martes, 27 de agosto de 2013

ATENCIÓN AFECTADOS LEÓN Y ALREDEDORES

Mañana Miércoles 28 de Agosto a las 11h estará TV CYL en la Plaza de San Marcelo para hacer un reportaje sobre la situación en la que el Ayuntamiento de León nos deja a todos los afectados, al cerrarnos mañana la oficina de atención de San Marcelo.

Os rogamos a todos los afectados que podáis que asistáis para que nos empiecen a poner cara en los medios y vean a cuanta gente van a dejar tirada.

Esperamos que acudáis todos aquellos que tenéis las mañanas libres, que sois muchos. 
¡Esto nos afecta a todos!

Os vemos mañana en San Marcelo

miércoles, 21 de agosto de 2013

La Caja embarga a su ex presidente por el impago de un crédito de 4,14 millones

La ejecución hipotecaria contra Santos Llamas que ahora ordena un juzgado de León es por un préstamo que la entidad financiera concedió a la constructora Carriegos de su propiedad en febrero del año 2004

F. RAMOS | Valladolid 21/08/2013
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Era cuestión de esperar. Caja España-Duero acaba de actuar contra su ex presidente, Santos Llamas, por el impago de uno de los innumerables créditos que tiene concedidos, cuyo importe asciende a los 4,14 millones de euros.
El auto judicial del pasado 17 de mayo del presente año, al que ha tenido acceso DIARIO DE LEÓN, ordena «despachar la ejecución a favor de la parte ejecutante Banco de Caja España de Inversiones Salmanca y Soria S.A. (Ceiss), por importe de 4.144.184,33 euros». Una cantidad en la que están incluidos, además de la deuda principal del crédito, «los intereses ordinarios y moratorios vencidos».
En el auto, el juez de primera instancia número 3 de León requiere a Santos Llamas para que efectúe el pago de esos 4,14 millones de euros, bajo la amenaza de embargo de los bienes hipotecados.
El crédito al que hace referencia el auto judicial que ahora se conoce se firmó el 6 de febrero de 2004 entre Construcciones Carriegos, la constructora de Santos Llamas, y la entonces Caja España. Un crédito que, hoy nueve años después, se sabe el ex presidente de la entidad no sólo no ha pagado sino que a éste sumó otros muchos, ya durante su etapa al frente de la entidad financiera, hasta alcanzar la desorbitada cifra de 80 millones de euros en préstamos, tal y como consta en la denuncia que en su día presentó Izquierda Unida ante la Fiscalía General de Castilla y León.
 
1,24 millones en intereses
A los 4,14 millones que Santos Llamas tendrá que hacer frente en este momento, para cubrir uno de los pufos que dejó a Caja España, y que ahora el banco Ceiss reclama vía judicial, el ex presidente de la entidad deberá depositar 1.243.200 euros, que el juez «fija provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación», recoge el auto del Juzgado de Primera Instancia número 3 de León sobre el asunto.
Cabe recordar que Santos Llamos se vió obligado a dimitir el 19 de octubre de 2012, al no poder hacer frente a sus créditos de 80 millones, ya que desde la entidad se negó a refinanciarlos, con lo que el ex presidente podría haber entrado en mora con la Caja.
Esa fue la razón de su salida del Consejo de Administración y no los «motivos personales» que alegó entonces en su escrito enviado a la entidad. Tanto es así, que Llamas se fue cinco minutos antes de que tuviera que ser destituido, tal y como indica la Ley de Cajas, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2010 y en la que se dice expresamente que para ser consejero se ha de «estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran contraído con la caja de ahorros por sí mismo o en representación de otras entidades», algo que a la vista de este embargo Santos Llamas no cumplía.
 
Los preferentistas dejarán San Marcelo el 28 de agosto por presiones al Consistorio
La asociación de afectados asegura que el Consistorio ha recibido "presiones y amenazas" por parte del Banco Ceiss / Buscan un nuevo local en el centro de León para instalarse
Cristina Centeno       21/08/2013
 
 
 
 


El presidente de la Asociación de Afectados por las Preferentes del Banco Ceiss, Basilio Garmón, confirmó este miércoles que la plataforma abandonará el próximo 28 de agosto la oficina que le cedió el Ayuntamiento de León en el edificio municipal de San Marcelo.
Supuestamente, el motivo por el que el Ayuntamiento no ha atendido la petición de ampliar la cesión de las instalaciones de San Marcelo por dos meses más han sido "presiones y amenazas" por parte del Banco Ceiss, que, según Garmón, ya se habían producido desde que se cedió en julio por lo que "ya nos habían hecho quitar la cartelería en el edificio". Tras reunirse con Emilio Gutiérrez, alcalde de León, y la concejala responsable, Garmón no ha llegado a ningún acuerdo y tras dos meses en San Marcelo la asociación tendrá que trasladarse.

Basilio Garmón, que ya ha recibido ofertas de locales en ayuntamientos próximos a León y en sedes sindicales y de partidos de la oposición, pide a los socios que puedan tener algún espacio en el centro de la ciudad que colaboren cediéndolo porque "este tema no se puede politizar, ya que es un tema general que afecta a todos".

En la oficina, en la que se realizan servicios de información y asesoramiento a los afectados por preferentes, trabajan voluntarios pero "es necesario que sea una oficina cercana al centro para facilitar el acceso sobre todo a las personas mayores". "Hay que pensar en la gente", afirma Garmón, "detectar el problema y buscar soluciones, aunque los políticos no estén por la labor", confiesa.

"El número de usuarios del servicio no baja", confiesa el presidente, por lo que en el caso de no encontrar un lugar para instalarse "vamos a dejar sin cobertura a mucha gente". Además, critica que "deberían ser los Ayuntamientos los que ofreciesen estos servicios".

Mientras la asociación busca otro lugar donde instalarse a partir del próximo 28 de agosto, ya hay preparadas y documentadas 2.500 demandas que se interpondrán a partir del mes de septiembre en los juzgados de primera instancia de toda la provincia. Raúl Prudencio, portavoz de la plataforma, confiesa que la espera es "porque nos habían comunicado un colapso total de los juzgados, por lo que estamos pendientes de que lleguen los refuerzos tras las vacaciones".

FUENTE: www.leonoticias.com

Un impago que exige ahondar en la investigación de Caja España - Duero

LOS HECHOS que se van conociendo de la gestión de las Cajas vienen a demostrar la necesidad de una investigación, que permita esclarecer cómo se gestionaron estas entidades en los años de bonanza económica y el porqué de su cataclismo que las llevó a desaparición.

El impago de un crédito por parte del ex presidente de Caja España-Duero, Santos Llamas, que ahora salta a la luz no es más que la evidencia de que algo no se hizo del todo bien, en lo que a garantías se refiere, cuando en su momento se firmó el préstamo. Algo que, precisamente, es lo que Izquierda Unida solicitaba esclarecer con su denuncia ante la Fiscalía General de Castilla y León.

Y es que el problema aquí no radica en la concesión de los créditos, entre otras cosas porque es una parte fundamental del negocio de las entidades financieras. El verdadero problema es que esos préstamos que entonces se firmaron ahora no se están devolviendo, como se demuestra con el de la constructora Carriegos de Santos Llamas, que no hay que olvidar se vio obligado a dimitir como consejero de la entidad una vez que la Caja dejó de refinanciarle su deuda y pasó a entrar en mora. Y, curiosamente, es ahora, justo en el momento que ya no tiene responsabilidad alguna en la entidad, cuando deja de pagar los créditos que se le concedieron, muchos de ellos firmados en su época de presidente.

Aquí no vale echar balones fuera, entre otras cosas, porque Santos Llamas fue aupado a la Presidencia de Caja España con el apoyo de todos los grupos políticos, sindicales y empresariales. Es hora ya de pasar de las palabras a los hechos, que se están demostrando lo suficientemente graves como para que puedan quedar en el limbo.

Izquierda Unida dio el primer paso con su denuncia ante la Fiscalía, pero la investigación debe ir más allá y tiene que llegar hasta las Cortes autonómicas, algo que por cierto el PSOE aprobó pedir dentro de su último comité autonómico y que su procurador y también consejero de la entidad, José Francisco Martín, aseguró entonces iban a llevar adelante. Ahora es el momento de pasar de esas buenas palabras a los hechos y reclamar, exigir la apertura de una investigación en el Parlamento autonómico, que sirva para poner luz en las innumerables sombras que se ciernen sobre la gestión de las Cajas. La constatación del impago de unos créditos por parte de Santos Llamas es una prueba más que viene a demostar la necesidad de ahondar en esa investigación que,además, servirá para conocer de una vez por todas la deuda total del ex presidente con la Caja, hoy Banco Ceiss.

FUENTE: www.elcorreodeburgos.com
La lucha de los preferentistas no cesa
Adicae ya gestiona en Valladolid un total de 1.126 demandas de preferentistas contra Banco Ceiss que se presentarán de forma colectiva antes de dos meses
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) comunicó a Ical que ya ha tramitado 261 demandas de preferentistas contra Banco Ceiss, que ha enviado a sus abogados y se presentarán de forma conjunta ante los juzgados antes de un plazo de dos meses. Asimismo, está analizando otras 865, que se encuentran en fase de “revisión” también para su presentación ante los tribunales en el mismo plazo en forma de demanda colectiva. La mayor parte de las demandas que está gestionando corresponden a Castilla y León, 709, con 341 de preferentistas de Caja España y 241 poseedores de obligaciones subordinadas de esta entidad; y 36 y 91 de Caja Duero, en cada caso.
La organización considera “abusiva” e “injusta” resolución del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) sobre el canje de estos bonos, ya que sufrirán quitas iniciales de hasta el 60,75 por ciento, aunque todo de penderá de como cristalice la operación de absorción de la entidad castellana y leonesa por parte de la malagüeña Unicaja.
FUENTE: www.leonoticias.com

La CE insiste en que los preferentistas no deben perder si hubo venta fraudulenta

El comisario Almunia reitera el argumento en la investigación sobre Novagalicia

maría j. muñiz | león 20/08/2013

La Comisión Europea informó en su día a las autoridades económicas españolas de que los tenedores de participaciones preferentes o deuda subordinada no deberían asumir la carga de las pérdidas de las cajas de ahorros rescatadas en el caso de que un arbitraje o una sentencia judicial determinara que los productos habían sido comercializados de manera fraudulenta. Un argumento que reitera ahora el commisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ante la Comisión de Investigación sobre las entidades que lleva a cabo el Parlamento de Galicia.
En una declaración escrita, Almunia señala que la Comisión Europea no puso límite al número de ahorradores que podían someterse a los arbitrajes para intentar recuperar la totalidad de su inversión frente a las quitas establecidas en los procesos de rescate; pero sí se pidió a las autoridades que se analizara en profundidad cada caso que acudiera a esta herramienta para asegurarse de que los ahorradores habían sido víctimas de una venta fraudulenta.
Los argumentos de Almunia coinciden así con los de los miembros de las plataformas de afectados por las participaciones preferentes, en el caso de León fundamentalmente los que eran clientes de Caja España-Duero pero también muchos de Caixa Galicia. Los segundos sí pueden acceder al procedimiento de arbitraje, pero los clientes del hoy Banco Ceiss únicamente tienen la posibilidad de acudir a la vía judicial para reclamar que se les devuelvan sus ahorros.
Las demandas que ya se han presentado, y la avalancha que se espera a partir de las próximas semanas, incide precisamente en que los productos híbridos se comercializaron sin que los ahorradores fueran en realidad conscientes de los riesgos que estaban asumiendo, por lo que reclaman que se respete su inversión inicial y no se apliquen las quitas establecidas, que hasta ahora van del 10 al 68% de la inversión inicial.
El comisario de Competencia señala en su escrito a la comisión de investigación del Parlamento gallego que efectivamente la Unión Europea estableció como condición para aprobar el rescate de las entidades financieras españolas en problemas (entre ellas Caja España-Duero y Caixa Galicia) que los tenedores de instrumentos de inversión, como preferentes o subordinada, debían asumir parte de las pérdidas de las cajas en las que participaban.
Sin embargo, estas quitas no deberán aplicarse si una sentencia o un laudo arbitral establecen (y la decisión se toma caso por caso) que la venta de estos productos híbridos se realizó de forma fraudulenta. Es decir, si se diferencia entre los inversores y los ahorradores que se vieron estafados.
Las primeras sentencias en este sentido sobre los preferentistas de Ceiss, así como de las otras entidades afectadas, están dando la razón a los ahorradores, aceptando su argumento de que desconocían qué tipo de productos estaban contratando.

FUENTE: www.diariodeleon.es

Almunia niega que limitase el arbitraje de las participaciones preferentes

El comisario dice que el Gobierno y el Banco de España decidieron que NCG no era “sistémica”


 
“La Comisión Europea no estableció límites específicos” sobre el número de preferentistas “que eventualmente pudieran tener acceso a los procedimientos de arbitraje establecidos por las autoridades españolas”. Así lo asegura el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, en su segunda respuesta por escrito a la comisión de investigación sobre las cajas del Parlamento de Galicia. Almunia también recuerda que fue el Gobierno español el que decidió no considerar entidad “sistémica” a Novagalicia.
Almunia, junto a la ex conselleira de Facenda Marta Fernández Currás y al ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, decidió no comparecer en persona ante la comisión de investigación. El PSOE, como el resto de la oposición, anunció inicialmente como protesta que no les formularía preguntas por escrito, como sí hizo el PP. Pero finalmente sí le planteo a Almunia varias cuestiones orientadas a una respuesta favorable a sus tesis. Sobre el arbitraje de preferentes, los socialistas preguntan a su compañero de partido si la Comisión Europea fijó “algún límite máximo de personas que podían someterse a éste”, como dieron a entender en sus comparecencias hace un mes tanto los responsables de la Xunta como de Novagalicia. Almunia contesta tajante que no, que no estableció “límites específicos”, y dice que lo que pidió de las autoridades españolas fue “que cualquier proceso de arbitraje que pudiera establecerse se instrumentara mediante un profundo análisis caso por caso que determinara las circunstancias particulares de la venta fraudulenta de dicho instrumento”.

Almunia admite que el acuerdo entre el Gobierno y la Unión Europea para el rescate bancario español incluía que los tenedores de instrumentos de inversión como las preferentes asumiesen parte de las pérdidas. Pero añade que la Comisión Europea “informó a las autoridades españolas que el principio de reparto de la carga […] no podía nunca imponerse a un laudo arbitral o sentencia judicial que determinase que un determinado instrumento financiero fue originalmente fraudulentamente comercializado”.
Almunia desvía al Gobierno español la respuesta a las preguntas sobre si éste “hizo constar la situación” de los preferentistas estafados en su negociación para el rescate bancario o si “intentó” hacer “una distinción entre inversores y ahorradores que se vieron estafados”. Almunia dice que esas son “opiniones o decisiones del Gobierno de España, al que corresponde contestar”. Al comisario europeo se le pregunta si fue el Gobierno de España el que determinó qué entidades bancarias debían ser consideradas “sistémicas”. Y Almunia contesta que “efectivamente” fueron “las autoridades españolas, incluyendo al Ministerio de Economía y Competitividad, el Banco de España y el FROB establecieron cuales de las entidades bajo reestructuración y con necesidades adicionales de fondos públicos debía ser considerada sistémica”.
 
FUENTE: www.elpais.com