El Banco de España explica a la juez por qué no actuó contra los créditos a Llamas
El perito del supervisor declara como testigo por el informe sobre irregularidades en préstamos al ex presidente de Caja España.
20/01/2015 M. J. MUÑIZ | LEÓN
Santos Llamas acudió a declarar a la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre.
El
Banco de España tendrá que explicar este jueves ante la titular del
Juzgado de Instrucción Número 5 de León si autorizó los créditos que
tanto Caja España como Caja Duero concedieron al ex presidente Santos
Llamas, incluso cuando se consideraba que el constructor tenía grandes
riesgos de impagos y su situación era de insolvencia. Los peritos del
organismo supervisor están llamados también a declarar al juzgado leonés
para que expliquen si se abrió un expediente sancionador a las
entidades financieras, y por qué se permitió que Llamas siguiera en el
consejo de administración de Caja España-Duero cuando era incompatible
con la legislación por si situación de moroso.
La magistrada del Juzgado Número 5, Rocío González, ha llamado a
declarar como testigo a un perito que realizó un informe del Banco de
España sobre la ilegalidad de la participación de Santos Llamas en los
órganos de gobierno de las cajas, así como sobre las irregularidades en
operaciones de crédito a empresas relacionadas con el empresario leonés.
El informe se elaboró en marzo de 2013, después de que Llamas
abandonase el consejo de administración; y se incorpora a las
diligencias previas por la denuncia de Izquierda Unida y de la Fiscalía
contra los ex directivos de Caja España, Caja Duero y Ceiss por un
presunto delito de administración desleal.
Mandato
Santos Llamas llegó a la presidencia de Caja España en julio de 2006,
y la ocupó hasta octubre de 2010. Sin embargo, se mantuvo como
consejero de la entidad fusionada Caja España-Duero hasta octubre de
2012. Según el informe elaborado por el Banco de España, los créditos
concedidos al constructor y la refinanciación de sus deudas no contaron
con las garantías suficientes, ni fueron calificados con el riesgo que
realmente se asumía, lo que supuso para la entidad un quebranto que la
Fiscalía calcula en 60 millones de euros.
El informe del supervisor señala que el 80% de un total de 46
operaciones de crédito analizadas, que fueron concedidas a Llamas (29 de
ellas por Caja España y otras 17 por Caja Duero) no fueron calificadas
de riesgo, a pesar de que lo eran. En total el constructor obtuvo
préstamos o avales por 67,9 millones en el caso de la entidad con sede
en León, y 8,8 millones en la que entonces tenía sede en Salamanca.
Los problemas de Llamas para la devolución de los préstamos
concedidos se hicieron evidentes al inicio de 2009, cuando se le aprobó
una operación de reestructuración de deuda, después de que varias de las
sociedades en las que participaba hubieran incurrido ya en impagos.
El constructor se mantuvo todavía en la presidencia de la entidad
casi otros dos años, a pesar de que la ley le obligaba a abandonar los
órganos de dirección de la entidad. Sin embargo, el consejo de
administración permitió que se siguieran en vigor los préstamos, que
seguían sin estar calificados como de riesgo por la morosidad y la
«insolvencia manifiesta» en la que se encontraban las empresas.
Trato de favor y embargos
De hecho, en lo que el Banco de España considera un trato de favor
por parte de los consejos de administración de las dos entidades, ni
siquiera se le exigieron garantías para respaldar los préstamos. Y en el
caso de Caja Duero se concedieron incluso a pesar de que desde análisis
de riesgos se desaconsejó seguir adelante con las refinanciaciones.
Operaciones que se mantuvieron hasta 2012.
Banco Ceiss no comunicó al ex presidente las primeras notificaciones
de embargo por impago de créditos hipotecarios hasta el verano de 2013,
entonces por el impago de 5,1 millones de euros; aunque a este impago le
sucedieron otros más.
Santos Llamas ya acudió a declarar ante la Audiencia Nacional, junto
con el expresidente de Caja Duero Julio Fermoso y ocho directivos, el
pasado 22 de octubre. Entonces tuvieron que explicar ante el juez Eloy
Velasco cómo idearon la comercialización de participaciones preferentes y
deuda subordinada en 2009 y 2010. La Unión de Consumidores les acusa de
estafa, entre otros delitos, y se investiga si aprobaron la
comercialización para retrasar u ocultar el deterioro de la entidad y
para captar activos, en perjuicio de sus clientes.
FUENTE: www.diariodeleon.es
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