65 millones de quebranto a Caja España Duero en 29 operaciones 'dudosas'
IU
y Ecologistas piden una comisión que depure responsabilidades políticas
sobre la presunta concesión de auto créditos a ex directivos
leonoticias.com 10/10/2013
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Las diligencias previas del Juzgado de Instrucción Número 5 de León, a
instancias de la fiscalía, han determinado a través de una evaluación
judicial que el quebranto económico que causaron 29 operaciones
relacionadas con exdirectivos de Caja España y Caja Duero, luego Banco
Ceiss, alcanza la cifra de 65 millones de euros para los depositarios de
dinero. Así lo puso de manifiesto hoy el letrado de Izquierda Unida de
Castilla y León, Gorka Esparza, que compareció para presentar la
personación como acusación popular en el proceso junto al coordinador
regional, José María González, y Javier Gutiérrez, portavoz de
Ecologistas en Acción.
“Este el perjuicio como mínimo que
indiciariamente, a través de una documentación estudiada por el Banco de
España a petición de la fiscalía, se causó a los depositantes de las
cajas de ahorro y el conjunto de la ciudadanía. Todo ello a través de
presuntas operaciones de riesgo, sin garantías o cautelas y finalmente
ruinosas, ya que no fueron supervisadas y nadie quiso poner orden”,
explicó el abogado de Izquierda Unida.
A su vez, consideró que
Ceiss, banco resultante de la fusión de Caja España y Caja Duero, debe
aclarar “quién voto cada cosa en los consejos de administración y su
responsabilidad directiva sin escurrir el bulto, analizándose después
una a una las operaciones desde el Banco de España, junto a la
información que se dio desde los analistas de riesgos de las entidades
de ahorro”. Igualmente, Esparza sostuvo que si el Banco de España
hubiera efectuado “una diligencia previa, y no después a raíz de una
denuncia, quizás no se estaría en esta situación”, además de explicar
que no se sabe si las operaciones de crédito aludidas “fueron
supervisadas por los analistas de riesgo de las cajas, siendo
escandaloso que no fuera así”.
Por su parte, el coordinador
regional de IU, José María González, recordó que ahora hace dos años
realizó una pregunta a la Junta en las Cortes para interesarse “sobre la
posibilidad de que hubiera un aprovechamiento de dirigentes de cajas de
ahorro que fueron nombrados por el poder político mayoritario”. En este
sentido recordó que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
dijo que si el dirigente de IU tenía indicios de “abusos e ilegalidades”
que le “acompañaría” al juzgado a denunciarlas.
“Tuvo que ser yo
solo quien acudiera a la fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) en Burgos para presentar esas denuncias sobre un presunto
aprovechamiento indebido de poder en las cajas en beneficio propio”,
apuntó González. Al respecto añadió su agradecimiento a Ecologistas en
Acción para impulsar de forma conjunta un frente social y político que
pueda “defender la legalidad y los intereses de Castilla y León,
tratando de llegar al final de un recorrido para que paguen los ladrones
de cuello blanco y devuelvan lo que se llevaron de forma ilegítima”.
Un instante de la rueda de prensa de este jueves. (Foto: Miriam Chacón)
Responsabilidades políticas
Por
ello, el coordinador de IU pidió que tanto PP como PSOE den pasos
adelante “y tomen decisiones que lleven aparejada la máxima
transparencia y si “existen responsabilidades políticas que se asuman”
por parte de quienes permitieron que existieran “concesiones de
autocréditos” a exdirectivos de Caja España-Duero.
“Parece claro
que estas operaciones tuvieron el aval de la Junta y que no se protegió
el ahorro de los castellanos y leoneses como recogían los estatutos de
las entidades de ahorro de la Comunidad”, indicó. Asimismo, afirmó que
el expresidente de Caja España, Santos Llamas, imputado en el proceso,
“se pasea habiéndose beneficiado de millones de euros en créditos
mientras hubo ciudadanos que, por no poder afrontar el pago de las
hipotecas con la entidad, fueron desahuciados de sus viviendas y han
tenido que recurrir a sus familiares”.
Por ello, el dirigente de
IU afirmó que la mejor “vía de acción” pasa por insistir de nuevo en que
se cree una comisión de investigación en las Cortes para que PP y PSOE
tomen “decisiones de máxima transparencia y abrir ventanas” y que en
primera instancia se puedan asumir “responsabilidades políticas y que
luego se vea si las hay también judiciales”. En este sentido, afirmó que
otro tipo de actuaciones “solo provocan que se den saltos al vacío ante
una situación en la que miles de ciudadanos están sufriendo decisiones
políticas negativas en el ámbito financiero, tomadas para beneficiar a
los que más tienen y que han perjudicado a miles de ciudadanos”.
Mientras
tanto, Javier Gutiérrez, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla y
León, anunció que el colectivo que representa también ha decidido
personarse junto a la formación política como acusación popular frente
la “desmesura brutal” que, en su opinión, ha supuesto que en las cajas
de la Comunidad existiera “un sistema financiero pleno de opacidad y de
connivencia con sectores como el de la construcción que han causado un
claro perjuicio a los depositantes”.
Gutiérrez dijo que se pensó
en llevar a cabo un frente social “y que luego hablasen quienes tenían
presencia en las cajas con nombramientos de consejeros como PP, y PSOE,
que no lo han hecho”. A su vez, denunció que cuando se concedía un
crédito a particulares se exigían y cumplían todas las garantías
jurídicas necesarias, “pero eso no pasaba con algunas empresas
promotoras de operaciones inmobiliaria y ahora se trata de que se aclare
si hay responsabilidad judicial para así satisfacer a los ciudadanos”,
arguyó.
Muro infranqueable
El
abogado de Izquierda Unida, Gorka Esparza, añadió que pese a la
representatividad de esta formación política en las Cortes “siempre hubo
un muro infranqueable y de falta de información”, mientras los que
disponían de ella o tenían algún mecanismo de actuación frente a la
gestión que se realizaba en Caja España-Duero “no ponían orden en el
funcionamiento que se estaba produciendo en el entonces sector semi
público financiero”, denunció.
El letrado criticó igualmente que
desde las cajas de ahorro que luego dieron lugar al Banco Ceiss se
autorizaran operaciones con empresas constructoras que “se sabía eran
morosas y de dudosa solvencia”. Al respecto, consideró que hubo
administradores de las cajas que “se auto concedían créditos de los que
la Consejería de Hacienda de la Junta debería haber tenido conocimiento y
aquí los cargos públicos debieron ser diligentes y escrupulosos”.
Igualmente,
Esparza sostuvo que si el Banco de España hubiera actuado de forma
previa con la realización de diligencias “quizás no se estaría en esta
situación” y explicó que no se desconocer si las operaciones de crédito
aludidas “fueron supervisadas por los analistas de riesgo de las cajas,
siendo escandaloso que no lo hubieran hecho”. El abogado resumió que lo
que Izquierda Unida y Ecologistas pretenden como acusación popular es
que se determine si hubo “un delito que cometieron los administradores,
bien de derecho o bien de hecho, llevando a cabo actividades en
beneficio propio o de un tercero cercano, por ejemplo empresas en las
que participan, causando un perjuicio a los socios de la entidad que
administran”.
FUENTE: www.leonoticias.com
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