Los preferentistas insisten en que habrá acuerdos al finalizar el canje
El nuevo plazo de tres días de Unicaja para los bonistas de Ceiss concluye mañana.
María J. Muñiz | León 03/02/2014
Imagen corporativa de Caja España DL
El
acuerdo alcanzado por Unicaja Banco y Banco Ceiss junto con el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contempla la posibilidad de
llegar a acuerdos extrajudiciales y de comprar los productos híbridos a
los bonistas más allá del nuevo plazo dado por la entidad malagueña para
acudir al canje de híbridos de la antigua Caja España-Duero, que
termina mañana martes. Así lo asegura el presidente de la Plataforma de
Afectados por las Preferentes de Ceiss de León, Basilio Garmón, que
advierte de que fue precisamente que se explicitaran estas condiciones
antes de tiempo lo que desató el conflicto por el Hecho Relevante que
Ceiss envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado
martes, y que luego fue retirado.
Un acuerdo que establece que el FROB adquirirá las acciones o bonos
de Ceiss de los inversores a los que la justicia les haya dado la razón
en sus demandas de comercialización inadecuada; pero también a aquellos
que «hayan demandado a Ceiss y hayan alcanzado con la entidad un
acuerdo»; o bien se haya sometido el caso a un «artibraje de derecho».
El compromiso permitiría a Banco Ceiss alcanzar «acuerdos
transacionales» y someter «la cuestión al arbitraje en los términos que
estime conveniente»; y la entidad tendría que acompañarlos de un informe
en el que se establezcan las «nulas o escassa» posibilidades de obtener
un pronunciamiento judical o arbitral favorable.
Además, en un comunicado hecho público ayer, la plataforma califica
de «calvario» el «engaño» que sufren por parte de la entidad; un «enfado
que crece al ver la cantidad de ilegalidades que están cometiendo».
Los afectados lamentan la confusión generada por las condiciones de
canje incluso entre los empleados de la entidad financiera, que no ha
hecho sino trasladarse a «personas sin conocimientos bancarios con unos
documentos que atentan contra los derechos de los consumidores de ser
convenientemente informados de una manera sencilla y comprensible».
FUENTE: www.diariodeleon.es
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