Abren diligencias por presunta estafa en la venta de preferentes de Bankia
Día 17/05/2013 - 07.52h
La Audiencia Nacional pide a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la imputación de sus directivos, junto a los responsables de la CNMV y el Banco de España
La Audiencia Nacional está a un paso de abrir el primer
gran frente judicial por la venta de participaciones preferentes por
parte de la entidades financieras españolas. En este caso, en su punto
de mira están Bankia, su matriz -el Banco Financiero de Ahorros (BFA)- y
sus principales socias -Caja Madrid y Bancaja-, a raíz de la presunta
estafa que habrían cometido antes de su nacionalización con la polémica
comercialización de ese tipo de productos que algunos han tachado ya de
“activos tóxicos”. En juego está la posible recuperación de las
cantidades empleadas en esos instrumentos, sin tener que pasar por la
quita (de entre el 40% y el 70% de las inversiones de los afectados) que
establece el proceso de arbitraje ya puesto en marcha por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4,
Fernando Andreu, ya ha abierto diligencias a raíz de sendas querellas
interpuestas por el partido Unión Progreso y Democracia, el colectivo
‘#15mPaRato’ y un grupo de accionistas minoritarios de Bankia. No
obstante, antes de empezar a instruir el caso ha pedido a la Fiscalía
Anticorrupción que se pronuncie sobre si los hechos relatados en dichos
escritos –en esencia, la venta de preferentes a través de procedimientos
que podrían resultar irregulares, faltos de información e incluyo
rayando la figura del engaño- revisten apariencia delictiva y, debido a
la responsabilidad en su realización, existen elementos para imputar a
los querellados.
Y es precisamente en este punto donde se amplía, y mucho,
la lista de posibles imputados, empezando por los responsables de los
folletos en que se basaron las emisiones de las polémicas preferentes,
realizadas desde las filiales Caja Madrid Finance Preferred y Bancaja
Eurocapital Finance. Igualmente, en las querellas –pendiente de la
decisión que tome el juez tras conocer el criterio del Ministerio
Público- se acusa de los delitos de estafa, estafa de inversores,
apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o
desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas a "todos los
consejeros y directivos de las anteriores entidades que hubieran
intervenido, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y
comercialización de las participaciones preferentes y otros instrumentos
híbridos".
Los expresidentes de Caja Madrid -Miguel Blesa-, Bancaja
–José Luis Olivas- y Bankia –Rodrigo Rato- aparecen al frente de ese
grupo, de modo que podrían terminar como imputados en dos casos ante el
mismo juez (Andreu) y por operaciones también de la misma entidad
(Bankia), dado que desde hace meses están acusados –y ya han declarado
por ello- por un presunto fraude en la salida a Bolsa y posterior caída
en quiebra del citado banco, que ha tenido que recibir hasta 22.000
millones de euros en ayudas públicas desde entonces. Entre los
exconsejeros afectados figura también el expresidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán (en prisión desde diciembre por la supuesta estafa
de Viajes Marsans), junto a los exdirigentes de PP y PSOE, Jesús
Pedroche y Virgilio Zapatero, respectivamente.
Banco de España y CNMV
La novedad es que también aparecen como querellados –y, por
tanto, podrían ser citados como imputados- quienes, cuando se inició la
comercialización de las preferentes, eran los máximos responsables de
los dos órganos públicos que debían haber velado por que todo el
procedimiento fuera legal y transparente: el exgobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el ex presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura. El
principal motivo de su inclusión, señalado por los propios querellantes,
es que se declare en su momento la responsabilidad civil del Estado por
la falta de diligencia y “permisividad “ de aquellos, al no actuar
hasta tiempo después de conocer lo que estaba pasando, e incluso dar su
‘visto bueno’ a parte de esas “malas prácticas”.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya
anunció a mediados de abril que Anticorrupción iba a investigar esos
hechos, aunque entonces no disponía de las querellas referidas, donde se
sostiene que la comercialización de las preferentes no fue algo
“puntual y fortuito”, sino que se trató de la ejecución “sistemática y
deliberada” de un plan “preconcebido por los órganos rectores de las
cajas de ahorros y sus sucesoras para financiarse a costa de sus
clientes minoristas". El motivo de su decisión fue un informe de la
CNMV, donde el regulador del mercado reconoce que a través de dichos
productos las entidades que forman Bankia causaron un perjuicio de hasta
240 millones de euros a cerca de 60.000 clientes, saltándose la
normativa vigente –los colocaron “a precios significativamente alejados
de su valor razonable”-, lo que podría desembocar en una sanción
millonaria para dichas sociedades.
FUENTE: www.abcdesevilla.es
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