martes, 7 de mayo de 2013

La Fiscalía de Valladolid ve posible estafa de Caja Duero-España en la emisión de preferentes
 
La fiscal jefe considera que el valor nominal de salida en la emisión de acciones preferentes por parte de las dos antiguas entidades de ahorro, entre 2003 y 2009, es “superior al de mercado”
 
La UCE de Castilla y León presentó un escrito denunciando que había, por lo menos, 25 casos que pudieran ser constitutivos de un delito de estafa

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Sede central de la antigua Caja España, en León.
La Fiscalía de Valladolid ha empezado a moverse por las acciones preferentes. Si hasta ahora sólo había intentos de denuncias y pretensiones de abrir diligencias, la Fiscalía de Valladolid ha sido la primera en tomar cartas en el asunto. Así, según han confirmado a La Meseta fuentes judiciales, la fiscal jefe vallisoletana considera que el valor nominal, de salida, en la emisión de acciones preferentes por parte de Caja España y Caja Duero, entre 2003 y 2009, es “superior al de mercado”.
Por ello, y tras un escrito de denuncia que presentó el 16 de abril la Unión de Consumidores (UCE), la Fiscalía considera que hay, por lo menos 25 casos que podrían ser constitutivos de un delito de estafa.
Esta medida judicial ha sido confirmada por el propio presidente de UCE en Castilla y León, Prudencio Prieto, quien a la vista de esta respuesta judicial se van a presentar denuncias en todas las provincias de esta región.
El auto de la Fiscalía considera que los ahorradores afectados tienen un “perfil de riesgo conservador en tanto que, en algunos casos, han adquirido preferentes como sustitutivos de plazos fijos” y que siempre se movieron por la “confianza que habían depositado” en las dos cajas de ahorro durante los años en los que tuvieron dinero depositado allí.
El escrito de la fiscal jefe de Valladolid también reconoce que los compradores de las preferentes no tuvieron información adecuada de los posibles riegos del producto que contrataron pues “en algunos casos, el contrato no estaba firmado, en otros se ha hecho constar que puede disponer del dinero cuando quiera o en el plazo de cinco días o que funcionaban como bonos del Estado”.
El escrito es crítico con la falta de información por parte de Caja España y de Caja Duero, algo, que en opinión de la fiscal jefe, creó “error en el consentimiento de los adquirientes de participaciones preferentes” al entender que se trataba de un producto similar al plazo fijo con mayor retribución.
Así, para la Fiscalía de Valladolid, los clientes afectados sufren un innegable perjuicio “en tanto que no pueden disponer del dinero y tienen suspendido el pago de intereses por la situación económica del Banco Ceiss”.
 

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