Los tribunales investigan al ‘músculo financiero’ de Castilla y León
La Fiscalía burgalesa traslada a los juzgados una denuncia para que
investiguen un delito de administración desleal o fraudulenta de los
directivos de la antigua Caja Burgos
Diversos juzgados españoles investigan a responsables de cinco cajas de ahorro, las que intentó unir la Junta de Castilla y León para crear una gran entidad de la región
En Caja España y en Caja Burgos, los presidentes se concedieron préstamos sin ninguna garantía, según los escritos de denuncia de IU y de UPyD
Diversos juzgados españoles investigan a responsables de cinco cajas de ahorro, las que intentó unir la Junta de Castilla y León para crear una gran entidad de la región
En Caja España y en Caja Burgos, los presidentes se concedieron préstamos sin ninguna garantía, según los escritos de denuncia de IU y de UPyD
Hace años, la Junta de Castilla y León, a través de
su consejero de Economía, Tomás Villanueva, descubrió una expresión:
“músculo financiero”. Eran mediados de la década de 2000, cuando desde
el Gobierno regional se ideó la fusión de las cajas de ahorro de esta
comunidad autónoma.
Se buscó unir a Caja Duero, Caja
España, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Burgos y Caja Círculo. Hoy todas
ellas ya no existen de forma individual y están integradas en entidades
más grandes o en vías de integración.
Ahora, menos de
cinco años después de aquel invento, las denuncias no han hecho más que
aflorar sospechas, dudas y una gestión económico-financiera que ha
dejado demasiadas lagunas, que se conocían pero que no se denunció.
Y lo último en conocerse es que la Fiscalía de Burgos ha trasladado a
los juzgados una denuncia de UPyD contra los directivos de la antigua
Caja de Burgos, hoy integrada en Caixa Bank, por un delito de
administración desleal o fraudulenta.
En este caso,
como en otros ocurridos en cajas de ahorro de Castilla y León, se
denuncian los préstamos que concedían las entidades a sus directivos. En
el caso de Caja Burgos, UPyD reveló que el anterior presidente, José
María Arribas, recibió 45 préstamos personales entre 2005 y 2010, por un
valor de 34 millones de euros. Estos créditos representaron el 93,86
por ciento de los que se dieron a miembros del Consejo de
Administración, según UPyD.
En la denuncia de este
partido se fue más allá al afirmar que los consejeros de Caja Burgos
recibieron retribuciones incompatibles con su cargo, entre el 14 de
febrero y el 15 de junio de 2011, durante el proceso de integración en
Banca Cívica.
Ahora, es la Fiscalía la que podría
haber visto indicios de delito al trasladar esa denuncia a los juzgados
de Burgos para que inicien las investigaciones oportunas.
Pero esta entidad no es la única que es investigada. Casualmente, ese
'modus operandi' –en términos policiales– de conceder préstamos al
presidente de la caja en condiciones ventajosas es el mismo que se
investiga en la antigua Caja España. Aquí, y debido a una denuncia
interpuesta por IU de Castilla y León, se analizan judicialmente una
veintena de operaciones de crédito que se dieron por el Consejo de
Administración de la caja radicada en León en las que no hubo garantías
y, además, se tramitaron como ordinarias cuando eran de riesgo.
En total, se habla de créditos por valor de 67 millones de euros que se
concedieron a empresas de Santos Llamas, un constructor leonés que,
casualmente, era el presidente de Caja España, entre julio de 2006 y
septiembre de 2010. Fue él uno de los interesados en lograr la fusión
con Caja Duero, con sede en Salamanca.
El presidente
de esta última caja, el neurólogo salmantino Julio Fermoso, y su
director general, Lucas Hernández, también son investigados por los
tribunales por operaciones que Caja Duero efectuó con la empresa de
construcción Nozar, entre 2007 y 2008, y que llevaron a una situación
financiera muy débil de la caja.
En otras
operaciones, está la compra a esa empresa de un edificio en Madrid, por
el que se pagaron 55,8 millones de euros, un precio que ahora, desde el
Banco Ceiss –que nació con la unión de Caja Duero y Caja España–, se
considera muy elevado, ya que se ha tasado en 15,8 millones. Al mismo
tiempo, la investigación también indaga en un crédito de 34,5 millones a
Luis Nozaleda, dueño de Nozar, avalado con la garantía de un paquete de
acciones de tres empresas en crisis (el balneario Aguas de Panticosa,
la chacinera Marcos Sotoserrano y la quesera Qualia Lácteos), que
acabaron en poder de la caja. Las dos operaciones suman más de 90
millones de euros y se firmaron meses antes de que la empresa presentara
concurso de acreedores.
Además, los presidentes de
Caja Ávila, Agustín González, y de Caja Segovia, Atilano Soto, están
imputados por el caso Bankia, en la Audiencia Nacional, tras otra
querella de UPyD contra 33 exmiembros del Consejo de Administración de
Bankia por la fusión y salida a Bolsa de la entidad, que posteriormente
tuvo que ser nacionalizada y recibió 22.424 millones en inyecciones de
capital y otro tanto en avales públicos.
Y el Juzgado
de Instrucción número 5 de Segovia también tiene imputados a todos los
consejeros del Consejo de Administración de Caja Segovia participantes
en una reunión mantenida, el 17 de julio de 2012, para aprobar la
operación para hipotecar un emblemático edificio de la capital
segoviana: el Torreón de Lozoya. Se les investiga por la supuesta
comisión de un delito societario.
La imputación se
basa en que el Consejo de Administración de Caja Segovia adoptó un
acuerdo para solicitar de Banco Financiero y de Ahorros un préstamo con
garantía hipotecaria por importe de 6.864.611 euros, que se concretó en
escritura pública otorgada ante un notario de Segovia. Entre los bienes
hipotecados en garantía del préstamo se encuentra el Torreón de Lozoya,
bien perteneciente a Caja Segovia y símbolo de la ciudad.
Mientras tanto, el músculo financiero ha desaparecido. Y miles de
trabajadores de las seis cajas de ahorro de Castilla y León están en el
paro.
FUENTE: www.eldiario.es
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