Preferentes con final civil
Día 24/06/2013 - 08.31h
Miles de castellano y leoneses acusan de «engaño» a las entidades financieras por vender un producto de alto riesgo entre clientes conservadores
Las participaciones preferentes
son ya un concepto plenamente incorporado al vocabulario popular que la
crisis continúa tiñendo de economía. El drama que viven miles de
castellano y leoneses -sólo 15.800 atrapados en Banco Ceiss y otros
13.000 en Bankia, a los que hay que sumar los de Liberbank, Caixa
Cataluña, Caixa Galicia, NovaCaixa, Banca Cívica...- está ligado a un
producto financiero complejo que el sistema de ahorro comercializó sin
problemas entre grandes inversores y particulares. El «negocio» brilló
hasta que las cajas «saltaron por los aires» y dejaron en suspenso los
ahorros de los ciudadanos convertidos en «recursos propios» de entidades
al borde de la quiebra.
En las emisiones públicas de las preferentes ya se
explicaban «las sombras» que escondían unos intereses superiores a los
de los depósitos a plazo fijo del momento: «El adjetivo preferente no
otorga a sus titulares la condición de acreedores privilegiados. Al
contrario, las participaciones están por detrás de todos los acreedores
del emisor, incluso detrás de las obligaciones subordinadas». Además,
las preferentes, que sólo tienen «preferencia» respecto a los
accionistas, ofrecían una remuneración que no se considera un dividendo,
sino un tipo de interés, cuyo pago está condicionado «a que la entidad
consiga beneficios». En supuestos «extremos de insuficiencia
patrimonial» de la entidad emisora, ésta podría «liquidar la emisión por
un valor inferior al nominal de las participaciones, con la
consiguiente pérdida para sus titulares del principal invertido». Y lo
que es más grave, es una compra «a perpetuidad» con su venta limitada a un mercado secundario oficial que se derrumbó «de la noche a la mañana».
Los espectaculares resultados de las cajas impidieron a
muchas personas contemplar siquiera esa posibilidad «extrema» de que se
dejaran de pagar los intereses, como tampoco se consideró la opción de
que el mercado de preferentes se cerrase a cal y canto sin opciones de
venta ni de liquidez. Entre enero de 1998 y diciembre de 2012 se
emitieron en España 115.283 millones de euros, de los que quedan vivos
5.629.
Por el camino, una huida hacia adelante de las cajas en su
expansión hasta copar el 50% de la cuota de mercado bancario,
necesitadas de capital para su sostén. El «crack» de 2008 arrasó
el escenario bucólico y la sequía financiera unida a la caída de la
economía empujaron a las entidades a volcarse en captar «para la causa»
los ahorros de sus clientes. Fue la «guerra» de los intereses, con tipos
de hasta el 8%. No duró mucho. Las cuentas de resultados hicieron aguas
y, sin beneficios, los preferentistas dejaron de cobrar.
La batalla de los afectados
Arranca así la batalla de los afectados por las
preferentes. Los primeros en sufrir el envite fueron los clientes de las
cajas nacionalizadas, que tras el rescate bancario vieron cómo de la
mano de la Unión Europea se
ordenaban quitas del 43% en Novagalicia Banco, del 61% en Catalunya
Caixa, del 90% en Banco Valencia y del 38% de media en Bankia. La
obligación al canje por acciones supuso un recorte adicional, «letal» en
el caso del gigante originado en torno a Caja Madrid, donde la
cotización en Bolsa cayó al mínimo posible.
Las entidades intervenidas tienen la opción del arbitraje,
una forma más rápida de recuperar el dinero y evitar el colapso judicial
impulsada por el Gobierno y que tiene como fecha tope el 30 de junio,
sin que en ningún caso suponga la paralización del canje por acciones o
la recuperación de la quita. En Castilla y León más del 65% de los
afectados de Bankia
han solicitado ya el arbitraje (8.690 clientes). Entre ellos se
encuentran los antiguos clientes de Caja Segovia, que emitió 62 millones
de euros en 2006. Hasta el momento se han dictado ya 120 laudos
favorables a los clientes y les han hecho el ingreso en sus cuentas,
conscientes de que el resultado del arbitraje implica la renuncia a la
vía judicial.
Otros como Banca Cívica (de la que forma parte Caja de
Burgos) ofrecieron el canje con una emisión por importe de 904 millones
de obligaciones convertibles o canjeables en acciones de Banca Cívica y,
por ende, de Caixabank en 2018. Para asociaciones de consumidores como
Adicae, «otra trampa».
Peor suerte aún corren los preferentistas del Banco Ceiss,
que en febrero conocieron que no habría intereses ante la previsión de
unas pérdidas de casi 2.000 millones de euros. A estas alturas,
organizados en distintas plataformas coordinadas entre sí, hacen frente a
450 millones de participaciones. En el caso de Caja España, con una
media de «inversión» de 26.000 euros fruto de tres emisiones, una en
2004 con intereses entre el 3 y el 5% y dos en 2009 considerablemente
mejores, con tipos de hasta el 8,5%. De Caja Duero se arrastran parte de
las emisiones de 2003 y las de 2009, por valor de 100 millones.
La quita para la caja regional se sitúa entre el 67% de la
serie C de 2004 y el 24,9% de la serie I de 2009, en función de su fecha
de vencimiento. Las preferentes pasarán a convertirse en bonos
convertibles -los conocidos «cocos»- del Banco Ceiss en 2015 y para
entonces las esperanzas están puestas en la compra de la entidad por
Unicaja.
Movilización
Las plataformas de afectados más potentes son las de León y Zamora,
aunque también están presentes en Valladolid, Palencia, Soria y
Salamanca. En colaboración con asociaciones de consumidores y con el
asesoramiento de distintos bufetes de abogados -con los que se han
cerrado precios asequibles-, diseñan la estrategia con la que recuperar
su dinero y salen a la calle para dar presencia a su reclamación.
Alertan a los afectados de la proliferación de letrados que pretenden
pescar en río revuelto. «Ya estamos escarmentados», reconoce el
presidente de la plataforma leonesa, Basilio Garmón, que encabeza la
delegación que se ha reunido con «todo el mundo» para recabar apoyos y
organizar lugares de información para los afectados. El principal, el de
la Fiscalía Superior de Castilla y León. Su responsable, Manuel Martín-Granizo, se comprometió a estudiar la situación. De los políticos, aseguran, sólo han recibido «buenas palabras».
No obstante, la plataforma ha recibido esta semana un nuevo
varapalo. Desde los Juzgados de León les han trasladaron que no tienen
capacidad material ni de personal para asumir las demandas por
preferentes del Banco Ceiss. Calculan que los afectados tarden hasta
cuatro años en tener sentencia, publicó «La Crónica de León».
Su defensa se basa en la teoría del engaño masivo, de la
estafa. «Es flagrante en el caso de la emisión de 2009, porque ellos ya
sabían que la caja estaba en quiebra», lamenta Garmón, que repite una y
otra vez que nadie es tan ambicioso como para invertir su dinero con los
riesgos que implican las preferentes y que, aunque hay de todo, el
perfil de los afectados responde a mayores de 60 años sin formación. Los
dramas esconden, según los afectados, mentiras del personal de
confianza de sus entidades habituales. «Los que idearon todo esto se
encomendaron a todos los santos para que no pasara nada y así estamos»,
critica Garmón. Su primer paso serán las denuncias civiles porque lo
prioritario es recuperar el dinero cuanto antes, pero no olvidan las
acciones penales para exigir responsabilidades. El camino recorrido en
Zamora es paralelo. Se sienten solos, aunque cada vez son más. En León,
más de 3.000; en Zamora, 800; y en Burgos y Palencia, más de 500.
El portavoz de los zamoranos, José Luis Redondo,
se ha propuesto terminar de recoger documentación en julio para poder
presentar las demandas conjuntas, para que aquellos con cantidades
pequeñas puedan tener opciones en un proceso judicial. Redondo está
acostumbrado a recibir consultas de afectados por las preferentes de
Bankia, de Caixa Nova... «No somos un despecho de abogados, pero los
ayudamos y los remitimos a Madrid o a la sede principal, donde se
concentran las reclamaciones».
FUENTE: www.abc.es
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