Los ex directivos de la Caja se escudan en que las preferentes tenían aval del supervisor
Declaran en la Audiencia Nacional que con estos productos querían fidelizar clientes
DL | REDACCIÓN 25/10/2014
Tres
ex directivos de Caja España y Caja Duero defendieron ayer en la
Audiencia Nacional que la emisión de preferentes contó con el aval del
Banco de España y la CNMV y que, aunque suponía un porcentaje mínimo de
sus ingresos, decidieron ejecutarla por fidelizar a sus clientes, que
las reclamaron.
Ayer declararon como imputados ante el juez Eloy Velasco los ex directores financieros de Caja Duero, Arturo Jiménez, y de Caja España, Antonio Fernández, así como el ex director comercial de esta última entidad, Óscar Fernández, por «idear» presuntamente la emisión de preferentes y deuda subordinada como instrumento para capitalizar las entidades «a costa y en perjuicio de los clientes».
Según informaron fuentes jurídicas, los tres alegaron que se canjearon las participaciones de 2003 y 2004 en 2009 para ayudar a sus clientes, ya que les suponía poder cobrar un interés mucho mayor.
Caja España lanzó una primera emisión el 11 de noviembre de 2004 por un total de 150 millones de euros y, posteriormente, el 19 de mayo de 2009 por 200 millones, ofreciendo un tipo de interés en la primera del 5,15 % para pasar al 8,25 % de la segunda, con una periodicidad del pago del cupón en ambos casos trimestral.
Mientras, Caja Duero realizó otras dos emisiones, una en 2003 y otra en 2009, esta última por importe de 100 millones y con un tipo de interés del 8,75 por ciento, con la misma periodicidad trimestral.
En todo caso, los tres ex directivos explicaron al juez que el porcentaje de híbridos no representaban ni el 3 % de sus beneficios, ya que el grueso lo tenían con los contratos hipotecarios y productos de plazo fijo, pero se decidieron las emisiones para fidelizar a sus clientes, que demandaban este tipo de híbridos y a los que siempre se pagaron los cupones.
Asimismo, aseguraron que los detalles de los productos estaban perfectamente explicados en el tríptico y en el folleto de emisión, y que estaban avalados tanto por el Banco de España como por la CNMV. Desvelaron además que junto al tríptico, las entidades difundieron una circular interna en la que se emplazaba a los empleados a explicar las dudas de los clientes a la hora de comercializar.
Por último, alegaron que sus respectivas cajas cumplían las ratios de solvencia y culparon al decreto de reforma financiera aprobado por el Gobierno en febrero de 2012 de no haber podido seguir pagando los cupones más allá de 2013.
Pese a que defendieron su solvencia en el momento de la emisión y que sus cuentas fueron aprobadas por el Banco de España, para el abogado de la acusación ejercida por la Unión de Consumidores de Castilla y León, Santiago Díez, «está claro que las preferentes y las subordinadas les computaban como recursos propios».
Ayer declararon como imputados ante el juez Eloy Velasco los ex directores financieros de Caja Duero, Arturo Jiménez, y de Caja España, Antonio Fernández, así como el ex director comercial de esta última entidad, Óscar Fernández, por «idear» presuntamente la emisión de preferentes y deuda subordinada como instrumento para capitalizar las entidades «a costa y en perjuicio de los clientes».
Según informaron fuentes jurídicas, los tres alegaron que se canjearon las participaciones de 2003 y 2004 en 2009 para ayudar a sus clientes, ya que les suponía poder cobrar un interés mucho mayor.
Caja España lanzó una primera emisión el 11 de noviembre de 2004 por un total de 150 millones de euros y, posteriormente, el 19 de mayo de 2009 por 200 millones, ofreciendo un tipo de interés en la primera del 5,15 % para pasar al 8,25 % de la segunda, con una periodicidad del pago del cupón en ambos casos trimestral.
Mientras, Caja Duero realizó otras dos emisiones, una en 2003 y otra en 2009, esta última por importe de 100 millones y con un tipo de interés del 8,75 por ciento, con la misma periodicidad trimestral.
En todo caso, los tres ex directivos explicaron al juez que el porcentaje de híbridos no representaban ni el 3 % de sus beneficios, ya que el grueso lo tenían con los contratos hipotecarios y productos de plazo fijo, pero se decidieron las emisiones para fidelizar a sus clientes, que demandaban este tipo de híbridos y a los que siempre se pagaron los cupones.
Asimismo, aseguraron que los detalles de los productos estaban perfectamente explicados en el tríptico y en el folleto de emisión, y que estaban avalados tanto por el Banco de España como por la CNMV. Desvelaron además que junto al tríptico, las entidades difundieron una circular interna en la que se emplazaba a los empleados a explicar las dudas de los clientes a la hora de comercializar.
Por último, alegaron que sus respectivas cajas cumplían las ratios de solvencia y culparon al decreto de reforma financiera aprobado por el Gobierno en febrero de 2012 de no haber podido seguir pagando los cupones más allá de 2013.
Pese a que defendieron su solvencia en el momento de la emisión y que sus cuentas fueron aprobadas por el Banco de España, para el abogado de la acusación ejercida por la Unión de Consumidores de Castilla y León, Santiago Díez, «está claro que las preferentes y las subordinadas les computaban como recursos propios».
FUENTE: www.diariodeleon.es
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