseguran que ellos ni tuvieron tarjetas ni conocen a nadie que las disfrutara. 

El mencionado Miguel Ángel Álvarez dice que la tarjeta que él tenía "la utilicé para gastos muy normales dentro de mi actividad en la caja y en su momento la devolví al no darle uso". Defiende, no obstante, que no hay "nada que esconder", ya que no se trataba de ningún medio de pago opaco. 

El exalcalde de Zamora y actual diputado nacional Antonio Vázquez, que llegó a ser vicepresidente primero del consejo y presidente de la Comisión de Control, asegura que él nunca tuvo tarjetas para gastos, y mucho menos de las utilizadas en Caja Madrid, opacas o fantasma". Asegura que tampoco era una práctica habitual en el sector bancario, al menos en su época e incluso en su etapa de director general de una entidad (Caja Rural de Ávila) llegó a tener semejante instrumento. Asegura que en Caja España todos los meses "te abonaban los gastos" ocasionados con motivo del cargo, y esa era la manera de funcionar. "Desconozco si a lo mejor el presidente del Consejo de Administración o algún alto directivo podía tener alguna tarjeta para gastos", pero nunca oyó hablar de ellas. 

En la misma línea se pronuncian otras personas vinculadas a Caja España y Caja Duero consultadas por este diario: nadie vio nada, aunque tampoco pueden afirmar de forma categórica que no existieran. 

Desde la Plataforma de Afectados por las Preferentes su presidente, José Luis Redondo, cree que ha habido una época en la cual en las entidades de ahorro "se ha robado a manos llenas", como demuestran tanto en escándalo de las preferentes o el que ha salido ahora con las tarjetas de Bankia: "Si los 24.000 millones de euros de rescate a esta entidad dijéramos que equivalen a cuatro billones de pesetas, saldría todo el mundo a la calle a protestar". Redondo asegura no tener datos para afirmar si las tarjetas opacas existían en el caso de Caja España o Caja Duero y en caso afirmativo, si eran utilizadas por los miembros del Consejo de Administración de forma fraudulenta. 

En estos momentos está en investigación una denuncia presentada contra la cúpula de Caja España Duero, hoy integradas en Banco Ceiss.
 

FUENTE: www.laopiniondezamora.es

IU pedirá al Juez que reclame a Ceiss los gastos de las 'tarjetas fantasma' de la cúpula directiva

Ante la certeza del reparto de tarjetas de libre disposición de forma arbitraria y sin control IU reclama al juez que abra otra vía de investigación / Los preferentistas creen que debería actual el fiscal

 

Con su denuncia contra la cúpula de Caja España en fase de instrucción, IU solicitará al juez que amplíe la investigación ante la certeza de que Caja España, al igual que Caja Madrid, también repartió tarjetas de crédito con gastos incontrolados entre algunos de sus altos cargos.

 

En concreto, la coalición pide al Juez que reclame a Banco Ceiss toda la información sobre el uso de estas tarjetas, quiénes disponían de ellas, si existía un control sobre los gastos de los consejeros y directivos y todos los movimientos de las tarjetas. “No es que sea una sospecha, es que tenemos la certeza de que que lo ocurrido en Caja Madrid también ha pasado en León. Queremos que el juzgado tire del hilo para intentar desenredar la madeja de este mamoneo que ha habido en Caja España."

 

Inicialmente, toda la comisión ejecutiva de la caja disponía de tarjetas de libre disposición con cargo a la entidad, según reconocen fuentes ligadas a la entidad. Luego la crisis trajo consigo cierto recato en el reparto de Visas Oro y sólo las disfrutaban el presidente, los vicepresidentes, el director general y el secretario de la entidad financiera.

 

Uno de los miembros de la cúpula que tuvo en su poder tarjeta de libre disposición es el ex consejero y ex vicepresidente de la entidad, el sindicalista de UGT Miguel Ángel Álvarez. En declaraciones a la Cadena Ser, Álvarez admite que le proporcionaron la visa, pero asegura que la devolvió porque no la necesitaba. “Yo lo que hice fue tenerla durante algún tiempo y al cabo de cierto tiempo pues porque no me interesaba tenerla, pues la devolví, sin más”, asegura Álvarez.

 

FUENTE: www.radioleon.com

 

El INTECO alerta de una nueva campaña de "phishing" a Caja España

 

26-09-2014 / 11:30 h EFE

 

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), con sede en León, ha alertado hoy de que ha detectado un gran número de correos fraudulentos que tratan de suplantar la identidad de Caja España, lo que se conoce como "phishing".

Según informa la entidad, el objetivo de esta campaña fraudulenta es engañar a los usuarios para que hagan clic en un enlace que les redirige a una web "maliciosa" que suplanta la identidad de la Caja para capturar sus claves de acceso, datos bancarios y otra información relevante.

El INTECO aconseja a las que personas que hayan recibido un correo de características y hayan hecho clic en el enlace y facilitado su nombre de usuario y contraseña que modifiquen lo antes posible su clave de acceso a su banca online, y las de todos aquellos servicios en los que utilices la misma contraseña.
 

FUENTE: www.abc.es

Preferentistas de Caja España-Duero recuperan 4 millones en cien juicios

Asamblea de afectados por las preferentes de Caja España-Duero organizada por Razón y Justicia.

• 700 socios de Razón y Justicia están pendientes de presentar su demanda o de que se resuelva, lo que supone más de 24 millones de euros

   
  Cien socios de la Asociación Razón y Justicia de Palencia, que aglutina a 870 personas afectadas por las preferentes y subordinadas de Caja España-Duero, han ganado sus respectivos juicios a la entidad bancaria, lo que les ha llevado a recuperar cuatro millones de euros. «Se han ganado todos los juicios celebrados de socios de la asociación. Todas las demandas son individuales», destaca satisfecho Manuel Collado, presidente de Razón y Justicia en Palencia. «El trabajo realizado por los socios se premia con la respuesta que se esperaba. Siempre hemos defendido nuestra condición de ahorradores y la Justicia avala esa condición», agrega.

  
  

  En los juicios celebrados, los afectados y demandantes han recuperado la totalidad del dinero invertido, aunque Manuel Collado señala que los socios no reciben el 100% porque en el caso de ganar los juicios tienen que abonar a los despachos de abogados que les llevan los casos una pequeña cantidad denominada prima de éxito. «Aún así, es una cantidad muy superior a lo que ofrecía el Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob) y Unicaja en la oferta que hicieron en su día, que en la mejor de las condiciones nunca se iba a conseguir más del 70%», explica el presidente de Razón y Justicia. «Nosotros estimábamos que los afectados que se acogieron a sus propuestas iban a conseguir entre un 35% y un 50%, y hemos confirmado que los que han recuperado algo, porque hay personas que no han recuperado nada, han conseguido ese porcentaje de lo que habían invertido», apostilla.

  
  

  Manuel Collado señala que aún quedan 700 socios «pendientes de ver cómo termina nuestro calvario, que tenemos secuestrados 24 millones de euros». Más de 500 afectados ya han presentado la demanda o está en curso, y alrededor de 150 no han iniciado la demanda por distintos motivos, «pero saben que tienen que hacerlo». El presidente de Razón y Justicia estima que antes de finalizar el año 2015 «estará el problema zanjado para todos los socios que pongan demanda».

  
  

  Desde la Asociación Razón y Justicia de Palencia se valora muy positivamente que los cuatro despachos de abogados seleccionados para llevar las demandas hayan ganado los juicios. «Para nosotros es muy positivo, al igual que el hecho de que la Justicia se haya posicionado de nuestra parte, ya que está abriendo muchas puertas y facilitando que los juicios siguientes sean más sencillos, por lo que consideramos que se van a agilizar mucho y que los resultados van a seguir en la misma línea», manifiesta Manuel Collado, quien es consciente de que aunque hasta ahora todas las sentencias están siendo favorables a los afectados, pueden perder algún juicio, ya que a nivel nacional se han celebrado 940 procesos, de los que se han perdido catorce, de la suma de todas las asociaciones que configuran la plataforma de afectados por las preferentes y subordinadas de Caja España-Duero. Aún así, se muestran optimistas. «Que se esté ganando el 98% de los juicios nos da garantías de que nosotros en Palencia podamos seguir esa línea», asegura.

  
  

  La cara negativa del éxito de los juicios la viven ahora las cerca de 80 personas que firmaron las condiciones de Unicaja y de Banco Ceiss y, como consecuencia, no tienen opción a presentar demanda. «Nosotros siempre aconsejamos a los socios que siguieran la vía civil, por lo que ahora algunos se están arrepintiendo, porque en su día pensaron que los juicios no iban a salir adelante y ahora están viendo que sí», concluye Manuel Collado un tanto apesadumbrado.

  
  

  FUENTE: www.elnortedecastilla.es

Ceiss celebrará consejos de administración en las nueve capitales

El Consejo de Administración del Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (CEISS) se ha reunido este miércoles en su sede de Valladolid en la que ha sido la primera reunión de este órgano de gobierno en la Comunidad tras la toma de control de la entidad por parte del Grupo Unicaja, el pasado mes de marzo. A partir de ahora dichas reuniones se celebrarán de forma alterna en la sede central de Madrid y en cada una de las capitales castellano-leonesas.

Coincidiendo con esta celebración del Consejo, el presidente de CEISS, Manuel Azuaga y la consejera delegada, María Luisa Lombardero, visitaron al alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. Al encuentro también acudieron el consejero vallisoletano Alejandro Menéndez y el director general de banca comercial, Carlos Ranera.

Azuaga manifestó a León De la Riva que la entidad continuará reafirmando su compromiso histórico hacia la ciudad y el conjunto de la Comunidad de Castilla y León, sus clientes, sus empresas y sus instituciones.

Banco CEISS pertenece al Grupo Unicaja, séptimo grupo bancario español y tercero procedente de Cajas de Ahorro, con unos activos totales próximos a los 72.000 millones de euros. 

Durante el primer semestre de 2014, Banco CEISS incrementó los recursos de clientes en 124 millones de euros y más de 426 millones de euros desde la toma de participación de Unicaja Banco. Esta evolución positiva también se observa en recursos captados fuera de balance (fondos de inversión, planes de pensiones y seguros).

FUENTE: www.eleconomista.es

 

La Junta insiste en que el "vínculo" de Ceiss con la tierra, dentro de Unicaja

El consejero de Economía, Tomás Villanueva, afirma que la entidad resultante "conoce muy bien el mundo rural" y la economía del territorio de Castilla y León

El consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha insistido este lunes en el que la integración de Banco Ceiss en Unicaja no ha eliminado su vínculo con el territorio de la Comunidad, que “conoce muy bien el mundo rural” y la economía del territorio. 

Villanueva, sin embargo, ha considerado “necesario para el futuro” la pertenencia de la entidad financiera de raíz leonesa a la andaluza, que ha sido quien le ha “aportado solvencia”, pero que sigue “muy vinculada” a Castilla y León.

Todo ello, después de haber iniciado la fase de solución del “serio problema” que supuso la proliferiación de cajas de ahorros, ahora reconvertidas en bancos. En el caso de Caja España y Caja Duero ha destacado la “decisión” de sus entonces responsables, Santos Llamas y Julio Fermoso, para “integrarlas”.

FUENTE: www.leonoticias.com

 

Caja Duero pagó sobreprecios de 23 millones en la compra de tres edificios

La entidad, ahora en el Banco Ceiss adquirió sin tasar una sede de 8.000 metros en Madrid

Informes encargados a instancias del Banco de España revelan las irregularidades

 

Caja Duero pagó un sobreprecio de 23,1 millones de euros en la compra de tres edificios en 2007 en Madrid, Valencia y Salamanca. La decisión derivaría en posibles delitos de estafa y administración desleal, según informes solicitados para aclarar operaciones sospechosas a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de análisis jurídicos encargados a instancias del Banco de España por el Banco Ceiss, la entidad en la que se transformó Caja Duero en 2011 tras recibir más de 1.100 millones de euros de dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El exdirector de Desarrollo Corporativo de Caja Duero José María de la Vega participó en los negocios bajo sospecha. De la Vega ya fue imputado en el caso Nózar, como se denomina el presunto pago de sobreprecios millonarios en la compra de un edificio en Madrid en 2008. Este periódico no ha podido contactar con De la Vega, que hasta hace dos meses era director general de Banco Ceiss (hoy integrado en Unicaja Banco). De la Vega ahora es responsable de Medios e Integración, un cargo de confianza, según fuentes de la entidad.

La primera de las operaciones cuestionadas apunta a la sede principal de la entidad en la calle del Marqués de Villamagna de Madrid. Caja Duero adquirió este acristalado inmueble de 8.000 metros cuadrados y ocho plantas en mayo de 2007 por 84 millones. La compra, sin embargo, nunca debió superar los 63,5, según uno de los informes encargados por Banco Ceiss a la empresa de tasaciones UVE Valoraciones.

Estafa y administración desleal

La compra de tres sedes de la extinta Caja Duero en Madrid, Valencia y Salamanca en 2007 por un precio que supera en 24 millones las tarifas de mercado podría sentar en el banquillo a los directivos de la antigua entidad y salpicar a los actuales administradores de Banco Ceiss. Un informe jurídico encargado por el banco al que ha tenido acceso este periódico cuestiona a los responsables de Caja Duero que participaron y aprobaron la compraventa del edificio de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Los letrados sugieren que estos directivos podrían haber cometido un delito de estafa agravada (artículo 250.1 del Código Penal). Se enfrentarían a penas de uno a seis años de prisión. Aprecian también indicios de un delito de administración desleal. El documento anima a reclamar el dinero derivado de las “negligencias”.

Un segundo estudio, elaborado también a petición de Banco Ceiss, recoge irregularidades en la operación de Valencia. “Existen indicios de que, tanto Tinsa como los responsables de Desarrollo Corporativo de Caja Duero, actuaron de forma negligente, procurando un importante prejuicio económico a la entidad”.

Respecto a la compra de la sede de Madrid, donde la extinta Caja Duero pagó un sobreprecio de más de 20 millones de euros, un análisis jurídico del catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid Julio Banacloche aprecia conducta negligente en el entonces presidente de Caja Duero Julio Fermoso, la comisión ejecutiva y el consejo de administración. El letrado critica que una compra de 84 millones se aprobara sin tasación. Ve, además, indicios de administración desleal aunque este delito ya habría prescrito. Y anima a Banco Ceiss a reclamar al consejo de administración de la extinta Caja Duero los millones que se perdieron con la compra del inmueble de Salamanca. Los informes jurídicos encargados por Banco Ceiss por recomendación del Banco de España para aclarar irregularidades en los tres edificios advierten a los actuales administradores del banco que podrían verse envueltos en problemas legales de no denunciar las transacciones de la extinta caja.

El negocio de Marqués de Villamagna fue defendido con vehemencia por el entonces presidente de Caja Duero Julio Fermoso en la comisión ejecutiva del 15 de marzo de 2007. Argumentó que era una “oportunidad” para concentrar varias oficinas y sucursales de Madrid. Fermoso no informó a sus consejeros de los “vicios ocultos” del edificio. Unos problemas en la estructura que multiplicaron por cuatro (8,6 millones) la factura prevista de la remodelación. Este directivo también fue imputado en el caso Nózar.

Para comprar el edificio Villamagna, Fermoso y la Comisión Ejecutiva se guiaron solo por un informe de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman. El documento animaba a la transacción pero no incluía una tasación independiente. Aguirre Newman era parte interesada y, como tal, recibió una comisión del 1% (840.000 euros) como intermediario. La consultora inmobiliaria declina responder a EL PAÍS.

El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid Julio Banacloche destaca en un informe encargado por el Banco Ceiss que Caja Duero compró su sede en Madrid sin tasación. Los únicos peritajes sobre el edificio se encargaron tras la transacción y afloraron la necesidad de un desembolso millonario, en la reforma citada.

Caja Duero, que llegó a superar los 20.000 millones en activos, fue una de las grandes cajas de ahorro de Castilla y León, junto con Caja España. Ambas acabaron fusionándose en el proceso de reestructuración financiera y formando Banco Ceiss. No obstante, la indigestión provocada por el ladrillo le llevó a echarse en brazos de Unicaja Banco.

Además de la compra del edificio de la calle Villamagna, los informes revelan sobreprecios en la compra en julio de 2007 de un edificio de 1.100 metros en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. La entidad abonó por el inmueble 18 millones desoyendo una tasación que cifraba su valor de mercado en 16,3. Los documentos señalan un enigmático correo de la directora de infraestructuras de Caja Duero de junio de 2007 a la tasadora Tinsa: “Se trata de un encargo especial que necesita un tratamiento especial”, precisó. El negocio de Valencia se cerró de forma “urgente” en cuatro semanas. No contempló ofertas alternativas. Y pasó por alto una reforma de la propiedad de más de 1,3 millones. Las prisas de los directivos por hacerse con el céntrico edificio no quedaron justificadas, según las severas auditorías encargados por el Banco Ceiss por recomendación del Banco de España.
Los informes apuntan como irregularidad que Caja Duero abonó en la compra de su sede valenciana una comisión del 2% (360.000 euros) a una sociedad vinculada a la hija de los vendedores de la propiedad. Una condición “inédita”, según fuentes financieras. “No es normal que las comisiones las pague el comprador”, añade otro informe jurídico. El órgano ejecutivo de Caja Duero presidido por Fermoso aprobó por unanimidad la “controvertida” operación de Valencia.

En Salamanca, Caja Duero adquirió en junio de 2007 la propiedad denominada Casa de María la Brava. Una transacción que hoy está bajo el foco. El edificio de 1.200 metros se compró por 11,6 millones pese a que la tasación rebajaba su valor de mercado a 9,7. Casi dos millones de diferencia que nadie pudo justificar.

También Banco Ceiss ha rechazado responder a este periódico. La entidad argumenta que los negocios de la discordia se aprobaron antes de su constitución, en diciembre de 2011.
 

FUENTE: economia.elpais.com