La supuesta imparcialidad del fiscal general
luis segovia lópez
18.02.2014 | 21:45
Si el Ministerio Fiscal debe actuar bajo los principios de
legalidad e imparcialidad, velando por la independencia de los jueces y
tribunales, y ejercitando las acciones penales y civiles de delitos y
faltas. Sin embargo, por el sistema de nombramientos, por la posibilidad
de que el gobierno inste el interés del ministerio fiscal en una
actuación concreta, por la llamada jerarquía del ministerio fiscal y
especialmente, porque algún fiscal general se ha comportado más como
ideólogo partidista que como jefe imparcial de la fiscalía, está dando
lugar a un grave deterioro y correspondiente desprestigio de esa
institución. El actual fiscal general del estado Torres-Dulce, se
manifiesta muchas veces de una manera muy sesgada en asuntos muy
importantes de política criminal con intervención personal.
Lo
primero que hizo tras su nombramiento, fue ordenar que se abrieran
diligencias por la fiscalía de Madrid para que se investiguen los restos
ferroviarios de los atentados del 11-M, encontrados en una empresa de
Madrid. Admitió que su decisión se basaba en una información
periodística, asegurando que tomaba la decisión sin pedir informes
policiales y que podía haber un delito de «obstrucción a la justicia».
Como se le hizo ver que ese delito en todo caso, habría prescrito, y que
ya varios jueces habían rechazado reabrir el caso, rectificó diciendo
que era una pre-instrucción, como una investigación genérica porque no
se sabía si había delito. Todo lo cual está prohibido por el
ordenamiento jurídico español.
Se ha opuesto a la concesión del indulto al juez Garzón (cuyo expediente se extravió durante dieciséis meses) por considerar que «no se dan las exigencias previstas por la Ley» para otorgar la medida de gracia, pues el mayor delito que puede cometer un juez es el de la prevaricación por vulnerar frontalmente el derecho de defensa. Olvida el fiscal que en el acto del juicio contra el juez Garzón, los fiscales del caso se opusieron a su condena solicitando su absolución, por lo que ha ido contra el principio de unidad de la fiscalía.
No se recurrió por la fiscalía ante el Tribunal Supremo, la sentencia absolutoria de un jurado a Francisco Camps y Ricardo Costa por el Caso Gürtel, cuando las dos fiscales de la acusación por anticorrupción solicitaron las penas correspondientes, y con un veredicto del jurado en que decía que los trajes se habían pagado al sastre, cuando no sólo no hubo ninguna prueba de ello, sino que ninguna de las partes alegó dicho pago al sastre.
Un asunto muy
grave fue el de dar instrucciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional
para que cambiara de criterio y acusara de colaboración con ETA al ex
jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector
José María Ballesteros en relación con el caso Faisán. Para ello ha
impuesto su jerarquía estatutaria contra el criterio de la Fiscalía de
la Audiencia Nacional, que se inclinaba por imputar a los dos agentes
únicamente un delito de revelación de secretos, que es por lo que en
definitiva ha condenado la Audiencia nacional como pronosticaban
relevantes juristas. Siendo increíble que un continuo y amenazado
luchador contra la banda terrorista ETA, como era Enrique Pamiés, pueda
ser acusado de colaborador de terroristas.
Torres-Dulce movilizó a
los fiscales jefes contra los escraches a los políticos para que le
informaran de todos los supuestos y de estudiar la posibilidad de acusar
como delito de coacciones, y así se hizo, solicitando la condena en los
escraches a los políticos, con el resultado de haber sido rechazados
por los juzgados penales y confirmado por una reciente sentencia de la
Audiencia nacional.
Por último, ha tenido un enfrentamiento con la Junta de fiscales del Tribunal Constitucional. El asunto deriva de la fiscalía del citado tribunal, que defendió la necesidad de que el Constitucional se pronunciara sobre el deber de los jueces españoles de investigar las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, puesto que los tribunales estaban dando respuestas «dispersas, con argumentaciones no pocas veces contradictorias y sin ajustarse a unos mínimos parámetros interpretativos» sobre un tema de «relevancia jurídica y social». Pero el fiscal general ordenó que se desistiera del recurso presentado para lograr una doctrina sobre las víctimas del franquismo. Y además, impuso que todos los casos que entraran en el Constitucional y que tuvieran que ver con el franquismo o la memoria histórica, fueran supervisados por una persona de su confianza, el teniente fiscal, Anselmo Sánchez Tembleque. Y con la orden llegó la revuelta. Los fiscales del Constitucional convocaron una junta asistiendo el fiscal general del Estado. Varios fiscales reprocharon al fiscal general su injerencia y le recordaron que las normas de reparto han de ser dictadas por la propia junta de fiscales y que entre sus atribuciones no está la de asignar el trabajo de supervisión a un fiscal en concreto, ya que esta depende de la materia que traten. Torres-Dulce acabó reculando en su intención, pero en todos los asuntos referidos a la memoria histórica, se opondrá el ministerio fiscal a que sean debatidos en el Constitucional. Por ello se puede decir que Torres-Dulce ha dado «el tiro de gracia» a la investigación de las víctimas del franquismo.
FUENTE: www.diarioinformacion.com
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