La Policía Nacional tomará declaración a los afectados por preferentes de Ceiss
Es
la primera acción de investigación policial a esta escala, ordenada por
la Fiscalía de Valladolid, que se produce en España en la
comercialización masiva de este producto
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leonoticias.com 12/06/2013
El Grupo de
Delincuencia Económica de la Policía Nacional, adscrito a la Jefatura
Provincial de Valladolid, toma declaración desde el 10 de junio a todos
los afectados por preferentes que denunciaron al amparo de la Unión de
Consumidores (UCE) ante la Fiscalía a Caja España-Duero, Banco Ceiss,
por presunto delito de estafa, entre otros, según informó la UCE en un
comunicado. El presidente de la organización de consumidores,
Prudencio Prieto, informó de que se trata de la primera acción de
investigación policial a esta escala y ordenada por la Fiscalía de
Valladolid, que se produce en España en la comercialización masiva de
este producto complejo a clientes minoristas.
Junto con la acción del juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, comunicada esta misma semana, de abrir proceso contra los dirigentes de Bankia por la comisión de presuntos delito de estafa, publicidad engañosa, alteración del precio de las cosas y administración desleal, supone iniciar la persecución judicial y policial de las presuntas acciones delictivas cometidas por los órganos directivos y empleados de las cajas en la colocación masiva de productos financieros complejos “en un sector amplísimo de la población que no cumplía con las capacidades para comprender lo que estaban suscribiendo”. Para ello. “medió abuso de confianza en clientes fieles de las entidades beneficiadas”.
A juicio de la UCE, los consejos de Dirección diseñaron estas “estrategias masivas de financiación irregular a costa de pequeños ahorradores, clientes fieles y confiados de toda la vida, sabiendo de antemano que suscribirían los productos en atención a esa confianza y sabiendo las entidades, en este caso Caja España-Duero. que no cumplirían los requisitos de conveniencia e idoneidad que exige la Ley”.
Pese a ello, vendieron las preferentes y la deuda subordinada, “productos de alto riesgo financiero diseñados para profesionales”, en economías domésticas de pequeños ahorradores conservadores “en una intolerable acción perfectamente diseñada, ajena a los mínimos principios éticos y legales de buena práctica bancaria y de los derechos que amparan a los consumidores”.
Añade UCE que la “única” intención de la entidad fue “dar solvencia a su entidad y sanear su balance, cuando no podía acceder para su financiación a los mercados exteriores”. “Existen claros indicios de delito de estafa por el engaño flagrante a que se sometió a miles de perjudicados”, reza el comunicado.
En este sentido, la Unión de Consumidores agradeció la “profesionalidad, el esfuerzo, tenacidad y consideración” de la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, y confía en que la Fiscalía General del Estado “no impida su libre actuación en la investigación que está llevando a cabo”.
UCE consideró que “es la hora de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para investigar y dar cumplida respuesta a los perjudicados de este engaño masivo, sin precedentes en España y en el resto de la Comunidad Europea, que ni entienden ni pueden comprender como hoy no hay ningún culpable procesado y su dinero reembolsado sin más trámite”.
Junto con la acción del juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, comunicada esta misma semana, de abrir proceso contra los dirigentes de Bankia por la comisión de presuntos delito de estafa, publicidad engañosa, alteración del precio de las cosas y administración desleal, supone iniciar la persecución judicial y policial de las presuntas acciones delictivas cometidas por los órganos directivos y empleados de las cajas en la colocación masiva de productos financieros complejos “en un sector amplísimo de la población que no cumplía con las capacidades para comprender lo que estaban suscribiendo”. Para ello. “medió abuso de confianza en clientes fieles de las entidades beneficiadas”.
A juicio de la UCE, los consejos de Dirección diseñaron estas “estrategias masivas de financiación irregular a costa de pequeños ahorradores, clientes fieles y confiados de toda la vida, sabiendo de antemano que suscribirían los productos en atención a esa confianza y sabiendo las entidades, en este caso Caja España-Duero. que no cumplirían los requisitos de conveniencia e idoneidad que exige la Ley”.
Pese a ello, vendieron las preferentes y la deuda subordinada, “productos de alto riesgo financiero diseñados para profesionales”, en economías domésticas de pequeños ahorradores conservadores “en una intolerable acción perfectamente diseñada, ajena a los mínimos principios éticos y legales de buena práctica bancaria y de los derechos que amparan a los consumidores”.
Añade UCE que la “única” intención de la entidad fue “dar solvencia a su entidad y sanear su balance, cuando no podía acceder para su financiación a los mercados exteriores”. “Existen claros indicios de delito de estafa por el engaño flagrante a que se sometió a miles de perjudicados”, reza el comunicado.
En este sentido, la Unión de Consumidores agradeció la “profesionalidad, el esfuerzo, tenacidad y consideración” de la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, y confía en que la Fiscalía General del Estado “no impida su libre actuación en la investigación que está llevando a cabo”.
UCE consideró que “es la hora de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para investigar y dar cumplida respuesta a los perjudicados de este engaño masivo, sin precedentes en España y en el resto de la Comunidad Europea, que ni entienden ni pueden comprender como hoy no hay ningún culpable procesado y su dinero reembolsado sin más trámite”.
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