Santos Llamas pudo ser presidente de Caja España de forma ilegal durante dos años
Cada día que pasa se descubren nuevas irregularidades en las cajas de
ahorro que han tenido que ser rescatadas o que han recibido cientos de
millones en ayudas publicas.
En Castilla y Leon, a las
prejubilaciones millonarias de Caja Segovia o los créditos millonarios a
las empresas del presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, se
unen ahora las prebendas que tenía el constructor leonés Santos Llamas,
que podría haber ocupado el cargo de presidente de Caja España de forma
ilegal durante dos años, tal y como adelanta este lunes la edición de
Valladolid del diario El Mundo.
Un informe del Banco de España advierte de que Santos Llamas no podía
ser ni consejero ni presidente de Caja España dada su condición de
moroso con la entidad. El constructor leonés fue presidente de la caja
desde julio de 2006 hasta el 1 de octubre de 2010 y hasta octubre de
2012 fue consejero de la caja resultante tras la fusión con Caja Duero.
El informe, que forma parte de las diligencias previas que investiga el Juzgado de Instrucción nº 5
tras la denuncia de IU contra directivos de Caja España, Caja Duero y
Ceiss por un delito de "administración deslea"», señala que la ley de
Cajas de Castilla y León de 2005 le impedía ser miembro del consejo y presidente por incurrir en riesgo de impago y posteriormente en mora con la entidad.
El informe, firmado por la jefa de la División de Asesoría Jurídica
Interna del Banco de España, Rosario Pérez Moreno, analiza 29
operaciones de crédito o líneas de avales concedidos por Caja España a
empresas de Santos Llamas por un total de 67,9 millones y 17 de Caja
Duero por 8,8 millones. El 80% de las operaciones firmadas con la
entidad que presidía eran de riesgo pero no estaban computadas como
tales, siempre según el citado rotativo.
La situación de ilegalidad de Santos Llamas comenzó en enero de 2009
cuando obtuvo una reestructuración de su deuda que interrumpió el pago
de intereses. Se deduce además que hubo un trato de favor del Consejo
con él porque no se le exigieron nuevas garantías, ni había evidencia de
que pagaría con la refinanciación ni se le reclamaron los intereses
ordinarios pendientes de pago como es preceptivo.
Según el informe, la entidad financiera incumplió con Llamas su propia política de riesgos:
límite del 60% sobre el valor de tasación del suelo para el préstamo,
plazo máximo de dos años, exigencia del pago de intereses pendientes
para aprobar la refinanciación...
La magistrada que instruye las diligencias Rocío González ha citado a
declarar como testigo al perito del Banco de España el próximo día 22
para ser interrogado sobre el informe.
Según el Banco de España, Caja Duero tampoco actuó regularmente en
las refinanciaciones concedidas desde abril de 2009 ya que tampaco pidió
garantías complementarias y ya había claros indicios de "que existía
una insolvencia manifiesta".
FUENTE: www.eleconomista.es
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