Cantabria habilitará un juzgado especial para evitar el colapso por las preferentes
Estará a cargo de la jueza de
adscripción territorial Cristina Roiz, de un secretario judicial y de
cuatro funcionarios que designará el Ejecutivo
10.07.13 - SANTANDER
La avalancha de demandas de afectados por participaciones
preferentes amenaza con colapsar los órganos judiciales de Santander.
Para evitarlo, el Gobierno regional y el Consejo General del Poder
Judicial han diseñado un plan que favorezca la tramitación ágil y
ordenada de todos estos casos. Consiste en la apertura de un ‘juzgado
bis’ o de refuerzo, adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 7,
dotado con una jueza, un secretario judicial y al menos cuatro
funcionarios, que quitarán carga de trabajo a los jueces que resuelven
estas demandas.
De este modo se atiende la solicitud formulada por el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa,
y el juez decano de Santander, José Arsuaga, que el pasado mes de
junio, en declaraciones a este periódico, alertaban sobre la necesidad
de tomar medidas antes de que fuera demasiado tarde. «Queremos poner la
venda antes de la herida», decía gráficamente Arsuaga entonces.
Su preocupación era fundada. En los seis primeros meses del
año han entrado en los nueve juzgados civiles de Santander 313 demandas
de preferentes, lo que equivale a 35 procedimientos nuevos por juez.
«Si tenemos en cuenta que cada magistrado dicta una media de 30
sentencias al mes, eso significa que tendremos que dedicar un mes
completo a las preferentes, lo que ralentizará la tramitación y
resolución de todos los asuntos», se quejaba el decano.
Entre las medidas planteadas por las autoridades judiciales
estaba la apertura de un ‘juzgado bis’ que centralizara la tramitación
de todos los procedimientos de preferentes, al modo y manera que ya se
ha hecho en otras comunidades autónomas con gran volumen de
preferentistas, como Galicia.
Al frente del juzgado paralelo se situará la juez de
Adscripción Territorial dependiente del TSJC, Cristina Roiz. Esta
magistrada, juez de carrera adscrita al Tribunal Superior desde marzo de
2011 con la función de cubrir vacantes de larga duración, ausencias
temporales de un titular o llevar a cabo funciones de refuerzo, ha
pasado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Santoña, el Juzgado de lo Mercantil y el de Primera Instancia e
Instrucción de Laredo, su último destino. Además, el Ministerio de
Justicia ha hecho un ofrecimiento a los secretarios judiciales titulares
por si alguno de ellos está interesado en asumir también las
competencias del ‘juzgado bis’. De lo contrario, Justicia, de quien
dependen estos funcionarios, nombrará a un secretario judicial.
Pero la mayor parte del esfuerzo económico recaerá sobre la
Administración regional, con competencias en personal y medios
materiales. Será la Consejería de Presidencia y Justicia la que dotará
al nuevo órgano judicial de al menos cuatro funcionarios (un gestor y
tres tramitadores), según ha podido saber este periódico, que
centralizarán el papeleo que generan las demandas relacionadas con las
preferentes en Santander. Tendrá que dotar también al nuevo Juzgado de
los medios necesarios para su funcionamiento. Con todo, el principal
problema es buscar una ubicación al nuevo órgano judicial, porque el
complejo de Las Salesas está saturado. Desde el Gobierno se guarda
absoluto mutismo en torno al asunto, porque la iniciativa será
presentada en breve en un acto, en el que está prevista la presencia del
jefe del Ejecutivo, Ignacio Diego, y el presidente del TSJC, César
Tolosa.
Santander concentra el mayor número de afectados por las
preferentes, la mayor parte en Liberbank, la antigua Caja Cantabria.
Hasta el pasado mes de abril, los juzgados civiles registraron un
crecimiento sostenido de demandas derivadas de la comercialización de
este producto. Así, hasta abril se presentaron 60 procedimientos de
preferentes, pero en junio la cifra se disparó de forma alarmante hasta
alcanzar las 95. En mayo sumaron 87, pero sólo en los primeros 19 días
de junio las causas se elevaron ya a 71, una dinámica imparable que
amenaza con bloquear los juzgados civiles.
Reunión
Esta mañana el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se
ha reunido con César Tosolosa, en un encuentro en el que ha estado
presente el director general de Justicia, Ángel Santiago.
Diego ha destacado el hecho de que Cantabria sea la primera
comunidad en habilitar un juzgado especial para atender a los afectados
por las participaciones preferentes, una iniciativa que es fruto –ha
dicho- de la “sensibilidad” que sobre este asunto comparten tanto el
Ejecutivo cántabro como el TSJC.
Según ha explicado, la puesta en marcha de este órgano
judicial servirá para, en primer lugar, dar una “respuesta rápida y
homogénea” a esta problemática social que en Cantabria afecta a cientos
de personas y, en segundo lugar, para evitar la dilación del resto de
procedimientos judiciales de los ciudadanos.
César Tolosa ha agradecido el esfuerzo del Gobierno
regional y, singularmente, de la Consejería de Presidencia y Justicia
que dirige Leticia Díaz por la sensibilidad demostrada ante este asunto.
FUENTE: www.eldiariomontanes.es
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